La responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, es un hecho inocultable que debe ser esclarecido ante el pueblo trabajador, se trata de un crimen de lesa humanidad que debe enjuiciarse y castigarse máxime si se trata de una violación grave a los derechos humanos.
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