La continuidad del terrorismo de Estado a través de distintas administraciones gubernamentales

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30 de mayo de 2018

A las víctimas del terrorismo de Estado
A las organizaciones populares e independientes
Al pueblo en general

La semana internacional del detenido desaparecido es una fecha que desde hace 37 años familiares, amigos y compañeros de lucha reivindican para recordar a todas las víctimas del execrable crimen de la desaparición forzada en toda Latinoamérica, quienes al grito ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! exigen justicia ante tan abominables crímenes de lesa humanidad.

El cometido de estos crímenes no es únicamente una simple violación a los derechos humanos, es la objetivación del terrorismo de Estado a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, entre otros por los cuerpos policíacos y militares.

El cumplimiento de 11 años de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es la manifestación puntual de la continuidad de la política del terrorismo de Estado a través de distintas administraciones gubernamentales. El trascurrir de determinado tiempo y espacio en el que mantienen a ambos revolucionarios es el mismo en el que la solidaridad y creatividad popular cobija a todas las víctimas.

La impunidad que priva en este caso es la evidencia de la actitud gubernamental de mantener sin castigo a los perpetradores, cuyo testimonio de las víctimas señala de manera directa a todas las corporaciones policíacas como los responsables materiales de estos flagelos.

El incremento incontrolable de la cifra de víctimas constituye una realidad fidedigna de la magnitud del terrorismo de Estado; en toda la geografía nacional existen brotes de inconformidad, denuncias políticas de los mismos familiares que han roto el silencio, el miedo que en un momento intentó paralizarlos para evidenciar y desenmascarar al gobierno mexicano de su responsabilidad ante estas prácticas fascistas.

La relación intrínseca de los crímenes de lesa humanidad desenmascara el rostro profascista del régimen. El vínculo criminal entre la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, los tratos crueles inhumanos y degradantes, entre ellos la tortura, es el hilo conductor por el cual se objetiva el baño de sangre de las masas trabajadoras.

La irrisoria cifra de detenidos desaparecidos que sostiene el Estado mexicano revictimiza a las víctimas, porque más del 90 por ciento no está reconocida en esta lista de violencia y muerte, además de acuñar el concepto de “personas desaparecidas y no localizadas” para intentar confundir y eludir su responsabilidad ante crímenes de tal magnitud.

A las víctimas de la desaparición forzada, el Estado mexicano intenta borrarlos de la faz de la tierra por medio del crimen de lesa humanidad, aunado a la negación de su paradero, el no reconocimiento de su personalidad jurídica con la intención de borrar de la memoria del pueblo su rostro, nombre, vida y lucha que desempeñan; acontecimientos que perversamente son negados con la intención de olvidar a las víctimas.

Al paso de las últimas dos administraciones, el terrorismo de Estado se agudizó en todo el territorio nacional, el cual está expresado en la generalización de los crímenes de lesa humanidad, pese a ser diferentes partidos políticos, la política fue la misma: infundir miedo, terror en la población para acallar las voces de protesta, contener los brotes de inconformidad e intentar eliminar a las organizaciones populares combativas que luchan por mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras.

Desde las instituciones gubernamentales y la vocería oficial existe el empecinamiento en endosar la espiral de violencia institucional al supuesto crimen organizado; mediante sofismas de esta naturaleza pretende encubrir el nexo existente entre los perpetradores y todas las estructuras de gobierno. Desde las instituciones, funcionarios, agentes y políticos de oficio forman el andamiaje represivo, unos desde la oficina al negar el paradero de la víctima e impedir que los familiares tengan una investigación pronta y expedita, y otros de manera directa son los encargados de materializar el crimen.

Cada caso cometido es un hecho sistemático, porque no existe la casualidad ni lo esporádico, es un plan orquestado desde el gobierno mexicano para ejecutarlo en todo el territorio nacional contra el pueblo organizado y no organizado; dirigirlo a un sector en específico es lo que magnifica el crimen de lesa humanidad porque va dirigido contra luchadores sociales, activistas políticos, revolucionarios, defensores de los derechos humanos, periodistas y masas trabajadoras.

Los beneficiados con esta política de gobierno son los grupos de poder económico, los empresarios nacionales y el capital monopolista transnacional, quienes al ampararse con el Estado obtienen mayores cuotas de plusvalía; en los estados donde están los corredores para el traslado y flujo de mercancías, las zonas industriales, las zonas mineras, recursos hídricos son los lugares donde más desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas, tortura y violaciones sexuales se cometen.

Cada caso que se denuncia en el país está la mano del Estado a través de sus distintas policías, militares y grupos paramilitares, la cual, es más nítido. En los testimonios de quienes logran sobrevivir a eventualidades de esta naturaleza se encuentra la verdad de los crímenes, los cuales tienen patente en el Estado mexicano.

Los casos acontecidos en Veracruz son la prueba infalible del carácter de Estado de la violencia; una academia de policía utilizada como centro de reclusión clandestina, como centro de inhumación ilegal y como base de operaciones de un mando unificado para planificar el terrorismo de Estado, son algunos de los elementos que no deja lugar a dudas del origen y fines de esta política criminal.

La detención de políticos en esta entidad, así como el proceso que se abrió contra algunos exfuncionarios durante la administración de Javier Duarte de Ochoa constituye una maniobra gubernamental para justificar la autenticidad de su recientemente aprobada Ley contra la desaparición forzada, un mecanismo pueril para extender la impunidad en aquellos casos con motivaciones eminentemente políticas.

¿Por qué no hay ningún detenido en el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya de acuerdo con esta ley? La respuesta es sencilla, en este caso existe la evidencia puntual de la participación de agentes del Estado con motivaciones políticas, por la militancia de ambos luchadores sociales en un partido revolucionario.

Razón para que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y los locales en las entidades federativas donde tenemos presencia y arraigo se ensañen contra los militantes del FNLS a través del cometido de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, asesinatos políticos, desapariciones forzadas, hostigamiento policíaco, amenazas de muerte, intentos de ejecución extrajudicial, cárcel por motivos políticos, calumnias y señalamientos dolosos a través del oportunismo para vilipendiar la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en lo general, y en lo particular la de los revolucionarios Gabriel Alberto y Edmundo.

En los estados donde tenemos presencia y arraigo son una muestra de la ejecución de esta política criminal; en Chiapas, el gobierno de Manuel Velasco Coello, se ensaña contra nuestros compañeros con el asesinato político de Héctor Sántiz López, La ejecución extrajudicial del niño Humberto Morales Sántiz, la desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz, el asesinato de Víctor Alfonso Pérez López; en Michoacán, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo intensifica la criminalización contra integrantes de nuestra organización con la descalificación y señalamientos dolosos; en Hidalgo y Veracruz el hostigamiento permanente de agentes del Estado; en la Ciudad de México el hostigamiento policíaco es constante.

Acontecimientos sistemáticos y generalizados contra integrantes del FNLS que evidencian la ofensiva del gobierno mexicano para intentar socavar la lucha por el socialismo en México.

La Ley general contra la desaparición forzada es una maniobra maniquea para extender la impunidad a los perpetradores, escamotear la justicia para las víctimas; los casos que hasta ahora se pretenden juzgar mediante esta legislación son la intentona del Estado para justificar lo injustificable, una ley a modo para mantener indemnes a todo el andamiaje represivo encargados de objetivar el terrorismo de Estado.

Ante este contexto de violencia y terrorismo de Estado es necesario emprender acciones políticas de masas combativas para desenmascarar la política criminal del Estado mexicano; enfrentar la represión y violencia institucional no es suficiente con los métodos pacíficos, si desde el gobierno mexicano a través de su aparato represivo mantiene en un baño de sangre a las masas proletarias, ¿por qué autolimitarnos con acciones simbólicas para exigir los derechos y libertades políticas que a través de los años han sido conculcados por gobiernos antipopulares, profascistas y prooligarcas como el actual de Enrique Peña Nieto?

Callarnos ¡Jamás! Las acciones políticas de masas en las calles son necesarias para denunciar la ofensiva represiva del gobierno mexicano; olvidar ¡Nunca! Por cada acto de represión, de violencia gubernamental fortalece la combatividad y alienta los gritos combativos para salir con dignidad a exigir juicio y castigo a los criminales de Estado.

Atenta y combativamente

¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz, del activista político Teodulfo Torres Soriano, de Leticia Galarza Campos, del indígena chatino Lauro Juárez, del activista político Gabriel Gómez Caña!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy por el régimen!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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