En el estado de Chiapas se refleja claramente la impunidad con la que operan las instituciones encargadas de impartir la “justicia”

, por  Chiapas , popularidad : 1%

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 12 de marzo de 2017

A las familias víctimas del terrorismo de Estado
A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares, democráticas e independientes
Al pueblo en general

La Jornada Nacional de Lucha. Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos! Inicia en el estado de Chiapas bajo un contexto de represión y terrorismo de Estado, con la ejecución extrajudicial y tortura del compañero Humberto Morales Sántiz, de 13 años de edad; crimen perpetrado por el Estado mexicano a través del grupo paramilitar “Los Petules” con la protección del Mando Único en el ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas.

Violación grave a los derechos humanos que se suma al asesinato político del compañero Héctor Sántiz López, el 29 de septiembre del año 2015; el intento de ejecución extrajudicial de cinco compañeros en la Ciudad de México el 7 de noviembre del año 2015; la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Sántiz, el 5 de marzo de 2016 en Ocosingo, Chiapas.

Hechos que reflejan la ofensiva represiva del Estado mexicano contra los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), por ser una organización popular e independiente, impulsar la lucha por el socialismo y desenmascarar al gobierno mexicano como el responsable de los más de 300 mil desapariciones forzadas, más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales, más de un millón 200 mil desplazados, todas con patente en el Estado mexicano. Los encargados de materializar esta práctica aberrante son el ejército, la marina, las policías federal, estatal, municipal y los grupos paramilitares.

Este crimen se ejecuta con la intención de impedir que se desarrolle la Jornada Nacional de Lucha que recorrerá los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoacán y concluir en la Ciudad de México en el marco de la semana internacional del detenido desaparecido, porque en ella señalamos que las desapariciones forzadas por motivos políticos o sociales y las ejecuciones extrajudiciales en México son un fenómeno exponencial, que tienen patente en el Estado mexicano.

En un principio las instituciones, los gobiernos federal y estatal intentaron minimizar esta escalada represiva, pero a través de la denuncia y las acciones políticas de masas evidenciaron esta política criminal, hoy en día es una realidad inocultable, cada día son más los familiares de las víctimas que denuncian y señalan a los distintos cuerpos policíaco-militares como los responsables de objetivar el terrorismo de Estado.

Ejemplos que reflejan lo particular de una generalidad son los casos de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos el 25 de mayo del año 2007, caso que jurídica y políticamente documentó la participación de los gobiernos federal estatal y municipal en el cometido de este crimen.

A escasos meses de cumplirse 10 años de cometerlo, a través de las acciones políticas de masas y la intervención jurídica, se logra que un tribunal federal emita la resolución 29/2014, recursos jurídico que hasta la fecha no dicta sentencia alguna contra los responsables, al contrario, son protegidos con el manto de la impunidad y cometen más crímenes contra el pueblo que se solidariza y exige presentación con vida, juicio y castigo a los responsables.

Verbigracia, la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, detenido-desaparecido el 5 de marzo de 2016 en Ocosingo, Chiapas, por solidarizarnos con los familiares de Gabriel y Edmundo para exigir su presentación con vida y exigir el cumplimiento de la resolución 29/2014, caso que refleja la respuesta a los familiares de las víctimas ante el reclamo de justicia.

En nuestro caso hemos denunciado el constante hostigamiento, represión y la ejecución de crímenes de Estado y de lesa humanidad contra los integrantes de nuestra organización, ataques sistemáticos y generalizados contra un sector en específico que tiene independencia propia e ideología en nuestro país y lucha por el socialismo en México.

Lo sistemático y generalizado se expresa en que es una política represiva planeada y dirigida con la intensión de contener la organización popular, la denuncia y las acciones políticas de masas en todos los lugares donde tenemos presencia y arraigo, se cometen ejecuciones extrajudiciales, intentos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, amenazas de muerte, asesinatos políticos, hostigamiento, cateos en oficinas, detenciones arbitrarias, hechos que en su momento han sido denunciados a la opinión pública.

En el estado de Chiapas se refleja claramente la impunidad con la que operan las instituciones encargadas de impartir la “justicia”, existe complicidad de los fiscales con los peritos, las policías estatal y municipal y la operación de grupos paramilitares; su política es evitar que se haga de manera pronta y expedita la investigación del crimen. Se cobija con el manto de la impunidad a los perpetradores y se actúa de manera prepotente y arrogante con los familiares de las víctimas.

Esta impunidad no es privativa de este estado, en todo el país se protege a los perpetradores, se les evita sean juzgados en tribunales del país e internacionales, porque con ello se comprobaría la participación del Estado mexicano en ellos y su responsabilidad en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

El hostigamiento es una política de los gobiernos federal y estatal contra las organizaciones populares e independientes y todo aquel que consideren dentro de su lógica “peligroso” para la seguridad interior del país; enviar a periodistas para que hagan la labor de informante del CISEN, llevar a agentes policíacos vestidos de civil en las marchas, mítines; dar seguimiento puntual a los activistas es práctica de los órganos de inteligencia militar y del CISEN para abrir expedientes incriminatorios o en su caso cometer crímenes de Estado y de lesa humanidad, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Esa práctica es una expresión concreta de la represión como política de gobierno que busca además destruir la organización del pueblo; con los agentes del Estado vestidos de civil desplegando su labor policíaca como informantes en las organizaciones del pueblo demuestra la forma velada y dolosa con la que se pretende diluir la lucha del pueblo por mejores condiciones materiales de vida.

El arranque de la jornada no ha sido la excepción, en lo que atañe a la sede, fue evidente la labor de hostigamiento de los policías vestidos de civil, como ocurrió en la cabecera municipal de Ocosingo durante el desarrollo de actividades políticas en la misma en mítines, conferencias de prensa, y marcha realizada el 6 de marzo de 2017.

Con la ejecución extrajudicial y tortura del compañero Humberto, el Estado intentó frenar la jornada nacional, sin embargo, ese crimen de Estado lejos de mellar el desarrollo de ésta, el pueblo y los familiares de nuestro compañero demostraron por la vía de los hechos la combatividad para exigir justicia y castigo a los responsables de sus ejecución.

Un crimen de semejante magnitud indudablemente genera indignación, dolor, pero cuando ésta se transforma en una razón para luchar, el terrorismo de Estado no constituirá el dique que impida exigir justicia, mucho menos detener la Jornada Nacional, porque es una necesidad impostergable desenmascarar con mayor combatividad las consecuencias que provoca el terrorismo de Estado y la represión como política de gobierno, como ha ocurrido en el arranque de la gira.

Veracruz es el siguiente estado a visitar, lugar con mayor índice de desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas de este aberrante crimen se organizaron para exigirlos vivos y castigo a los responsables. Con la organización y denuncia encontraron decenas de fosas clandestinas, el fiel testigo de dos crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Invitamos a todos los familiares a la Jornada Nacional de Lucha y juntos hagamos que a nuestras víctimas se les haga justicia.

Atentamente

¡Juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz!
¡Presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida del compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Alto al terrorismo de Estado!

¡Por la unidad obrero, campesino, y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

Navegar por las