DECLARACIÓN POLÍTICA

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XALAPA DE ENRIQUEZ VERACRUZ, JUNIO DE 2016
DECLARACIÓN POLÍTICA
A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
AL PUEBLO DE MEXICO:

Hablamos de los trabajadores de la educación
Para abarcar a los conserjes y administrativos, los
“olvidados” de esta lucha, pero cuando la
“Autogestión” en las denominadas escuelas de calidad
Entre en operación serán los primeros en ser lanzados
Sutilmente a la calle como un “acuerdo”
Entre profes y la sociedad de padres de familia…

La entrada en operación de la Ley neoliberal –por medio de las denominadas leyes secundarias− que corresponde netamente aspecto laboral de los trabajadores de la educación en los ámbitos federal y estatal en todo el país, en sus niveles de educación básica, día a día se ratifica con una normatividad punitiva y opresora que favorece únicamente a la parte patronal, es decir, al Estado mexicano y a la oligarquía, como lo exige el régimen.

Régimen neoliberal que de forma autoritaria y criminal pretende nulificar la esencia humanista y social a la educación pública y al trabajo digno de la planta laboral de los asalariados de la educación con el falso cliché gubernamental de la educación de calidad, como lo muestra la represión masiva en Chiapas, Guerrero y las ejecuciones extrajudiciales en la masacre de Asunción de Nochixtla, Oaxaca en contra del movimiento popular-magisterial.

Ley de esencia neoliberal, impuesta ─contra de la voluntad e intereses populares─ desde las instituciones del Estado mexicano, por mandato del poder oligárquico nacional y transnacional, vía el poder legislativo el cual es hegemonizado por las fuerzas más reaccionarias y conservadoras de la democracia burguesa, el PRI y PAN, secundado por las fracciones más serviles y corruptas del PRD y toda la calaña de partidos políticos electorales, sus políticos de oficio que levanta dedo y proclama sesudos discursos a como lo exige el interés burgués y el régimen neoliberal.

Las leyes secundarias que están siendo materializadas en el país de forma autoritaria y criminal, principalmente la laboral-“educativa”, que inicio con una ofensiva general que consistió en la manipulación de la información con respecto a las “bondades” de dicha reforma, conjugada con el linchamiento mediático de los trabajadores de la educación que se oponen a ella por opresora y represiva, pero principalmente a los integrantes de la CNTE.

Así como creció, el descontento y la lucha popular el territorio nacional contra la reforma-Ley, está saco los dientes y la garras cual bestia; se endureció el castigo administrativo-policíaco hacía toda la planta laboral de los trabajadores de la educación, dirigiendo el golpe fundamental hacia la CNTE, en un nuevo intento de someter y eliminar la disidencia general y organizada de los trabajadores de la educación.

Ley que retrocede y nulifica las elementales condiciones dignas para el desempeño laboral, al imponer por medio de toda la fuerza del Estado, relaciones empresariales de patrón-asalariado del área de la producción de bienes de existencia, al campo de la educación pública, en nombre de una supuesta eficiencia y calidad en la docencia, que es sinónimo de mayor explotación y opresión política. Quién no se someta al nuevo marco constitucional opresor, es lanzado a la calle sin derecho laboral-jurídico que lo ampare y defienda como se encuentra la mayoría de los asalariados formales e informales del país. Desaparecer la seguridad social al deteriorar premeditadamente a las instituciones públicas encargada de la atención a la salud y la seguridad social de los trabajadores en activo y jubilados, que es la antesala de la privatización absoluta de estos Derechos Humanos y Constitucionales de los trabajadores de la educación.

Y en lo particular, aplicar la toda la fuerza represiva y el terror del Estado policíaco-militar en contra del magisterio democrático, principalmente dirigido contra las zonas más consecuentes y combativas de la CNTE, despliegue represivo de forma masiva y detenciones selectivas de los representantes de las secciones que ha persistido en la representación legitima y en la férrea defensa de los intereses de todos los trabajadores de la educación agremiados en el SNTE.

Quedando al descubierto que uno de los objetivos principales de la anteriormente denominada falsamente, reforma educativa es modificar el marco constitucional en materia laboral de los trabajadores, para poder explotar y oprimir con todas las de la “ley” a los trabajadores de la educación, pero principalmente es la persecución, criminalización y represión administrativa, psicológica y física de los asalariados, ahí reside la esencia castigadora de la ley al considerar transgresor al trabajador que difiera, se organice y luche en contra, de las políticas y medidas antipopulares y represivas que de ella emanan.

Por lo consiguiente, el linchamiento, persecución, criminalización, tortura, ejecuciones extrajudiciales y la cárcel hacia la representación de la disidencia gremial del SNTE, tiene fundamentalmente motivos de clase, y por lo tanto, son de carácter político, que se generan de la resistencia y lucha de los trabajadores de la educación por la defensa de la educación pública y el trabajo digno, y, en contra del Estado y la oligarquía nacional y transnacional, que en su antipopular determinación trata de imponer al costo que sea la privatización de la educación pública y eliminar el desempeño laboral como la actividad social que dignifica humanamente al trabajador.

En suma es la confrontación de clases: de uno lado, uno de los sectores populares más insignes en la permanente trayectoria de lucha del pueblo trabajador mexicano contra el poder burgués, el movimiento popular magisterial, que su emblemático referte histórico es la CNTE.

Con respecto a la calidad educativa sólo es un discurso propagandístico pro empresarial que bombardea mediáticamente de forma sistemática magnificando perversamente los paliativos, las obras efímeras y de relumbrón, que por medio de empresas privadas pretenden maquillar las carencias de: planta laboral insuficiente de los trabajadores de la educación, infraestructura digna para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, material didáctico y pedagógico suficiente, y, en tiempo y forma; y principalmente ejercer el Derecho Humano y Constitucional de un trabajo humanamente digno con un salario con poder adquisitivo suficiente para que las familias de los trabajadores de la educación alcancen una vida digna mientras ejerce como mentor en activo y mantenerla una vez concluido su servicio como servidor público. Y por democracia sindical.

La evaluación a la planta de docentes tiene un carácter coercitivo y discriminatorio porque no busca elevar el conocimiento y técnicas didácticas de los profesores, sino tener los instrumentos administrativos-jurídicos para mantener en constante presión laboral a la planta docente en generar, la competencia insana entre ellos, que es trabajar y vivir en constante incertidumbre por el amague permanente de la pérdida del empleo, por “incompetentes” de acuerdo a un examen que no corresponde a la idiosincrasia del pueblo, a la historia de la educación y realidad mexicana, solamente es parte del andamiaje de la privatización de la educación a la sombra de la presunta educación de excelencia.

El plan del Estado de imponer la Ley neoliberal, en materia laboral disfrazada de educativa, en el marco Constitucional-formal esta consumado, no así en la vía de los hechos, pues dicha ley no es consenso nacional, ni al interior del gremio de los trabajadores de la educación, ni en los diferentes sectores populares, organizados y no organizados. Mientras persista la divergencia contenida y expresada en los distintos extractos sociales, la inconformidad gremial constituida legítimamente en disidencia política y la unificación de las organizaciones populares, a las demandas y consignas del movimiento magisterial-popular la resistencia y lucha organizada para detener la operación de las leyes secundarias, la lucha se mantendrá perene y combativa.

La cerrazón a la atención a las demandas del movimiento magisterial-popular, la consecuente represión con la respuesta única y principal del Estado mexicano, que autoritariamente quieren imponerla la “decisión individual” de uno de sus flamantes personeros del régimen, no es ni remotamente creíble y menos aún plausible, pues este proceder demagógico-represivo es el que desarrolla el Estado mexicano en todos los ámbitos de las diferencias y lucha de clases que prevalecen en el país como parte inherente del capitalismo. Explotar, excluir, reprimir, oprimir, eliminar y cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo es naturaleza del Estado y el régimen.

Es este bosquejo del contexto político-social de la lucha popular-magisterial contra la reforma laboral-“educativa”, hoy consumada como Ley, en que se dan los acontecimientos criminales de Asunción de Nochixtlan, perpetrados por el aparato policíaco-militar. De nueva cuenta sólo cuando corre sangre del pueblo, y, la indignación y solidaridad se levanta al unisón, con la perspectiva de generalizarse en todo el país se abre el “diálogo” si dejar de ser autoritario y tramposo.

Por ello, la renuncia de un funcionario público por “soberbio y arrogante”, la sustitución de un líder charro por otro igual, no es la solución a la demandas del movimiento popular-magisterial ─por la defensa de la educación pública y el trabajo digno─; ni menos pueden ser olvidados los ejecutados en la masacre del domingo 19 de junio.

Las condiciones mínimas para un diálogo debe ser: 1) la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos del movimiento popular-magisterial; 2) retiro de los cuerpos policíacos-militares del conflicto político, educativo y laboral entre los trabajadores de la educación y el Estado mexicano; 3) inicio de la investigación, juicio y castigo a los agentes del Estado que dispararon a mansalva contra el contingente popular-magisterial; 4) el inicio de abrogación y/o abolición de la Ley neoliberal laboral-“educativa”.

El diálogo debe ser público en el que participe la CNTE como principal representante e interlocutor de los trabajadores de la educación, así como las otras expresiones políticas que conforman la disidencia del gremio, representantes del Estado, el poder legislativo, la comisión de intermediación y los especialistas de la educación que enviaron la misiva al secretario de educación pública.

Si hay fuerzas progresistas de partidos políticos electorales en alianza con sectores de los trabajadores de la educación, su deber es impulsar desde las cámaras ─baja y alta─ del poder legislativo el proceso de discusión para la abrogación y/o abolición de tan infame Ley.

Las movilizaciones y acciones políticas de masas, en el auge de la laucha de clases todas son legítimas y necesarias, la censura, descalificación y deslinde contribuyen a la ofensiva del Estado.

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE
¡Ni con tanque ni metrallas al pueblo se le calla!
¡Escuela por escuela, zona por zona! ¡El maestro exige a diario! ¡Democracia y más salario!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular! FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO  

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