Armando Hernández Sánchez: dos años en prisión por motivos políticos

Chiapas, México. 28 de septiembre de 2021

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Armando Hernández Sánchez: dos años en prisión por motivos políticos

El día de hoy 28 de septiembre se cumplen dos años de la detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez, acto criminal y represivo objetivado por el gobierno chiapaneco. A dos años de haberse cometido esta grave violación a los derechos humanos seguimos exigiendo su libertad inmediata porque nuestro compañero es un preso político, el gobierno lo encarceló como forma de castigo por su militancia en una organización independiente, por luchar por justicia, por defender el derecho a la tierra y por exigir mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador.

Armando forma parte de una lista larga de luchadores sociales que el Estado ha encarcelado con el objetivo de intentar detener la voces de lucha y protesta que defienden los derechos del pueblo; como FNLS tenemos a cinco presos políticos más, Javier González Díaz, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez en Chiapas, Leobardo Reyes Meza en Michoacán, e Higinio Bustos Navarro en Veracruz, todos ellos, recluidos en tiempos de la 4T.

Nuestro compañero es habitante del ejido Nueva Altamira en el municipio de Acala, Chiapas, trabaja en el campo y en la construcción para llevar el sustento a su familia, es autoridad en su comunidad, tiene el cargo de comisariado ejidal, participa activamente con todos los pobladores del ejido en las jornadas de lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por la defensa de la lucha por la tierra, por esa labor, la comunidad ha sufrido hostigamiento policíaco, incursiones militares, el gobierno ha querido desarticular la organización dentro de la comunidad, a eso responde la detención de nuestro compañero.

La detención arbitraria, tortura y encarcelamiento de Armando es un acto represivo, su reclusión carece de total sustento jurídico, porque, la Fiscalía General del Estado (FGE) se basa en una Carpeta de Investigación fabricada, con delitos y pruebas falsas, por tanto, lleno de inconsistencias y contradicciones, prueba de que la administración gubernamental utiliza la ley de forma perversa para encarcelar a los luchadores sociales.

El gobierno chiapaneco pretende hacer pasar a nuestro compañero como un delincuente común, por eso lo acusa de robo con violencia, dicha imputación es totalmente falsa, es un invento de la FGE para fines represivos. Nuestro compañero es un luchador social y por eso está encarcelado. Son dos años que nuestro compañero se encuentra encarcelado sin haber cometido delito alguno, únicamente por ser consecuente con sus ideales de lucha.

Cabe recordar que Armando fue víctima de tortura, fue sometido a tratos crueles e inhumanos en un lugar no oficial, es decir, un centro de tortura que la policía mantiene oculto para cometer este tipo de crímenes. En la tortura armando no fue cuestionado por el supuesto robo, sino que fue cuestionado y amenazado por participar en actividades políticas de protesta en exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por justicia.

Uno de los encargados de implementar el plan represivo contra nuestro compañero fue Jorge Luis Llaven Abarca, ex Fiscal General del Estado, funcionario que ha sido señalado incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por haber cometido actos de tortura y asesinato en contra de personas en sexenios anteriores. Llaven Abarca es un represor que ha recibido como premio por su labor criminal un curul en la Cámara de Diputados.

La tortura en Chiapas no es investigada, porque así se protege a los responsables, por ello, la denuncia que se hizo por tortura contra Armando fue desechado. La FGE busca anular la defensa jurídica de nuestro compañero, se impone la maraña leguleya de la institución de “justicia” para mantener encarcelado a Armando y tratar así de dictarle condena, mientras que el torturador permanece libre.

El próximo 11 de octubre la FGE acordó dar inicio con la audiencia de etapa intermedia, luego de dos largos años de espera, sin embargo, el camino que se vislumbra dado el manejo que hace el gobierno chiapaneco de la ley, es consolidar la injusticia, es decir, prolongar un tiempo mayor la reclusión injusta de nuestro compañero con la imposición de una sentencia condenatoria.

Las detenciones arbitrarias de nuestros compañeros ha sido validada y respaldada por el gobierno federal, porque, sus instituciones como la SEGOB, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Migración y Población, y el propio Ejecutivo Federal tienen pleno conocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra nuestros compañeros, a pesar de ello, nada hacen para detener dichas injusticias, lo que se traduce en el respaldo federal a la violencia contra el pueblo organizado.

Van tres años de la administración morenista a nivel estatal y federal, tiempo en el que no ha cesado la represión contra el pueblo, materializado en paramilitarismo, desplazamiento forzado, tortura, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos por motivos políticos, despojo de tierras…clima que nos convoca como víctimas de la represión y como movimiento popular a redoblar esfuerzos para mantener las acciones políticas de masas encaminadas a frenar la represión, exigir justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y libertad de los presos políticos.

¡El tiempo que el Estado mantenga presos injustamente a nuestros compañeros será el tiempo en el que sigamos impulsando la lucha por su libertad!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo