Boletín de prensa. 10 de junio no se olvida

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México, 10 de junio de 2016

A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y POPULARES

A LOS PROFESIONISTAS HONESTOS Y PERSONALIDADES PROGRESISTAS

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NO

La masacre del 10 de junio de 1971 contra estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y estudiantes de otras escuelas, perpetrada por el grupo paramilitar denominado los Halcones, que eran militares y policías en activo vestidos de civil, es un crimen de Estado y de lesa humanidad que ordenó el entonces presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, quien murió sin ser castigado, como lo que era un genocida, no sólo por este crimen sino por la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre del 68.

Las demandas económicas, sociales y políticas del conjunto del movimiento popular en décadas anteriores a los años 70´s, que fueron las luchas de ferrocarrileros, electricistas, médicos, telegrafistas, maestros y campesinos, se constituyeron en demandas de carácter nacional y popular, posteriormente en derechos constitucionales. Que al no ser cumplidos cabalmente por el Estado como lo establecía la Constitución, en el aspecto del ejercicio pleno de los derechos fundamentales en este caso por una educación gratuita, pública, científica y popular; por la autonomía y democratización de la vida universitaria, demandas que a la fecha siguen siendo enarboladas.

El movimiento estudiantil-popular de esa época era de alcance nacional, expresado en las manifestaciones que se dieron en Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Valle de México como las principales, en las cuales la única respuesta fue la brutal represión del aparato policiaco-militar. Confirmándose una vez más que la represión sistemática ha sido y sigue siendo la respuesta del Estado a las justas demandas del pueblo indómito.

Represión que se instrumentó mediante la persecución, el hostigamiento físico y verbal, prisión, tortura, ejecuciones extrajudiciales y la detención-desaparición. En todas estas prácticas y crímenes su motivación era de carácter político, al ser el blanco de éstas el pueblo organizado, movimiento estudiantil, críticos al sistema, luchadores sociales, militantes de las organizaciones armadas revolucionarias, el verdugo siempre fue el mismo, el aparato policíaco-militar y paramilitar.

Antecedente del pasado histórico inmediato que nutre la memoria colectiva del pueblo organizado y en pie de lucha, que de forma ininterrumpida exige juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de la múltiple y sistemática violación de los derechos humanos y constitucionales, como son los crímenes de lesa humanidad. La estirpe de oligarcas y políticos de oficio de esos tiempos son los criminales de hoy; que perpetuados en el poder burgués cuya investidura política es sinónimo de impunidad para continuar esquilmando y oprimiendo al pueblo trabajador.

Crímenes de Estado que se han diluido, y por lo tanto permanecen impunes, con argumentos grotescos y trampas leguleyas, porque desde las mismas instituciones de administración e impartición de justicia, se protege y absuelve a los agentes del Estado y gobernantes en turno, verbo y gracia, Luis Echeverría Álvarez por la masacre del 68 y el 71 contra el movimiento estudiantil-popular cuando fue secretario de gobernación y ejecutivo federal, respectivamente. Que bajo la concepción y decisión de clase que era combatir “la conjura comunista”, como lo hiciera su otrora jefe, el genocida de Díaz Ordaz.

Zedillo fue responsable de la Institucionalización de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) y junto con Emilio Chuayfet Chemor de la masacre de Acteal, que a pesar de haber sido llevado el caso a instancias internacionales, resultó absuelto por ser un esbirro de la burguesía nacional y el imperialismo; como tampoco fueron enjuiciados por violadores de los Derechos Humanos y criminales Rubén Figueroa padre e hijo, el primero ya muerto de manera natural, responsables de más de 600 detenciones-desapariciones en Guerrero por motivos políticos entre ellos el caso emblemático de Rosendo Radilla Pacheco que a pesar de la sentencia emitida por tribunales internacionales el gobierno federal lo resolvió con el clásico “usted disculpe”; y la masacre de aguas blancas el 28 de junio de 1995.

El otro caso emblemático de detención-desaparición forzada por motivos políticos es el de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, revindicados por el PDPR-EPR, que por la persistencia de familiares, organizaciones de derechos humanos y populares en lucha por su presentación con vida obtuvieron la resolución judicial federal ―19/2014― que exige la investigación a las instancias gubernamentales, la apertura de cuarteles y zonas militares para la búsqueda de los dos detenidos-desaparecidos del EPR; de igual forma acontece contra la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, crimen en el que se pretende diluir y eludir la responsabilidad del Estado mexicano con el intento de imponer la “verdad histórica” y otras mentiras.

Por la esencia de clase del estado de derecho oligárquico está probado que no sancionará a los criminales de Estado, como tampoco, serán encontrados culpables de sus crímenes por los organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional, porque ambas instancias están diseñadas para favorecer al poder burgués local y al imperialismo.

Verdugos del pueblo que se han encumbrado y perpetuado en el poder como políticos de oficio, como lo muestra el recién pasado proceso electoral donde fueron “electos” personajes que tienen denuncias y procesos judiciales por delitos del fuero común y crímenes de lesa humanidad. Proceso electoral que en cada votación se ratifica sólo como una disputa interburguesa por cotos de poder económico y político; de nueva cuenta el electorado que aún confía en esta forma de lucha y los que fueron obligados a votar por hambre y terror, su participación culmina siendo un proceso de legitimación del poder burgués.

A más de tres décadas de instaurado de forma violenta en México el régimen neoliberal, como una exigencia del capital nacional y transnacional, ha pulverizado la esencia humana y social de las conquistas populares que alcanzaron rango constitucional –artículos 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 11º, 27º, 123º…,– a través de la imposición de las leyes neoliberales que todo lo privatizan y destruyen para beneficio de unos cuantos oligarcas y desgracia de las amplias masas trabajadoras, dejado una estela de pobreza, hambruna, miseria, opresión, duelo y muerte a lo largo y ancho de la República mexicana.

En la administración de Felipe Calderón, se desarrolló una guerra frontal contra todo el pueblo que pretendió encubrir con el falso combate al narcotráfico y la delincuencia organizada que dejó cientos de miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad; desde la imposición de Enrique Peña Nieto los golpes fueron selectivos y directos a los sectores populares organizados y en lucha, concretamente a los proyectos organizativos que han persistido por décadas: la CNTE, el movimiento estudiantil de la UNAM, UMSNH, FECSUM, y el politécnico, este último mediatizado con la perversidad de Osorio Chong y los medios de comunicación que presionaban a los estudiantes y los trabajadores para que abandonaran la lucha.

De nueva cuenta surge el descontento, se levantan los politécnicos de las vocacionales, ante el incumplimiento de las autoridades del IPN y del Estado mexicano al echar abajo los acuerdos tomados como resultado de la anterior lucha al querer imponer programas privatizadores neoliberales en planes de estudio y en la normatividad del instituto.

Para poder llevar acabo los planes de la oligarquía nacional y trasnacional en el país, que es imponer el régimen neoliberal a toda costa, lo cual originó la protesta popular principalmente en los sectores afectados, el magisterio democrático, estudiantes, campesinos, ambientalistas y los familiares de las víctimas de la ejecución extrajudicial desaparición forzada, se impone el Estado policiaco-militar y paramilitar encargado de desplegar el terror contra el pueblo.

Contexto de crimen y terror de Estado hacia el pueblo en general y de forma específica hacia el movimiento popular que se organiza y lucha de manera independiente. Fue que a manera de represalia política se ha golpeado a nuestra organización nacional –FNLS– asesinando a nuestro compañero Héctor Sántiz López, hiriendo de bala a 3 militantes de la OCEZ, el intento de ejecución extrajudicial en contra de cinco miembros del FNLS hiriendo a: Jesús Hernández Reyes, Matías Flores Hernández y Rubicel Hernández García este último compañero se encuentra actualmente en estado parapléjico; la detención-desaparición de Fidencio Gómez Sántiz, todas acciones represivas fueron por motivos políticos; por luchar por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos, la libertad de los presos políticos y el juicio y castigo a los perpetradores de ejecuciones extrajudiciales.

Los sectores populares debemos cerrar filas de forma organizada y combativa para exigir sin anteponer demandas particulares, formas y métodos de lucha, el juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de todos y cada uno de los crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos contra el pueblo

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE

¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

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