TINTA SOCIALISTA. Javier Duarte de Ochoa y su gabinete deben ser enjuiciados por crímenes de Estado y de lesa humanidad

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Ciudad de México a 4 de marzo de 2017

Javier Duarte de Ochoa y su gabinete deben ser enjuiciados por crímenes de Estado y de lesa humanidad

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El gobierno que encabezó Javier Duarte de Ochoa es responsable de los miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos contra el pueblo en el estado de Veracruz durante su administración; periodo de gobierno que se caracterizó por seguir los designios del gobierno federal al implementar el “Operativo Veracruz Seguro”, con el cual se cometieron violaciones graves a los derechos humanos como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, principalmente jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.

Veracruz es la entidad federativa de México que ocupa el segundo lugar de personas detenidas-desaparecidas después de Guerrero, según datos oficiales; hecho que refleja de manera exponencial la magnitud del terrorismo de Estado. Los registros gubernamentales datan de más de dos mil casos de personas detenidas-desaparecidas, pero, familiares de las víctimas dicen que son cerca de 15 mil los detenidos-desaparecidos.

Casos que en su mayoría no se denuncian al ser amenazados los familiares de las víctimas por los mismos militares o las fuerzas policíacas, con la consigna de que si denuncian les va a suceder lo mismo que a su ser querido, en algunos es tanta la presión que prefieren irse de su lugar de origen. Los orillan a emigrar forzadamente por la violencia institucional que impera en la región, con esto se constituye otro crimen de lesa humanidad más el desplazamiento forzado.

Es el estado donde brotaron, como hongos, decenas de fosas clandestinas, la prueba fehaciente de los miles de crímenes de lesa humanidad. La reciente encontrada en Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz es considerada por los familiares de las víctimas como la más grande en toda América Latina, con más de 220 cuerpos contabilizados hasta el momento. En estas fosas se concretan dos delitos de lesa humanidad: la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, se deduce que las víctimas fueron sometidas a tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes.

Cada testimonio de los familiares de las víctimas señala a los militares, las fuerzas federales, las policías municipales, estatales y a grupos paramilitares como los responsables de privar de la libertad a sus seres queridos y ocultar su paradero. Estos crímenes no son hechos fortuitos o de mentes perversas son actos planeados y dirigidos contra una población desde el Estado mexicano.

Los crímenes de lesa humanidad en Veracruz tienen esencia económica, se perpetran principalmente en zonas donde pasan los principales corredores industriales como Córdoba-Orizaba, Ciudad Mendoza y en el Puerto de Veracruz, lugares donde las empresas trasnacionales tienen inversiones millonarias para acumular y concentrar su capital. Refleja su sello de clase, el odio de la minoría contra el pueblo que sólo defiende y lucha por mejores condiciones de vida.
Los familiares de las víctimas y organizaciones populares no debemos dudar en ningún momento de que las desapariciones forzadas son política de Estado, tienen patente en éste, de manera generalizada y sistemática se ejecutan contra el pueblo para contener e intentar inhibir el enorme descontento popular y acallar las voces de protesta.

Resulta absurdo que busquen al exgobernador Javier Duarte de Ochoa para que sea juzgado por actos de corrupción y mal versión del dinero público, y no se mencione nada sobre los detenidos desaparecidos, los ejecutados extrajudicialmente, las fosas clandestinas encontradas recientemente y la omisión de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), ante el reclamo de los familiares que buscan a sus seres queridos; tópicos que no tocan ni mencionan las autoridades, intentan desviar la atención con las propiedades encontradas y documentos como si fuera un hecho novedoso de un personaje o partido político.

La corrupción en México no es nueva, es una práctica que sexenio tras sexenio se comete con la complicidad de todas las estructuras e instituciones del Estado, la oligarquía nacional y transnacional, ningún estado ni político de oficio escapa de este fenómeno todos actúan para saquear los recursos naturales, sobre todo, los de carácter estratégico, la minería e hidrocarburos. No tiene que ver con la visión moralina sino que responde a claros intereses de clase.

Los gobiernos del estado de Veracruz y el federal deben ser juzgados por los miles de detenidos-desaparecidos en el país, por los ejecutados extrajudicialmente, crímenes de Estado y de lesa humanidad que no se deben olvidar, no se debe perdonar al responsable de éstos, hacerlo sería darles la razón y aceptar sus versiones absurdas. En específico Javier Duarte de Ochoa, su Secretario de Gobierno y los principales responsables del aparato policíaco-militar deben ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad en su modalidad de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Por comisión, aquiescencia y omisión son responsables de este crimen que lacera a todo el pueblo de México. El gobierno mexicano es indolente y omiso ante los reclamos y exigencia de los familiares, no les importa el dolor y la falta de un ser querido, hacen que investigan y dan carpetazo a los casos denunciados, piden a los familiares “pistas” como si fueran ministerios públicos, entregan osamenta de otra persona o de fauna para que ya no digan nada, toman muestras de ADN y las hacen pasar por “extraviadas” o presentan “verdades históricas” para que a los familiares les entre el desánimo, el desgaste y la frustración al ver que no se logra nada.

Contra eso se debe luchar, indignación y fortaleza es lo que debemos tener cada uno de los familiares de las víctimas y las organizaciones populares, por muy grande que sea el dolor debemos tener una razón para luchar y desenmascarar al Estado mexicano de esta política criminal. Por cada detenido-desaparecido, debemos lanzar la consigna ¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! ¡PRESENTACIÓN YA!, por cada fosa clandestina debemos señalar a los responsables y enjuiciarlos por crímenes de Estado y de lesa humanidad.

No perdonemos a los que siembran miedo y terror con la sangre de nuestros hijos, pueblo que cada vez incrementa las listas de detenidos-desaparecidos de manera exponencial; el miedo lo rompemos con la consigna en las marchas, en los mítines, en los foros, en el volanteo, en las acciones políticas de masas que señalen y evidencien a los responsables.

Ninguna ley burguesa por muy perversa que sea puede estar por encima del derecho a la vida, del derecho a exigir la presentación con vida de nuestros seres queridos; mientras no erradiquen esta práctica tan deleznable, la lucha no termina; mientras no se enjuicie a los perpetradores, las acciones políticas de masas deben continuar; mientras no se conozca la verdad histórica, la protesta y la denuncia en las calles son necesarias.

Rompamos el silencio, hagamos pedazos la indiferencia y superemos conscientemente el terrorismo de Estado. Hombro con hombro denunciemos y en cada acción política de masas dignifíquenos a nuestros detenidos-desaparecidos. En esta JORNADA NACIONAL DE LUCHA, LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO SON DEL PUEBLO, NO DESISTIREMOS ¡HASTA ENCONTRALOS! Invitamos a todos los familiares de las víctimas a sumar esfuerzos y en cada estado exijamos de manera conjunta a nuestros detenidos-desaparecidos.

A casi diez años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y a un año de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz exigimos su presentación con vida, dignificar su vida y lucha es la tarea, para no olvidar que por su condición política fueron detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano, no desistiremos ¡HASTA ENCONTRARLOS!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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