Cumple 3 años Ejército Mexicano sin acatar resolución judicial, denuncian

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Kara Castillo
03/30/2017 - 12:29
El gobierno mexicano y autoridades militares han ignorado la resolución del 9 Tribunal Colegiado del Primer Circuito, emitida en 2014, para abrir cuarteles y buscar a los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Así lo denunció Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien explicó que se trata de la primera resolución dictada por el delito de desaparición forzada en el país, misma que a tres años de haber sido dictada sigue en desacato.

Reyes Maldonado dijo lo anterior durante la “Jornada Nacional: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos!”, organizada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDdh), que inició el lunes y concluyó hoy en Puebla con un mitin.

Nadin Reyes ha cruzado el país en busca de su padre, que fue visto con vida por última vez en manos de militares y policías federales junto con su amigo Gabriel Cruz, ambos considerados las primeras víctimas de desaparición forzada en el sexenio de Felipe Calderón.

Destacó que la exigencia de justicia es una jornada de denuncia de lo que ocurre en el país, pues el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, es la representación y el ejemplo en la mecánica con la que se ejecuta este crimen de lesa humanidad en nuestro país contra cualquiera “sea de un grupo organizado o no”.

En entrevista con este medio, Nadim Reyes Maldonado, integrante del “Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos” relató que tanto su padre como su amigo Gabriel fueron víctimas del estado por sus convicciones políticas, por pertenecer al Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

“Los desaparecieron en 2007 en Oaxaca por creer en esta vía para terminar con la situación desigual en el país y como legítima defensa. Fueron detenidos, torturados y posteriormente entregados al Ejército Mexicano en el Campo Militar Número 1, conocido como una cárcel clandestina desde los años 70, en la llamada era de la Guerra Sucia”, dijo.

Reveló que fueron los propios militares quienes les hicieron llegar, en anónimos a familiares, la situación de los detenidos y la condición infrahumana en que los tenían. La consistencia de las pruebas hizo que en junio de 2014 la familia y las organizaciones que la acompañan, lograran una importante resolución judicial que ordena realizar la búsqueda de Edmundo y Gabriel en los cuarteles militares así como citar a comparecer a altos mandos que participaron en su desaparición. Actualmente esta orden está en desacato.

“Hace tres años de la resolución y no ha sido cumplida. Hay falta de voluntad política del Estado Mexicano incluso por respetar y cumplir sus propias leyes. No les importa acatar la resolución judicial sino que además sigue repitiendo este crimen”, dijo.

Tanto Nadim Reyes como Ángel Lueza, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos aseguran que la desaparición de Gabriel y Edmundo evidencia que esta práctica es permanente y sistemática desde el periodo de “la guerra sucia” y se acentuó en la época de Felipe Calderón Hinojosa pero no ha dejado de practicarse. Las última víctimas han sido los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. “Esto es terrorismo de Estado y afirmamos que es una política transexenal”.

Una Resolución trascendente

La Resolución 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para abrir cuarteles y buscar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es la primera que se logra obtener en el ámbito nacional bajo la figura del crimen de desaparición forzada.

Luego de esta resolución se han dictado al menos dos más, una en Guanajuato por un caso en el que están involucrados también elementos de las fuerzas armadas. “Hemos abierto brecha. Seguiremos exigiendo justicia y castigo a los responsables”, destacaron.

Nadin Reyes, que se dedicaba a la pedagogía antes de verse envuelta en una vorágine de movimientos sociales, sostiene que la resolución no fue un logro de la familia ni del impecable proceso legal que se ha llevado, sino de la solidaridad de la lucha social acompañada por defensores de derechos humanos.

En el momento de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, el gobernador de Oaxaca era Ulises Ruíz Ortiz.

Nadim Reyes asegura que ese exgobernador y las autoridades militares de la época no son los únicos señalados como culpables del crimen pues las autoridades actuales, Gabino Cue y Enrique Peña Nieto, que tampoco han garantizado justicia, han sido omisos a la exigencia de justicia.

“Lo más difícil es seguir en la lucha. Mi fortaleza es el amor a mi familia y a las que vamos conociendo en el camino. Ya no puedo parar, esto te da coraje y valor”, dijo Nadim Reyes.

Sostuvo que hay más de 3 mil víctimas de desaparición y detención forzada en el país. “Es una realidad que no se quiere ver, pero allí están las fosas, el intento del Estado para ocultar el crimen que no es perpetrado por el crimen organizado, como se ha dicho” dijo.

Represión a organizaciones solidarias

Roberto Mendoza Pérez, del FNLS en Chiapas, que acompañó la Jornada Nacional en Puebla, aseguró que esa organización ha enfrentado el asesinato político de Héctor Sántiz López el 29 de septiembre de 2015; el intento de ejecución extrajudicial de 5 integrantes de la organización en la ciudad de México el 7 de noviembre de 2015, además de la detención desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz el 5 de marzo de 2016 en Ocosingo Chiapas y la reciente ejecución extrajudicial de Humberto Morales Sántiz, de apenas 13 años de edad, en el ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo en Chiapas, actualmente en la total impunidad.

“Sí hay un intento para frenar la organización y evitar que se haga una lucha social, nosotros estamos aquí para probarlo. Pero pese a esto seguiremos adelante denunciando lo que no se quiere ver”, asentó.

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