TINTA SOCIALISTA. En la lógica del Estado mexicano todos somos “sospechosos o “delincuentes”

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En la lógica del Estado mexicano todos somos “sospechosos o “delincuentes”

Tinta socialista

El gobierno de Enrique Peña Nieto se empeña en negar el enorme descontento popular que impera en el país, producto de la crisis económica que lleva implícito una crisis política, cuya manifestación es la pérdida de credibilidad de su gobierno, instituciones y fuerzas armadas.

Para el pueblo está muy claro que las fuerzas armadas en México son las que cometen graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en cada una de ellas lleva el registro y patente de Estado, por más que quieran ocultarlo, la verdad sale a relucir y los hechos dicen más que los discursos fabricados a modo.

La defensa a ultranza de las fuerzas armadas no nos sorprende, porque Enrique Peña Nieto es el jefe supremo de ellas y sabe perfectamente que son la única garante para sostener a través del terrorismo de Estado el régimen político neoliberal en el país. Lo que devela su posición de clase que asume y defiende.

En la lógica del Estado mexicano todos somos “sospechosos, “delincuentes”, “sicarios” o “narcotraficantes”, en pocas palabras “enemigos”, por tanto, si las fuerzas armadas detienen y desaparecen, torturan “como método de investigación” o ejecutan extrajudicialmente al pueblo es “normal” para el gobierno, porque en su razonamiento defienden el Estado burgués y sus intereses de clase.

Las miles de desapariciones forzadas, en su mayoría son consideradas por el gobierno como “levantados”, “secuestro sin intención de rescate”, “personas extraviados o no localizadas” o simplemente “desaparecidos”, eufemismos que quitan de tajo la esencia de las desapariciones forzadas, y eluden la responsabilidad del gobierno mexicano en el cometido de éstos crímenes de Estado y de lesa humanidad.
Las desapariciones forzadas ante organizamos internacionales de derechos humanos son graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o por particulares que actúan con la aquiescencia del Estado, seguida de la negación de tenerlos en su poder e impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes para dar con su paradero.

Este crimen se ejecuta mediante una privación ilegal de la libertad, pues la víctima es detenida sin que se cumplan las formalidades legales: a) no existe orden de autoridad competente, b)no específica de qué se le acusa, c) no se menciona quién lo acusa, d) ni los elementos inculpatorios que existen en su contra; inmediatamente después de la detención, la víctima es puesta en situación de indefensión total, pues es conducida a un sitio que no es de reclusión oficial y queda a merced de sus captores.

El detenido- desaparecido es sujeto a tratos crueles inhumanos y degradantes a voluntad de sus perpetradores; quienes están obligados a informar a la sociedad acerca de la detención, lo niegan de forma sistemática; se da una violación múltiple de los derechos humanos: al debido proceso, el de libertad de información y de tránsito, el de respeto a la integridad física, el de visita familiar, el de asistencia jurídica, el de reclusión en un centro donde se respete su dignidad.

En México las desapariciones forzadas se cometen por motivos políticos o sociales, los ejecutores son el ejército, la marina, las policías federal estatal y municipal, también son cometidas por particulares, llámense paramilitares, crimen organizado o guardias privadas que actúan bajo el consentimiento o aquiescencia del Estado mexicano.

La prueba fehaciente de estos crímenes son los cientos de fosas clandestinas encontradas en varios estados de la República, verbigracia, el estado de Veracruz, lugar que confirma el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad. Por tanto, decir que son “narcofosas” es secundar la versión del gobierno mexicano, que todos los cuerpos ahí encontrados son "delincuentes". Comentarios que abonan a la criminalización de las víctimas, por eso les sucedió, se lo merecían, y elude la responsabilidad del Estado.

No debe haber duda que los detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente son pueblo trabajador, que fueron alcanzados por la violencia institucional y el terrorismo de Estado, ya sea por motivos políticos o sociales son arrebatados de manera violenta de sus familiares, compañeros de lucha y amigos.
Las fosas clandestinas expresan múltiples crímenes de lesa humanidad, como la detención desaparición forzada, la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes y la ejecución extrajudicial. Por tanto, querer pasar la factura a tal o cual grupo del crimen organizado es secundar la versión del Estado y quitarle toda responsabilidad en cada crimen cometido.

Para luchar contra esta práctica se requiere de la unidad de todas las víctimas del terrorismo de Estado, porque la dispersión abona a que se cometan más crímenes de esta magnitud; por tanto, se hace necesario que se tenga claridad del fenómeno, no se hagan comentarios despectivos que abonan a la división, dispersión, descalificación y criminalización de las propias víctimas.

Máxime cuando es luchador social, activista político o revolucionario, porque desde los pasillos de algunas organizaciones que dicen ser del pueblo o defender los derechos humanos se escucha “se los llevaron por estar contra el gobierno, además son delincuentes”, “no te juntes con ellos porque te va a pasar lo mismo”, “se los llevaron por radicales”, “por ser guerrilleros se los llevaron”, comentarios que en la vía de los hechos le dan la razón al Estado y justifican el cometido los crímenes de lesa humanidad y criminalizan a las víctimas de este flagelo, como si se lo hubieran merecido.

La intención del Estado es eliminar físicamente al que tiene un origen pobre, al que protesta y cuestiona al régimen. Mientras le pegan al vecino, al luchador social o activista político no hay problema, pero si nos toca ser víctimas de este flagelo, quién va a protestar si no lo hice cuando la violencia y el terrorismo de Estado tocaron las puertas de los demás.

Ningún ser humano merece este flagelo, independientemente de las formas de lucha que adopte o actividad política o social que desarrolle, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son prácticas fascistas que se deben erradicar y desenmascarar a los gobiernos profascistas, antipopulares y represivos que no les importa la vida humana. Contra eso debemos luchar y unificar esfuerzos para detener esta política criminal que tanto daño ha causado al pueblo de México.

No dejaremos de luchar y exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país, en particular la de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, la de las niñas triquis Daniela y Virginia Ortiz, la de Teodulfo Torres Soriano, así como juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestros compañeros Héctor Sántiz López y de Humberto Morales Sántiz.

Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo y es éste el que debe luchar por ellos, con acciones políticas de masas y combatividad; es una lucha que trasciende lazos consanguíneos por tratarse de una política sistemática y generalizada contra las masas trabajadoras.

Callarnos ¡Jamás! Porque el silencio es cómplice de esta política criminal; detenernos ¡Nunca! Mientras no se erradique esta práctica, se conozca la verdad y se enjuicie a los responsables. ¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos! ¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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