MAYL persigue a duartistas por corrupción, pero mantiene represión al activismo: FNLS

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agosto 08, 2017
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Por Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- Mientras el gobierno del estado se empeña en perseguir a Javier Duarte y su banda sólo por corrupción –ignora las desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad–, "el caos se apodera de Veracruz". El incremento de los hechos de violencia acompañados de la militarización de la entidad hacen del territorio uno de los más inseguros para la lucha social, "y en el cual los activistas son vinculados con la delincuencia organizada para reprimirlos".

Adriana Chávez, representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), señala que en Veracruz la represión que se ejerce por la manifestación de ideas es tal que se aprovecha el combate a la delincuencia organizada para acosar a los luchadores sociales, vincularlos con los grupos criminales y a partir de ahí desaparecerlos. "Nada más hay que ver la constantes aparición de fosas clandestinas".

En Veracruz, la militarización en varias de sus regiones es la muestra clara de que la actual administración se conduce sobre los mismos estándares de la política gubernamental a nivel federal. La sistemática política represiva tiene sus últimas consecuencias en la ejecución extrajudicial de luchadores sociales. Hay, como en todo el país, una represión generalizada así como la detención arbitraria de activistas sociales.

"En el estado –prosigue– instalan constantes retenes relámpago que refuerzan la militarización y la ejecución de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo, que se han convertido en una práctica que permanece inmutable en todas las administraciones locales.

"A casi un año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas se incrementaron de manera alarmante a pesar de las promesas de campaña del actual mandatario de llevar la justicia a los veracruzanos. La violencia institucional y el terrorismo de Estado como política es su forma de gobernar, no existe lugar en esta entidad federativa que no sea trastocada por esta política deleznable".

Hechos como estos, explica, "ponen al ser humano como una piltrafa, con el ardid de un combate a la corrupción de su antecesor Duarte de Ochoa, deslinda a su gobierno del cometido de cientos de crímenes de lesa humanidad. El pueblo veracruzano sabe muy bien que los retenes relámpagos son para generar un ambiente de miedo y zozobra, ahí donde hay presencia de los cuerpos policíaco-militares se incrementan las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no son para proteger al pueblo, sino para cometer crímenes de Estado y generar el terror".

Todos estos crímenes tienen su esencia económica cuya responsabilidad es del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal, en contubernio con el capital monopolista trasnacional, acusa Adriana Chávez.

El exgobernador Javier Duarte es extraditado a México, sin embargo, los cargos que se le imputan no son por las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidos contra el pueblo durante su gobierno, "por lo que este acto más parece un teatro para desvirtuar la atención del pueblo, se muestra una aparente preocupación por el desvío de recursos y las propiedades que tienen, pero no tocan el tema de las desapariciones forzadas, como si no existieran, se les condena al anonimato, pese a que son inocultables para todo el pueblo, por ser un crimen que lacera sus familiares, amigos y compañeros de lucha".

En declaraciones se hace alarde del desfalco económico de las arcas públicas, pero respecto a los crímenes de lesa humanidad no se tocan en lo absoluto, "desde el hallazgo de la fosa más grande de Latinoamérica en Colinas de Santa Fe, hasta la fecha no se da una información precisa de quienes son las personas que fueron ejecutadas en inhumanas y lamentables condiciones, las denuncias sostienen que sólo ocho personas fueron ya identificadas, lo que comprueba la condición antipopular de quienes gobiernan, porque no sienten el más mínimo escozor por tener restos humanos amontonados sin ninguna consideración", apunta.

A la actual administración no le interesa detener el clima de violencia, sus declaraciones versan en combatir la corrupción, pero en cuanto a la política de terrorismo de Estado no menciona nada, al contrario permite que los cuerpos castrenses actúen conforme a su lógica de detener a toda persona que les parezca "sospechosa", con lo que se expresa la manifestación de su condición antipopular, profascista y represiva, concluye.

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