Iniciaremos un diálogo directo con los familiares de los policías retenidos ante la cerrazón del gobierno de Chiapas para atender la problemática que generó en la entidad

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Ciudad de México a 5 de agosto de 2019

A la opinión pública

El inicio de un diálogo directo con las familias de los policías que se encuentran en una de las comunidades organizadas en el FNLS tiene punto de partida ante la cerrazón del gobierno chiapaneco de atender una problemática social generada por su vocación profascista y naturaleza represiva. Es una muestra más de nuestra voluntad para resolver esta situación, la razón está de nuestro lado, no así de quienes dicen abanderar la “cuarta transformación” en el estado de Chiapas.

Somos una organización política de masas con presencia en varios estados del país, no un amontonamiento de egos e individualidades como de manera insistente se pretende hacer creer al pueblo, ante ello, la acción política de retener a los agentes del Estado fue en un acto de salvaguardad la integridad de las colectividades que se encontraban en ese volanteo carretero donde uno de los agentes policíacos intentó accionar su arma.

Fue el gobierno chipaneco quien inició este clima de inestabilidad, nosotros nos encontrábamos en una lucha permanente por despojarnos de las ataduras de la ignorancia, en un intento de acercarnos a la cultura y a la ciencia. Somos colectividades que bailan, cantan, practican teatro, ensaya poesía… y eso para el gobierno es sinónimo de delincuente.

Retener a los policías que no objetivaron sus órdenes criminales no es un acto de resentimiento social o personal sino político. Estaba en manos del gobierno dar solución, pero se dejó obcecar por la naturaleza reaccionaria de los principales funcionarios públicos, que hoy parece no importarles ni la integridad de sus propios agentes con tal de ver coronados sus ambiciones fascistoides.

Lo que se destaca tras los varios días de tensión en la región de Ocosingo es el plan represivo orquestado por el gobierno chiapaneco contra el conjunto del movimiento popular y el FNLS en particular, tiene por lo menos dos sexenios de gestarse este plan contrainsurgente, no importaría qué acciones tomara el pueblo, la vocación represiva no se contendría ante la organización de las masas empobrecidas.

La responsabilidad de todo este escenario es el gobierno de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón Cadenas y tanto es su sesgo represivo que independientemente de lo que hagamos como organización la ruta de criminalización, de incriminación no tiene freno. La decisión de entregar los policías a sus familias es un gesto de voluntad, misma que no garantiza que el gobierno desista y busque una solución dialogada.

Al ser un problema político originado por el gobierno estatal en contubernio con autoridades federales, no va a importar lo que digamos o hagamos, el intento de procesar a nuestros compañeros como delincuentes y criminales va a seguir su curso, por ello, no tenemos la mínima intención de perpetuar la angustia de los familiares de los policías ante la decisión de una salida violenta del gobierno estatal y federal.

No somos “delincuentes” o “vándalos” como insistentemente pretende imponer el encargado de la política interna del estado de Chiapas ante la difusión mediática, se hará entrega de los elementos policíacos a sus familiares a pesar de que intentaron atentar contra la vida de nuestros compañeros y generar más víctimas. En política nada es personal, son agentes de Estado, por lo tanto, su actuar se circunscribe en la política represiva del gobierno mexicano. No somos de la calaña de quienes gobiernan y se enquistan en las administraciones con actitudes camaleónicas.

Las imágenes difundidas por el gobierno estatal de los terrenos de la comunidad son la prueba irrefutable de que el espionaje con medios tecnológicos de contrainsurgencia es una realidad en Chiapas. Las acciones políticas de masas que realizamos son una medida de protección para detener la avanzada represiva, ésta es una actividad que el pueblo identifica como parte de los mecanismos para salvaguardar su integridad.

La esencia del fenómeno es política, por esa razón, nada va a cambiar la naturaleza profascista del fiscal José Luis Abarca Llaven, del secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, esta tercia de elementos hicieron su carrera política con el amparo de administraciones anteriores, por eso es una burda maniobra que hoy se presenten con el rostro que representa la “cuarta transformación”, que hoy digan que respetan los derechos humanos, cuando es una palabra que no existe en su acervo institucional, sólo conocen el vocablo represión y autoritarismo.

Las más 113 carpetas de investigación que tienen integradas es el síntoma de que no hay voluntad del gobierno para resolver el conflicto de otra manera más que la represión. No es el punto si están o no agentes policíacos en calidad de garantía para evitar una salida violenta, se trata del intento gubernamental de dar un escarmiento a todo el pueblo que se organiza fuera de todo marco corporativizante.

Es un absurdo sostener que el marco legal es la garantía para hacer la defensa de nuestro compañero detenido injustamente, porque es precisamente éste marco jurídico el que no fue respetado por las instancias policíacas, de lo contrario, ¿cómo nos explicamos que a la fecha no le quieren entregar las copias de la carpeta de investigación al asesor jurídico del compañero Javier?, ¿cómo explican que fueron sujetos de civil quienes efectuaron la detención? ¿por qué salen los nombres de empresarios y paramilitares durante el interrogatorio de tortura? ¿En qué centro de reclusión ilegal se le mantuvo por más de 25 horas incomunicado y con la negativa de otorgarle alimentos?

Brito Mazariego habla de que su gobierno respeta los derechos humanos, no obstante, revisemos el tiempo que tienen en la administración van más de 200 víctimas las que injustamente están presas como castigo jurídico, algunos presos en huelga de hambre sin tener un acercamiento de diálogo con las autoridades, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, esos acontecimientos son para él la aplicación del estado de derecho burgués.

Cuando habla dice que la ciudadanía pide se aplique el estado de derecho se refiere a los empresarios y un puñado de oligarcas, a los que la ley ampara y protege, a ese tipo de “ciudadanos” se refiere, y cuando el pueblo realiza actividades de protesta es tratado con la mano represiva de los funcionarios en turno y tachado como “delincuente”, “vándalo”, “pandillero” o “resentido social”.

En nuestro caso, ¿por qué guarda silencio ante la ejecución extrajudicial del compañero Mario Moreno López, ¿qué avances tiene respecto a la carpeta de investigación?, ¿por qué calla ante la tortura que sus agentes cometieron contra el compañero Javier?, cuestionamientos que no hace falta responder, por la vía de los hechos está demostrado que bajo el disfraz de la cuarta transformación cometen crímenes de lesa humanidad y de Estado, práctica de la que es corresponsable el partido político que les dio cobijo.

Es tanto el descaro del Secretario de Gobierno de Chiapas que se atreve a declarar ante medios de comunicación que nuestra organización se hace la víctima, pone en duda las graves violaciones a los derechos humanos de las que hemos sido objeto desde el año 2015, tiempo que el gobierno mexicano ejecutó una ofensiva represiva contra integrantes de nuestra organización.

Está claro que el Estado es el primer violador de su marco jurídico cuando se trata de hacer valer el interés empresarial, no les basta el hecho de que las leyes se encuentran en sintonía para castigar al pueblo, por ello, las organizaciones populares nos vemos en la necesidad de ejercer el derecho a la protesta porque la esencia de los problemas es eminentemente político.

Existe una serie de acontecimientos que son el indicativo de que el en Chiapas el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas tiene un plan premeditado de represión masiva y selectiva. El asesinato político del compañero Mario Moreno y la posterior detención desaparición forzada de Javier Gonzáles y su injusta reclusión es la prueba irrefutable de que el Estado prepara esta oleada represiva con mucha antelación.

El fenómeno está muy claro, se nos criminaliza por la lucha que desarrollamos fuera de los marcos corporativos del Estado, por desenmascarar la naturaleza represiva de los gobiernos que arropan bajo las siglas de la “transformación”; porque no quitamos el dedo del renglón en exigir juicio y castigo a los responsables del baño de sangre contra el pueblo; por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen, en particular de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; porque somos entes conscientes de la necesidad histórica de la superación cualitativa del régimen.

La decisión está en manos del gobierno de Chiapas y el federal, de continuar con la vocación fascistoide que los distingue hasta ahora, serán los responsables del posible baño de sangre contra las masas organizadas. Esta no es una conclusión fatídica, se desprende de la desproporcionalidad de la fuerza policíaca militar que se concentra en la región de Ocosingo, Chiapas.

Ante la cerrazón de diálogo del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas contactamos a los familiares para que juntos realicemos la CARAVANA CIVIL DE OBSERVACIÓN Y DE DERECHOS HUMANOS POR LA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN Y ALTO A LA REPRESIÓN el 7 de agosto del presente año a las 8 de la mañana, partirá de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas a la comunidad de Río Florido, donde invitamos a diversos organismos defensores de derechos humanos no gubernamentales y organizaciones populares para que sean testigos presenciales de este acto.

De lo que aquí se desprenda responsabilizamos al gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas, a su secretario de gobierno Ismael Brito Mazariego y a su fiscal José Luis Abarca Llaven. Si esa es la política del gobierno estatal, si su objetivo es la represión, y su meta es “acabar con el FNLS en Ocosingo, Chiapas” comprueba que no existe voluntad ni disposición política para solucionar las demandas del pueblo, en consecuencia, pedimos una audiencia con el C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador para tratar dos puntos concretos: la represión contra el FNLS y el problema de las desapariciones forzadas por motivos políticos.

De darse el baño de sangre en Chiapas los únicos responsables directas serían el gobierno estatal, el partido que lo abandera y finalmente la administración federal, ya sea por omisión o comisión. Luchar por la exigencia de nuestros derechos no es un asunto de capricho, es una necesidad política, por ello, no importa que el gobierno estatal haga efectiva su amenaza de detener a compañeros que participan en el FNLS, nuestra lucha va a continuar inexorablemente por la senda independiente. Somos los suficientes y debidamente conscientes para comprender que estamos frente a un gobierno represor, antipopular, profascista y pro oligarca.

Atentamente

¡Libertad inmediata de nuestro compañero Javier Gonzáles Díaz!
¡Cese a la represión contra el conjunto del movimiento popular!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo


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