Tinta Socialista No 19. La necesidad de una ley contra la desaparición forzada en nuestro país

, por  Ciudad de México , popularidad : 4%

La desaparición forzada en un crimen de lesa humanidad que se comete de forma sistemática y recurrente, flagelo represivo que golpea considerablemente a las masas trabajadoras; las víctimas de este aberrante se cuentan en miles que de forma paulatina rompieron el muro del silencio, actualmente nadie puede poner en tela de juicio el cometido de este crimen, sin embargo, persisten aún marcadas divergencias en torno a las especificaciones técnicas, conceptuales y jurídicas respecto a la ley que necesitan las víctimas del terrorismo de Estado.

Es natural que se expresen distintos puntos de vista para analizar un fenómeno, y es explicable desde la forma misma en que se ejecuta esta política de Estado; para algunos, el terror entró abruptamente por la puerta de la casa y alcanzó a un familiar, lo cual no siempre permite saber a ciencia cierta la razón de ver víctimas de tan aberrante crimen; ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Fue por mala suerte? O ¿Por qué razón a nosotros? Son muchas preguntas que quedan en el limbo sin poder darles una respuesta coherente.

En otras víctimas, la explicación es un poco más efectiva, el activismo político en alguna organización popular o revolucionaria fue el motivo de que el Estado se cebara contra ellos, por lo tanto, no hay duda en denunciar los motivos eminentemente políticos de la desaparición forzada, en insistir que los perpetradores cobran nomina en las estructuras de los cuerpos policíacos-militares, independientemente que se ostentaran con cualquier nomenclatura “delincuencial”.

Todos estos matices que viven cada una de las familias las hace entender de forma distinta el fenómeno, por lo tanto, definir los métodos de hacerle frente, pero eso no significa que entre unas y otras víctimas se deba colocar una división mecánica para defenderlas por separado, en el sentido estricto todas son víctimas del terrorismo de Estado.

El dolor que cada familia expresa por su ser querido es entendible y muchas veces por esta razón, sale a flote el sentimiento individual de querer saber qué pasó con mi familiar; pero hay un elemento que juega un papel preponderante, los organismos defensores de los derechos humanos, los analistas políticos y organizaciones populares que brindan solidaridad a las víctimas, por ésta no se expresa en el simple “acompañamiento”, se materializa en orientación política para poder conducirse en un escenario tan convulso que significa la política burguesa mexicana.

Es necesario colocar las cosas en su justa dimensión, y la divergencia fundamental en torno a los tópicos generales de la lucha tienen fundamento en las distintas formas de interpretar la realidad; mientras que para unos los responsables de la violencia institucional es el narco, para otros es el Estado mexicano a través de sus agentes; mientras unos ven levantones, otros desaparición forzada por motivos políticos o sociales; mientras unos observan falta de voluntad política, nosotros vemos una política de Estado.

Debemos insistir que no se trata de simples diferencias semánticas, existe en tales elucubraciones todo un contenido político que puede significar logros importantes para las víctimas del terrorismo de Estado o conducir a las familias a darse de bruces contra el muro de la frustración y la impotencia.

Ante escenario de terror y ante la exigencia cada vez más contundente del movimiento popular, se abrieron las puertas legislativas para discutir sobre el tema, sin embargo, algunas interrogantes salen al paso, ¿es necesario luchar por una ley en el marco del actual estado de derecho? ¿Una ley resuelve el problema que lacera profundamente a las masas trabajadoras? ¿No resulta una incongruencia sostener que es el Estado mexicano el responsable de los miles de crímenes y exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos a la vez que se le demanda una ley que castigue a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad?

Lo primero que se debe dejar establecido es que a pesar de lo infructuoso que resulta exigir en el marco del actual estado de derecho la justicia para las miles de víctimas, se desarrolla la lucha en ese sentido como parte de la lucha política, donde a través de estos espacios se pueda resarcir, en cierta medida, el dolor para las familias que tienen a un familiar en estas condiciones, por esa razón, no se aplica el rasero del todo o nada, es en todo caso, el papel activo de las masas las que logran arrancar medianamente al Estado parte de las conquistas sociales.

En ninguna parte se tiene la experiencia que los derechos políticos del pueblo sean incorporados a las constituciones burguesas por buena voluntad, cada uno de estos derechos son arrancados con lucha política donde se distinga la combatividad y no la pasividad; por esa razón, sostener que la movilización puede colocar en un limbo los “avances” es una bufonada, es el extravío de la brújula política en el mejor de los caso, si no la traición a los intereses del pueblo y se cobra nomina en los pasillos del gobierno mexicano.

Solamente los políticos de oficio que tienen su comodidad a costa de plegarse a los intereses de la oligarquía enquistada en el poder temen a la acción política de las masas, a la combatividad que se expresa en las calles; porque con estas acciones se les desnuda en su condición de cómplices de la violencia de Estado contra el pueblo, en su condición de cancerberos de los intereses del capital y en esa condición serán recordados en la historia.

La lucha por los cauces legales es parte de la lucha democrática por mejores condiciones de vida, desde esta perspectiva no se debe asumir la posición mesiánica de que el pueblo debe poner las víctimas, que el parto de una sociedad nueva es doloroso; en todo esto hay mucho de verdad, pero de ninguna manera se debe desestimar todos los espacios de lucha popular, por esa razón, se continúa en la exigencia de una ley que se apegue a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La necesidad de una ley contra la desaparición forzada es una exigencia que tiene arraigo en nuestro país desde ya varias décadas, en algunos estados de la república se encuentra incorporado el tipo penal de desaparición forzada, en unos sólo como desaparición, no obstante, en ninguno de ellos se realizó por buena voluntad, como tampoco lo es al actual proceso por aprobar una ley general que abarque el fuero federal, en todos estos casos, es el impulso de las organizaciones populares, de comités de familiares y de organismos defensores de derechos humanos quienes en su práctica política condujeron a obtener este importante logro.

Cierto es que el incremento exponencial de las desapariciones forzadas en el país llaman a tener un marco legal que abone a la lucha por la presentación con vida de todas las víctimas de este flagelo, empero, esta premura no nos debe correr al pueblo y sus organizaciones, porque esa responsabilidad es única y exclusivamente del Estado mexicano, y de manera particular en manos de los diputados de las distintas bancadas.

El chantaje y manipulación con el argumento de que si no se aprueba o se aprueba mal es porque los familiares no dejaron de movilizarse y de expresar su inconformidad en torno al proyectos de ley del ejecutivo, significa la revictimización; ¿encima de que somos el pueblo quienes padecemos las inclemencias de esta política represiva, tenemos que cargar con la responsabilidad de una legislación a modo de los perpetradores? No señores, esa es la esencia de la política de Estado.

No se trata de tener una ley sin más ni más, si ésta no se apega a los requisitos mínimos generales en el marco internacional de derechos humanos, es una ley que sólo representa la simulación, la perversidad del Estado de jugar con los sentimientos de los familiares; insistimos, una ley con estas características es una ley a modo, es el mecanismo para ampliar el halo de impunidad a los responsables materiales e intelectuales del terrorismo de Estado, por lo tanto, es una ley que nos llama a desconocerla y continuar con la exigencia de presentación con vida mediante las acciones políticas de masas.

Una ley tampoco va a resolver de tajo los crímenes que se cometen diariamente, pero sí representa un peldaño más en la lucha política del pueblo, pero para que sea verdaderamente así debe contener los mínimos generales, de lo contrario representa letra muerta, que sólo servirá al Estado mexicano para presentarse ante los reflectores internacionales como garante de los derechos humanos.

El dilema existente entre la responsabilidad del Estado mexicano en el cometido de los crímenes de lesa humanidad y la exigencia de una legislación que castigue a los perpetradores, se diluye si en el análisis se entiende que la exigencia de una legislación como parte de la madurez de la lucha popular, si en el transcurso de todo este proceso alimentamos al ahínco proletario y se desnuda a toda la caterva de politicastros como lo que son, representantes de la burguesía en el poder.

El régimen vive una prolongada crisis política y una legislación en materia de desaparición forzada significa una bocanada de oxígeno, máxime si lleva el aval de haberse discutido en varias mesas de diálogo con algunos familiares, organismos defensores de derechos humanos y representantes del ejecutivo federal, sin embargo, son contundentes las divergencias que en cada una de la mesa se expusieron, sobre todo de parte de la Campaña Nacional contra la desaparición forzada y que hoy perversamente, quieren presentar como la ley de las víctimas.

La ley del ejecutivo que aprueban las bancadas de los partidos tradicionales comprueba el amasiato que los políticos de oficio orquestaron para continuar con la política del terrorismo de Estado, no se trata de simples bandazos de la oposición hacia la derecha, en los hechos representa la tragicomedia en que tersamente se convierte la democracia burguesa mexicana.

La necesidad de una ley es real y objetiva, como también lo son las más de 300 mil víctimas de este flagelo aberrante; se les arrebató la presencia física a sus familias, se les pretende borrar de la lista y sólo se reconoce el diez por ciento de lo que en verdad representa este rio de sangre; hoy se les quiere negar el derecho de defenderse adecuadamente en marco jurídico debidamente establecido; ante un escenario así, la renuncia, la claudicación ni el chantaje figuran como alternativas posibles.

La bandera de presentación con vida ondea en lo más alto del mástil del movimiento popular; porque reconocemos en Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya a dos revolucionarios en esta condición inhumana; porque sentimos la ausencia forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; porque los detenidos desaparecidos nos faltan a todos, hoy la lucha es por todos ellos; por Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; por Teodulfo Torres Soriano; Carlos René Román Salazar; Ramón Ángeles Zalpa; Lauro Juárez; los 43 de Ayotzinapa y los más de 300 mil…

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo



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