Análisis y opinión. Al gobierno de Mariano Díaz Ochoa le interesa más el turismo que los detenidos desaparecidos

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Ciudad de México, a 26 de mayo 2022
A la opinión pública

Al gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, representado por Mariano Díaz Ochoa, le interesa más el turismo que el flagelo de los detenidos desaparecidos; política de gobierno que manifiesta desprecio, indolencia e indiferencia a las víctimas indirectas que exigen la presentación con vida de sus seres queridos.

Práctica institucional que revictimiza a los familiares, quienes se enfrentan a las políticas institucionales que impiden dar con el paradero de las víctimas de este flagelo, conocer la verdad de los hechos y enjuiciar a los responsables, aunado a ello, se agrega el desprecio de las autoridades locales por manifestarse en las plazas públicas con los rostros de sus seres queridos.

Las manifestaciones son protestas del pueblo organizado y no organizado, no se hacen por simple capricho u ocurrencias personales, surgen por una necesidad política, ante una serie de violaciones o restricciones a los derechos humanos que comete el gobierno mexicano contra el pueblo que exige o demanda el cumplimiento de sus demandas.

En este caso hacemos uso del derecho a la protesta para exigir al gobierno mexicano la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; la libertad de los presos políticos, en particular la de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro; alto a la persecución política contra integrantes del FNLS y alto a la represión contra el FNLS.

Exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos no es ningún delito, mucho menos un acto agresivo, es un derecho humano y constitucional que no está sujeto a leyes, reglamentos municipales, capricho de funcionarios o agentes policíacos, en tanto, que la exigencia es por justicia, verdad, libertad, presentación y el derecho a la protesta, derechos que ponen por encima la vida y la dignidad humana.

Los argumentos de Pedro Palomino, subdirector de la Policía Municipal, “se pueden manifestar, pero no pueden poner ninguna carpa”, en los hechos criminaliza la protesta popular y condiciona este derecho, a su vez transgrede los derechos que van implícitos como: libertad de expresión y manifestación de ideas, libertad de asociación y libertad de reunión.

Al llamar agresivos a los compañeros incita a justificar la represión y las agresiones policíacas en contra de nosotros. El pueblo de ninguna manera es agresivo o violento, éste sólo se protege de las políticas represivas de los cuerpos policíacos, quienes son los que actúan con prepotencia, indolencia y abuso de autoridad.

Los cuerpos represivos son los que ejercen la violencia institucional tienen toda la estructura que les otorga el gobierno mexicano para ejercerla, además de tener la orden directa de sus mandos superiores, por tanto, el hecho de que intentarán quitar a los compañeros de la plaza pública de La Resistencia y la Paz obedece a una política de gobierno, la de silenciar toda voz de protesta que impulsa el pueblo trabajador, esa es la política de gobierno que emana del partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Nuestra actividad política no es de ninguna manera un campamento, pues no estamos de día de campo, es un plantón popular que año con año realizamos en el marco de la semana internacional del detenido desaparecido, del 25 al 30 de mayo, fecha que es rememorada por los familiares de las víctimas de este flagelo, organizaciones populares y de derechos humanos, por tanto, no es nuevo lo que hacemos, es del pleno conocimiento de los gobiernos federal, estatal y municipal en turno, por tanto, lo que hagan o digan tiene la intención de acallar las voces de protesta.

Las plazas son públicas y no se necesita un permiso para protestar, lo que expresan los funcionarios municipales de pedir permiso es una política autoritaria y reaccionaria de gobiernos que impiden todo tipo de manifestación. No sorprende que el gobierno municipal trate de impedir ese derecho y dé prioridad a las demandas empresariales en lugar de atender los casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Es indolente señalar, si se ponen el turismo no va a pasar, como si la exigencia de presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada ahuyente a todo el turismo, y genere pérdidas económicas al ayuntamiento; con esos argumentos el gobierno municipal no sólo coloca con desprecio a las víctimas de este flagelo, sino que expresa las exigencias de las cámaras empresariales que siempre ponen por delante el mezquino interés en torno al dinero.

En el argumento de los funcionarios municipales va implícita la demanda de los empresarios, visto de esa manera se convierten en fieles servidores de los dueños del capital, quienes son los que exigen la aplicación del estado de derecho, los primeros en exigir que se reprima al pueblo que protesta.

Las actividades de protesta son legítimas, una forma de expresión para manifestar el descontento, preocupación o repudio a las políticas antipopulares, represivas o autoritarias de los Estados. El descontento surge ante una necesidad política, una serie de violaciones o restricciones a los derechos humanos que comete el Estado contra el pueblo que exige o demanda el cumplimiento de sus demandas más sentidas.

La protesta es un derecho humano, es el derecho del pueblo a manifestarse a través de diferentes formas políticas que considere pertinentes para que su voz sea escuchada y sus demandas atendidas, lo puede expresar de diferentes maneras, desde plantones, mítines, marchas, huelgas, toma de espacios públicos, volanteo carretero entre otras, por tanto, lo que hacemos no es ningún delito, es nuestro derecho y obligación del gobierno atenderlas, de lo contrario, se convierte en un gobierno que viola los derechos humanos, ya sea por omisión, comisión o aquiescencia.

La lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos continuará mientras el gobierno mexicano no dé con el paradero de las víctimas, se conozca la verdad de los hechos y se enjuicie a los responsables materiales e intelectuales de tan deleznables crímenes.

Las plazas públicas, las calles o cualquier espacio público serán utilizados como espacio de denuncia, no vamos a renunciar a ellos mientras las graves violaciones a los derechos humanos se cometan contra el pueblo organizado y no organizado. Si nuestras demandas no son escuchadas las razones para protestar nos asistirán. ¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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