Política dilatoria y oídos sordos en la nueva administración ante familiares de detenidos desaparecidos

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Ciudad de México a 10 de junio de 2019

A los medios de comunicación
A la opinión pública

La política dilatoria y de oídos sordos de sexenios anteriores fue la constante ante la exigencia presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen, hoy, ante la llegada de una nueva administración que no escatima recursos mediáticos y discursivos para aseverar que su actitud no será la misma, el resultado es que dejan varada una mesa de trabajo el pasado 5 de junio donde el gobierno federal estaría representado por el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez y una comisión de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

Es una actitud irresponsable que como encargados de coordinar los trabajos de esta reunión sean funcionarios menores ni siquiera están al tanto de nuestras demandas, porque como ya es sabido, desde el mes de febrero se hicieron llegar los temas a tratar a través de la oficina del Director de Atención y Estrategias para los Derechos Humanos Félix Santana.

No existe ninguna actitud adversa hacia cualquier funcionario de la administración actual, sin embargo, un caso de magnitud tal como la desaparición forzada de luchadores sociales, revolucionarios, activistas, entre otros debe ser atendido con la misma prestancia que merecen otros que mediáticamente parecen ser más redituables para el gobierno federal.

No pedimos que algún funcionario tome una herramienta y se ponga a buscar en cualquier paraje recóndito de la geografía mexicana, mucho menos que algún representante de un importante cargo se deslice de la silla para acompañar nuestras marchas, para nosotros está claro que hoy son gobierno, y como tal deben cumplir con las exigencias pendientes para con los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.

La actitud de dejar plantada a la comisión que esperaba un mínimo de respeto y el hostigamiento efectuado por elementos policíacos adjuntos a la oficina de la Secretaría de Gobernación denuncian que hay un trecho amplio que distingue entre lo discursivo y los hechos. Tal situación no sería una sorpresa, escenarios similares se debieron sortear en las administraciones priistas y panistas.

Distinguirse de sus antecesores no precisa de actitudes ostentosas que rayen en lo mediático, simplemente establecer la justicia mediante los acotados marcos del estado de derecho mexicano. Atender las conclusiones jurídicas y no interponer recursos de revisión son actos muy puntuales que evidenciarían una circunstancia distinta de otras administraciones.

La apelación de la sentencia final del juicio de amparo de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) indica que existen estructuras del Estado mexicano que actúan con total impunidad para extenderla a toda la cadena de mando. Argumentar que los juicios de la jueza no están debidamente “soportados” es una maniobra ruin para escamotear la justicia.

El recurso de revisión presentado por la SEDENA devela una actitud soez, prepotente y vulgar, porque intenta refutar cada uno de los puntos que emanan de la sentencia, situación que indica que la impunidad hacia los cuerpos castrenses quienes se encargaron de imponer el terror por largos 18 años.

¿Dónde estará el matiz de esta administración para con los casos del cometido de crímenes de lesa humanidad? ¿En qué consiste la retórica de que se respetarán todo fallo de organismos defensores de los derechos humanos sin excepción? Los hechos son concretos, no es intransigencia del movimiento popular, es una política de gobierno que cada vez se devela como transexenal.

El movimiento popular no pretende figurar como la piedrita del zapato del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se requieren acciones concretas de las instancias gubernamentales para que se empiece a observar una actitud distinta, de lo contrario, habrá miles de razones para retomar las calles con acciones políticas de masas.

«Ante la exigencia de los familiares de detenidos desaparecidos no puede haber actitudes omisas para atender a las víctimas del terrorismo de Estado. La jornada nacional de lucha PERDÓN ¡NUNCA! OLVIDO ¡JAMÁS! PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS arroja conclusiones de que el pueblo sabe de qué lado están los opresores, por ello la movilización será el crisol para la solución de las demandas más sentidas.»

La omisión y la dilación convierten al gobierno actual en corresponsable de las desapariciones forzadas realizadas en los sexenios pasados, porque como tales son crímenes imprescriptibles y la responsabilidad recae en el Ejecutivo federal del presente.

Los casos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Teodulfo Torres Soriano, Carlos René Román Salazar, Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez, son crímenes de Estado y de lesa humanidad que destacan entre los miles cometidos en el país por su trascendencia nacional e internacional, en el pueblo consciente no pueden pasar desapercibidos, por eso en las acciones políticas de masas, exigimos juicio y castigo a los perpetradores materiales e intelectuales.

El pueblo no puede perdonar a los responsables de la desaparición forzada, ni mucho menos olvidar a sus desaparecidos, ni tan siquiera puede pasar por el pensamiento de los padres, hermanos, amigos, compañeros de las víctimas del terrorismo de Estado, perdonar a los criminales de Estado. Olvidar un crimen que extenúa el horror que ya padecen millones de familias en todo el territorio nacional.
Diálogo respetuoso y sin condicionamientos, la mesura no debe confundirse con debilidad. La prudencia está del lado de las masas trabajadoras, pero eso no significa arriar la bandera de la lucha popular independiente.

Fraternalmente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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