Análisis y opinión. La respuesta institucional a las demandas populares es simulación, indolencia, dilación y desgaste

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Ciudad de México a 2 de septiembre de 2021

A la opinión pública

La simulación, indolencia, dilación y desgaste es la respuesta del gobierno mexicano a las demandas de justicia de los familiares que exigen la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y libertad a los presos políticos en el país; política de gobierno que no es nueva, es la misma que practicaban las administraciones priistas y panistas contra el pueblo en general y en específico contra el pueblo organizado.

El gobierno federal hace malabares lingüísticos, en el discurso intenta maquillar la realidad que vivimos millones de mexicanos. Mediáticamente dice una cosa y la cotidianidad expresa otra muy distinta, de ahí que los fines institucionales sean sólo mediáticos mas no con la intención de resolver las necesidades inmediatas y de justicia de las masas trabajadoras.

Desde la oficialidad se ha dicho que, no hay necesidad de manifestarse, puesto que está un gobierno que atiende las necesidades del pueblo, no obstante, respecto a la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, la respuesta ha sido la simulación, prometen que van a resolver, pero en los hechos aplican la política de oídos sordos, aunque mediáticamente señalen que sí atienden.

Los funcionarios que reciben a los familiares de las víctimas de la violencia institucional les agenda reuniones, pero no resuelven la demanda, se la pasan de reunión en reunión y la respuesta es la misma, algunos funcionarios cínicamente se atreven a decir que la única respuesta que tiene el gobierno al respecto es la reparación económica.

Es perverso lo que proponen desde el gobierno federal porque el dinero no va a sustituir a un familiar que fue arrancado de su hogar violentamente, su vida y presencia física no tienen precio, los quieren tasar como mercancías para silenciar las voces de protesta y mantener la impunidad para los perpetradores.

La administración federal públicamente argumenta que se han reunido con colectivos y organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, no obstante, los resultados no han sido los esperados para hacer justicia a las miles de víctimas de la violencia institucional, en los hechos los funcionarios y políticos de oficio simulan que atienden, pero no resuelven las demandas principales de dar con el paradero de la víctima, enjuiciar y castigar a los perpetradores, así como conocer la verdad de los hechos.

Otro argumento que enuncian los funcionarios del gobierno actual en cada reunión de trabajo es que no pueden intervenir en asuntos de otros estados porque respetan su “autonomía”, en ese sentido, aunque se trate de graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, desaparición forzada o detenciones arbitrarias no van actuar por el supuesto respeto “a la autonomía”, visto de esa manera el gobierno federal elude su responsabilidad en el cometido de miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad en toda la geografía mexicana.

Política de gobierno que mantiene a las víctimas directas e indirectas en completa indefensión, además de revictimizarlas, con ese argumento lejos de erradicar el problema abona a la repetición de los mismos, expresa indolencia y desprecio a la vida de miles de personas que han sido arrancadas violetamente de su seno familiar.
No basta con escuchar a las organizaciones, ni los buenos deseos de terminar con la violencia, se necesita poner fin a la impunidad, alcanzar la verdad y la justicia, para que los perpetradores sean enjuiciados y castigados.

Algunos funcionarios, cuando las actividades de protesta son desde un plantón o mitin, antes de escuchar el motivo de la protesta responden a la defensiva al señalar, no vamos a ceder a “chantajes”, y si los atendemos no es por su manifestación, aquí se atiende a todo mundo, no hay necesidad de que hagan esto, cínicamente agregan, los vamos a atender, pero quiten su manifestación o determinadas mantas que tienen exhibidas en la calle.

Exigir los derechos y libertades políticas del pueblo no son actos de “chantaje”, sobre todo cuando desde la institucionalidad se niegan a cumplirlos. Señalar que quiten las mantas o se retiren de su actividad para poder platicar es un argumento conservador y autoritario, en la vía de los hechos condicionan la protesta popular, no consienten el derecho a la libertad de manifestación y expresión de ideas, el hecho de exhibir una manta lleva implícito la expresión de una idea o pensamiento, que intenta ser censurado por un gobierno que alardea de respetar ese derecho.

Señalar eso al pueblo que exige justicia en los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura o detenciones arbitrarias es indolente, abona a mantener la impunidad para los responsables materiales e intelectuales del cometido de graves violaciones a los derechos humanos, quienes aún permanecen activos en las instituciones del gobierno.

Las solicitudes o escritos que entregan las organizaciones populares a las dependencias de gobierno, en muchos de los casos no son respondidas, pueden pasar días y meses sin tener una respuesta conforme lo establece el derecho constitucional de petición; si no se exige desde las masas trabajadoras una respuesta a la petición hecha pasa al archivo muerto, en los hechos se traduce en dilación, indolencia y burocratismo.

El actuar de los funcionarios o políticos de oficio no son casuales ni fortuitos, obedecen a una política de gobierno, que lleva la intención de contener el descontento popular, al simular que, si atienden al pueblo, ¿qué diferencia existe a la que aplicaban las administraciones anteriores del PRI o del PAN? Ninguna, en todas aparece el mismo común denominador: demagogia, disimulo y oídos sordos.

En nuestro caso, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), hemos sido víctimas de esta política de gobierno, desde hace dos años hemos entregado varias solicitudes a la Secretaría de Gobernación, para tener una mesa de trabajo con el titular de dependencia y abordar temas relacionados con desaparición forzada, prisión por motivos políticos, persecución política y represión, petición que a la fecha no se ha concretado.

Tiempo en el que estuvo la Dra. Olga Sánchez Cordero y nunca accedió a platicar con nuestra organización, en todo momento se acercaron funcionarios sin dar solución a las demandas, el último acercamiento fue cuando hicimos una jornada nacional de lucha, Demanda pendiente. Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y libertad a los presos políticos del 12 al 25 de octubre de 2020.

Actividad que en su mayoría fuimos mujeres las que estuvimos ahí afuera, la petición fue establecer una mesa de trabajo con la titular de la dependencia y nunca se concretó, a la fecha no ha resuelto nuestras demandas, eso es angustia y dolor para los familiares que exigen justicia. Hoy deja el cargo y lo asume otro político de oficio, independientemente de quien asuma el puesto, nuestra petición es la misma.

Desde 2019 a la fecha hemos entregado a diversos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la documentación jurídica y de derechos humanos de los detenidos desaparecidos y de nuestros compañeros presos políticos, donde se han verificado las transgresiones a nuestros compañeros, la falta a un debido proceso y las inconsistencias que existen en las Carpetas de Investigación, pese a ello han argumentado que no pueden “violentar la autonomía” del gobierno chiapaneco.

En su respuesta implícitamente están de acuerdo con lo que hace el gobierno de esa entidad, de lo contrario, ¿por qué se permite que en Chiapas las violaciones a los derechos humanos sean constantes? Es cuestionable que el gobierno permita el cometido de violaciones a los derechos humanos y aplique la política, ni te veo, ni te escucho.

El pasado 30 de agosto, fecha en la que reivindicamos, el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada, realizamos La jornada nacional de lucha. Justicia, verdad y libertad, con diversas actividades políticas, entre ellas un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actividad en la que no obtuvimos respuesta a nuestras demandas, sólo el hostigamiento, persecución, prepotencia y amenazas de desalojo del gobierno de la Ciudad de México a través de sus corporaciones policíacas.

Nos queda claro que la política es simulación y demagogia, maquillar la realidad que vivimos millones de mexicanos en el país. Pese a ello, no vamos a desistir de nuestras demandas: la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y la de nuestros compañeros Fidencio Gómez Sántiz; libertad incondicional a los compañeros Javier, Armando, Venturino, Asunción, Leobardo e Higinio, presos políticos de la actual administración morenista; alto a la persecución política y a la represión contra nuestros compañeros; la razón nos asiste, nuestras demandas son justas, legales y legítimas.

No podemos hablar de transformación cuando las desapariciones forzadas en el país tienen continuidad y los perpetradores permanecen activos en las estructuras del Estado; no podemos hablar de un gobierno del pueblo, cuando las cárceles albergan a hombres y mujeres por defender el derecho a la posesión de la tierra, a la educación y al trabajo, sobre todo cuando se lucha por mejores condiciones de existencia.

Atentamente
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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