Consideraciones a propósito de las órdenes de aprehensión giradas en contra de algunos agentes del Estado posiblemente vinculados al caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

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H. Puebla de Zaragoza a 24 de agosto de 2020

El día 07 de agosto a través de diferentes medios de comunicación se informó sobre diversas órdenes de aprehensión giradas en contra de algunos agentes del Estado posiblemente vinculados al caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario Ejército popular Revolucionario (PDPR-EPR) ocurrida el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca.

Las órdenes de aprehensión fueron dictadas en contra del ex procurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el ex director de la policía judicial Daniel Camarena Flores, así como comandantes y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ; esta orden judicial se efectúa como parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de desaparición forzada denunciado por los familiares de las víctimas ; sin embargo, esto no significa que se cumpla con el objetivo final que es la presentación con vida de los revolucionarios ; y la sanción de todos y cada uno de los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad, para garantizar el derecho humano a la verdad.

Por este motivo expresamos, que el mandato de ejecutar las órdenes de aprehensión y las capturas que se han llevado a cabo, sólo constituye una parte limitada de todo el proceso jurídico, y no debe justificar impunidad para los demás involucrados. La Fiscalía General de la República, no debe evadir la obligación de agotar todas las líneas de investigación, que involucran a efectivos de tropa y mandos castrenses ; el gobernador del estado y el ejecutivo federal de ese periodo, es decir, Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa respectivamente ; así como a agentes de las secretarías de seguridad pública en los niveles de gobierno estatal y municipal de Oaxaca, más cualquier otro elemento o funcionario que resulte implicado como parte de las investigaciones

Recordemos que la desaparición forzada por motivos políticos es una práctica contrainsurgente, es decir, no obedece a un capricho o decisión personal de un funcionario, sino que se ejecuta por causas y efectos claros, cuyo objetivo final es desarticular los procesos organizativos que existen relacionados con la víctima ; por tanto para la comisión de este delito participan varias de las estructuras del estado, desde la planeación, la concreción de la desaparición como tal y el control los efectos o consecuencias que se deriven de ello.

Al tratarse de un crimen de Estado y de lesa humanidad, que ha lesionado gravemente a la sociedad en su conjunto, particularmente a las familias de los detenidos desaparecidos y de manera directa a los propios desaparecidos de manera forzada, se debe garantizar el derecho humano a la verdad y la reparación del daño de manera cabal. Lo que implica que el Estado mexicano reconozca y haga públicas las causas -a profundidad- que motivaron la desaparición de los revolucionarios, la sanción correspondiente a todos y cada uno de los autores intelectuales y materiales ; y la presentación con vida de ambos eperristas.

No es aceptable que en algunos medios de comunicación se trate con optimismo exacerbado los “avances” en la investigación como si fuese la culminación del caso, cuando,durante 13 años Gabriel y Edmundo han permanecido en condiciones infrahumanas, violando su integridad, dignidad y vida, sustraídos de todo derecho humano y constitucional.

Parte de las obligaciones del Estado es la garantía de no repetición de crímenes como la desaparición forzada y al ser un delito que no prescribe, existe culpabilidad por omisión, por parte de funcionarios que incluyen a Gabino Cue Monteagudo y Enrique Peña Nieto, ex gobernador y ex presidente ; dicha responsabilidad continúa hasta la presente administración, en tanto no se resuelva, no sólo por el caso de Gabriel y Edmundo sino de los miles de desaparecidos que existen en nuestro país.

Es contradictorio el discurso del gobierno federal en turno al plantear, por un lado que se acabará con la impunidad y se respetarán los derechos humanos, y por el otro, emite mensajes de perdón y reconciliación para los criminales, anulando la exigencia de justicia y la lucha que desarrollan las organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares y organismos defensores de derechos humanos.

Desde la democracia burguesa y el estado de derecho oligárquico se revela que el combate a la impunidad ha quedado relegada a último término y convertido en móvil de pugnas interburguesas, útiles en el momento actual como parte de la plataforma política electoral para las próximas elecciones y slogan publicitario del poder ejecutivo federal, mientras que el perdón no es una medida viable para hacer justicia, sino la licencia para perpetuar el cometido de crímenes de lesa humanidad.

Como organización de derechos humanos consideramos que dichas órdenes de aprehensión son parte de la respuesta que el Estado mexicano ha tenido que dar (no por un cambio de administración o partido o por un acto de benevolencia del mismo) ante la lucha política-jurídica que han emprendido los familiares, organizaciones populares y organismos defensores de los derechos humanos por la presentación con vida de Gabriel y Edmundo.

La resolución que pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al amparo que se concedió a los revolucionarios y sus familiares, trasciende al sentar precedentes en otros casos similares. Además de hacer evidente el reconocimiento del Estado de la comisión de desaparición forzada en contra de quienes inciden políticamente en nuestro país para su transformación.

El pronunciamiento del máximo tribunal representa una postura jurídica y política. Por lo que exhortamos a los Ministros para que su estudio sea congruente con el discurso de protección a los derechos humanos que ha enarbolado.

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

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