Continúa hostigamiento contra organizaciones sociales: FNLS

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El Heraldo de Chiapas
8 de octubre de 2016

REDACCIÓN

EL HERALDO DE CHIAPAS

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en Chiapas condenaron los actos de terrorismo de Estado que se gesta contra el movimiento estudiantil popular en Chiapas y el país.

En un comunicado, aclararon que el Estado mexicano intenta frenar el trabajo de denuncia de organizaciones populares y de derechos humanos a nivel nacional e internacional, "por desenmascarar la política del gobierno mexicano en su práctica de terrorismo de Estado perpetrando crímenes de lesa humanidad a través de sus fuerzas policiaco-militares y paramilitares contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos, activistas, es decir, contra el pueblo organizado y no organizado en el país".

Por ello como FNLS, dijo, "puntualmente hemos hecho público el acoso y seguimiento policiaco-militar del que somos objeto desde nuestra conformación en el 2006 y mucho antes como MDI (Movimiento Democrático Independiente), ya no sólo el hecho de criminalizar la lucha y protesta popular como parte de su campaña de desprestigio y restar simpatía en la necesaria organización popular, sino que, de esta campaña de criminalización a través de los medios masivos de comunicación, voceros y plumas mercenarias del gobierno mexicano ha justificado el plan del Estado para perpetrar masacres, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas contra el pueblo organizado y no organizado".

En su caso, especificaron, "una serie de agresiones policiaco-militares y paramilitares en la región de Ocosingo y en el país donde tenemos presencia y arraigo popular, asesinatos, intento de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".

Además, evidenciaron que el seguimiento, persecución y hostigamiento por parte de inteligencia policiaca militar contra el movimiento popular ha sido puntual y en particular hacia el FNLS, por una sola razón: "Cortar a través del terror que genera la constante persecución, hostigamiento y amenazas por diferentes medios la solidaridad con el pueblo y los familiares víctimas de los crímenes de Estado. Hecho que se comprueba con las denuncias que hicimos públicas en el marco de la Gira Nacional: Desaparición Forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad".

Explicaron que dicha gira inició en la capital de Oaxaca, y a lo largo de la Gira Nacional se denuncia la presencia física de inteligencia policiaca-militar o del CISEN, de mujeres y hombres vestidos de civil o con uniforme recabando todo tipo de datos (nombres, fotos, videos y audios), para informar en tiempo real a sus superiores el curso del evento que diera a conocer la resolución jurídica 29/2014 donde ordena la apertura de los cuarteles, zonas y campos militares en la búsqueda para dar con el paradero de los dos luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, "resolución jurídica que sienta un precedente en la búsqueda de los desaparecidos en el país".

Comentaron que el seguimiento policiaco militar y del CISEN que se presentó en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla y demás cedes de la Gira Nacional lo hicieron con agentes vestidos de civil y se hicieron pasar como "periodistas", "asistentes", "empleados" con o sin la careta de policía o militar. "¿Coincidencia? No, el acoso, seguimiento, hostigamiento y vigilancia es política de Estado para perpetrar crímenes contra quienes desenmascaran su política de terrorismo de Estado, contra toda voz disidente al régimen actual", explicaron.

2 DE OCTUBRE

Recordaron además que el 2 de octubre en San Cristóbal de Las Casas se convocó a una movilización del pueblo para conmemorar la masacre perpetrada por el Ejército y paramilitares esa misma fecha pero de 1968 contra estudiantes y pueblo trabajador, "hecho histórico en que se exige al Estado mexicano asuma su responsabilidad respecto a ese crimen de Estado y, a su vez, se exige el alto al estado policiaco militar que va dejando miles de víctimas en todo el país como parte de la política de terrorismo de Estado. Inocultable esta práctica del gobierno federal al comprobarse la participación de las distintas corporaciones policiacas, militar y paramilitar, en cientos y miles de casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el país".

Agregaron que ese día el pueblo identificó y desenmascaró a un agente militar vestido de civil, "no supuesto, sino un militar activo de apellido ’Sánchez’ que por mando superior monitoreaba la marcha estudiantil-popular convocada por el pueblo organizado y al que se sumó el pueblo no organizado. Este militar vestido de civil, antes y durante la marcha estuvo tomando notas y evidencias en videos y fotos mandándolo a una red denominada ’Cazadores’, situación a la que se concluye que no estaba solo, sino todo un despliegue de elementos para labor policiaca dentro y fuera de la manifestación".

Se cuestionaron: "¿Cazadores? ¿Cazar a quién o quiénes? La presencia de policías y militares monitoreando la manifestación pone en evidencia los planes del Estado mexicano por ejecutar nuevos crímenes en contra del movimiento estudiantil y popular en Chiapas y en particular contra militantes del FNLS. De cualquier intento, el Estado mexicano es responsable indudablemente de ello".

Aseveraron que los años que como FNLS "llevamos en la exigencia de presentación con vida de todos y cada uno de los miles de detenidos desaparecidos en el país a lado del pueblo, familiares, defensores de los derechos humanos y personas solidarias y sensibles, hemos señalado que los crímenes de ’lesa humanidad’, lejos de ser un hecho aislado o acciones del ’crimen organizado o del narcotráfico’, afirmamos que tanto las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás crímenes de ’lesa humanidad’ es política de gobierno perpetrada por las fuerzas castrenses (policías, militares y paramilitares) y como ejemplo de ello, el 2 de octubre del año de 1968 contra el movimiento estudiantil-popular, el 10 de junio de 1971 conocido como ’El Alconazo’, las víctimas de la guerra sucia, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, entre otros".

En ese sentido, responsabilizaron al representante del poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; al presidente municipal sancristobalense, Marco Antonio Cancino; al comandante de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo, Carlos Ramón Carrilllo del Villar y al militar "Sánchez" de la integridad física y sicológica de cualquier integrante de las organizaciones convocantes a la movilización del 2 de octubre.

En este contexto, solicitaron a las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos (CEDH-CNDH) a que en la medida de sus atribuciones hagan llegar sus llamados y recomendaciones al Estado mexicano para garantizar en plenitud la libre manifestación y expresión.

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