Desde el Estado mexicano se cierra filas en torno a los cuerpos represivos y hacen caso omiso de las denuncias que los señalan como los responsables del baño de sangre en el país

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Pachuca de Soto Hidalgo a 24 de abril de 2017

A las víctimas del terrorismo de Estado
A los defensores de los derechos humanos nacional e internacional
A las personalidades solidarias, honestas y progresistas.
A las organizaciones populares, democráticas e independientes.
Al pueblo en general

El terrorismo de Estado es un fenómeno que cada vez es menos posible ocultar y negar, con sobrado testimonio se manifiesta de forma palpable en toda su magnitud; no es casual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya reconocido la existencia de 855 fosas clandestinas en todo el territorio nacional, lo que nuevamente es la comprobación de la existencia de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

Se detalla que esta estadística corresponde desde la administración de Felipe Calderón hasta la actual de Enrique Peña Nieto, lo que significa que existe una continuidad en la ejecución sistemática de esta política de Estado, independientemente del personero y de la sigla política que lo identifique.

Es en este marco que continuamos con las actividades de la Jornada Nacional de lucha: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡HASTA ENCONTRARLOS! A la que se le suman los elementos que surgen y nos dan la razón, aunque exista el empecinamiento gubernamental por ocultar y maquillar una realidad en la que la constante son los crímenes de lesa humanidad.

A escasos días de que se cumplan diez años de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, este sólo hecho aparentemente lineal expresa la continuidad de crímenes de esta naturaleza en por lo menos dos administraciones, porque lejos de presentarlos con vida, se escamotea la justicia y se revictimiza tanto a las víctimas directas como a sus familiares.

En esta entidad pesar de no existir un registro oficial de víctimas de la desaparición forzada, este fenómeno es real como en todo el país; como botón de muestra se encuentra el caso del profesor Jesús Hernández Castellanos detenido desaparecido en el municipio de Huejutla. De forma paralela el número de ejecutados extrajudicialmente se incrementa, como el ex diputado local Jorge Andrés Hernández Ramírez en el mismo municipio, lo que comprueba fehacientemente que el terrorismo de Estado existe más allá de los buenos deseos por negar los hechos.

El reconocimiento de la CNDH que las desapariciones forzadas son un tema del presente, porque se ejecutan de manera generalizada, es la comprobación de una verdad insoslayable, en las fosas clandestinas se testifica la existencia de dos crímenes de lesa humanidad que desangran considerablemente a las masas trabajadoras: la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

Desde el Estado mexicano se cierra filas en torno a los cuerpos represivos y hacen caso omiso de cada una de las denuncias que los señalan como los responsables del baño de sangre en nuestro país, de manera descarada exigen más garantías jurídicas para continuar con las tareas de “seguridad nacional”, lo que en los hechos se traduce en más crímenes de lesa humanidad.

A fuerza de denuncia y movilización de los familiares logran colocar sus justas exigencias en lo más alto del poder político del gobierno mexicano, se encuentra sobre la mesa legislativa las propuestas de ley contra la desaparición forzada de personas, que fueron presentadas por el ejecutivo federal y la presentada por familiares de víctimas. El Senado de la república y la Secretaria de Gobernación han escuchado los planteamientos de los familiares, sin embargo, continúan en la necedad de aprobar una ley que garantice impunidad a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.

No se trata de aprobar una ley con el típico albazo para simular la atención a las recomendaciones y sentencias internacionales que pesan sobre el Estado mexicano, esta es una necesidad que se planteó con mucho tiempo de antelación; se requiere ante todo una ley que tipifique adecuadamente el tipo penal conforme a los estándares internacionales en el derecho internacional de los derechos humanos, de lo contrario, sólo se ampliará el margen de impunidad a los perpetradores para escamotear la justicia para las víctimas y sus familiares.

La falta de homogeneidad en cuanto a conceptos no debe ser un problema insalvable cuando se trata de colectividades que nos conocemos en la práctica política; dilucidamos en la vía de los hechos los matices en las concepciones, pero es totalmente distinto cuando se trata de discutir con los personeros del Estado mexicano, quienes tratan de engañar al pueblo y a los familiares de las víctimas con argumentos tecnicistas y leguleyos.

Una verdad es real, una ley que no se apegue a los estándares internacional de los derechos humanos, a la larga terminará por ser una simulación, porque en esa supuesta dicotomía para poder distinguir las desapariciones forzadas cometida por agentes del Estado y la ejecutada por particulares, se pretende dejar una fisura para intentar endosar estos crímenes de lesa humanidad al fuero común.

Desde 2008 el FNLS se pronunció por la necesidad de una ley contra la desaparición forzada, porque para nosotros nunca existió la duda en identificar que estos crímenes tienen patente en el Estado mexicano, fueron los mismos testimonios que al paso del tiempo colocaron en su justa dimensión la realidad de este flagelo represivo. Hoy pocos pueden atreverse a dudar que crímenes de esta naturaleza tengan un origen en alguna estructura del aparato de Estado.

Al paso de los años y con la sistematicidad con que se comete la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial en nuestro país, se configura la política del terrorismo de Estado, una realidad que tuvieron que reconocer la CNDH y algunos políticos de oficio. Abordar este tópico no debe representar moneda de cambio en tiempos electorales, porque la violencia institucional no tiene variaciones sustanciales en el trascurrir de administraciones con diferente representación partidaria, lo que la convierte en política transexenal.

Las 855 fosas clandestinas reconocidas por la CNDH, la aceptación por ella misma que en el país se comete el crimen de desaparición forzada de personas, la discusión en las cámaras legislativas para sancionar la tortura, expresan que en México estos crímenes nunca dejaron de cometerse, en su conjunto son la manifestación y relación perversa que existe en un detenido desaparecido de manera forzada cuyo desenlace final es la ejecución extrajudicial, aspecto que lleva implícito los tratos crueles inhumanos y degradantes.

Uno de los casos más ilustrativos de la evasiva que pretende el Estado mexicano para juzgar a los crímenes de lesa humanidad se encuentra en la captura del ex gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, sobre quien sólo pesan imputaciones legales por actos de corrupción y no por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

Sobre este acto aparatoso y de espectacular relumbrón de la justicia mexicana en coordinación con instancias internacionales, se pretende diluir toda la esencia criminal de un personaje como Duarte de Ochoa, sobre la investigación de todos los millones de pesos que ayudó a desviar se quiere dar carpetazo al proceso de identificación de las víctimas que se encuentran en las fosas clandestinas y delimitar responsabilidades de funcionarios, tanto estatales como nacionales en estos hechos.

Contrario a lo que opinan algunos medios de comunicación que nadie puede tener contentos a los mexicanos en la administración de justicia, el pueblo que analiza y observa con ojo crítico todo cuanto acontece, le permite advertir una maniobra perversa del Estado mexicano para encubrir los cientos de crímenes, el ex gobernador es la pieza desechable en este tablero de terror, porque se le quiere observar como el ladrón solitario sin atender que forma parte de una estructura de Estado.

En la palestra nacional está la atención puesta en esta ley que se aprobará próximamente, en su contenido se podrá observar con claridad la verdadera esencia del Estado mexicano, si es para resarcir medianamente el daño que se ha causado al pueblo trabajador o para profundizar más el dolor en los familiares.

La alternativa nunca es dar por muertos a las víctimas de la desaparición forzada, la consigna es presentación con vida; por lo tanto, la necesidad es continuar con la lucha para dar nombre y rostro a cada una de las víctimas. Las fosas clandestinas son reales, los cuerpos que emergen de ellas también, real es el dolor de buscarlos entre el hedor de muerte que siembra el Estado mexicano, pero siempre sabrá anteponerse la convicción de luchar por erradicar este crimen de lesa humanidad.

Fraternalmente

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy!
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz!

Por la unidad obrero, campesino y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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