Ni narcoestado, ni narcogobierno es la descomposición política del régimen

, par  Ciudad de México , popularité : 1%

Ciudad de México a 24 de agosto de 2020

A la opinión pública

El Estado es un mecanismo opresivo de la clase dominante, se funda en la propiedad privada, los intereses de aquel son los de la clase burguesa, de ahí que cuando ésta experimenta contradicciones económicas y políticas emergen las pugnas de los grupos políticos, por esto no es real la existencia del narcoestado mucho menos de un narcogobierno, sino la descomposición política del régimen.

Las leyes que rigen el modo de producción capitalista explican que la obtención de ganancias mediante la explotación de la fuerza de trabajo y la producción de mercancías albergan las razones del comportamiento sociológico de la clase explotadora, del Estado y cada pieza que le es útil a sus fines, incluido lo que desde su opinión constituye el narcotráfico.

Quienes afirman que el crimen organizado infiltró las estructuras gubernamentales, parten de una tesis revestida de falacia, esto significa que, por consigna o ingenuidad sostienen esa fraseología vacua, cuando el mundo del mercado de estupefacientes no puede realizar sus mercancías sin el amparo del estado de derecho.

¿Cómo explicar los vínculos de políticos de oficio o las cantidades millonarias que amasan los responsables del crimen organizado ? La respuesta está encubierta por el amasijo de corruptelas, el estado de derecho y la venia del régimen, porque es un mercado redituable, es la disputa por el monopolio de estupefacientes donde yacen jugosas ganancias para unos y otros.

La argumentación proferida en torno al tópico del crimen organizado y su relación con el Estado, elude que ambos son fenómenos que en esencia pertenecen el propio desarrollo del régimen, de las exigencias del capital, de la corrupción como condición sine qua non para materializar la compra y venta de la mercancía dinero para perpetuar las formas gubernamentales en la esfera política, para mantener la opresión contra el pueblo mientras determinados grupos políticos amasan ganancias y favorecen intereses empresariales.

No hay que olvidar que el Estado como categoría política es un ente vivo, cuyo movimiento se encarna en los políticos de oficio, en un régimen caracterizado por la explotación y la persistencia de injusticias, así como del sometimiento contra las masas trabajadoras. Recurrir al argumento de narcoestado o narcogobierno es reproducir el mismo elemento teórico-político que los regímenes de los últimos sexenios objetivaron para justificar la implementación de los planes económicos y políticos del capital.

Cuando los políticos de oficio que presiden en la actual administración quieren explicar las divergencias existentes entre sus intereses y los de otros partidos políticos electoreros para dilucidar la persistencia de la violencia o el supuesto de que poco a poco se desvelan los jocosos actos de corrupción que se exponen a la opinión pública, no es más que la norma en la ley del desarrollo dialéctico de las propias pujas internas por el poder económico y político de la clase en el poder.

Más que sorpresa o asentir que es un logro evidenciar al régimen calderonista como el nefasto, corrupto o “coludido” con el crimen organizado, únicamente es parte del mismo guion para dotar de materia prima a la prensa y nublar un análisis objetivo en las masas para granjearse simpatía en el pueblo.

El mundo del mercado negro de mercancías y su relación con las estructuras gubernamentales evidencia que dicho discurso, con sus peculiares matices, significa que en esencia se aprueba la misma lógica argumentativa, que en la actualidad es el crimen organizado el responsable de lacerar la humanidad de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, mas no el Estado como responsable de perpetuar la violencia institucional.

Es una imprecisión teórica asumir la lógica del narcogobierno, en todo caso, los apólogos de esta conclusión revelan su rechazo a las premisas crítico científicas del fenómeno ; con semejante argumento justifican las acciones gubernamentales en su intento por evadir su responsabilidad en la implementación de la represión y violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo favorecen la perpetuidad de la premisa del enemigo interno ya que aportan mayores elementos para fortificar la militarización en el país.

La violencia en México, la corrupción, las contradicciones entre los diversos grupos de poder político y económico revelan lo fangoso del terreno de la descomposición política del régimen, asimismo, son los intereses que se contraponen en su proceso de reacomodo, empero, de esencia la opresión política contra el pueblo persiste.

Durante los últimos dos sexenios fueron notables las graves consecuencias del terrorismo de Estado contra el pueblo organizado y no organizado, en dicha política destacó el papel de las fuerzas policíaco militares en el cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado, entonces, el crimen organizado se colocó como el principal responsable de la violencia que justificó la militarización, por esto mantener esta argumentación implica que el régimen requiere una vez más del mismo pretexto, ahora con la finalidad de endilgar a gobiernos del pasado en su afán de granjearse simpatía y evadir su responsabilidad en la larga lista de víctimas de la violencia institucional.

Perpetuar la misma causal explicativa de la violencia en su intento por mantener la mirada de la opinión pública al colocar como actos que “purifican” a las instituciones oficiales de la corrupción con la detención y “enjuiciamiento” de connotados personajes de la plaza pública, indican la confirmación de la notable la crisis política del régimen, porque el reacomodo de intereses aún no logra consolidar los acuerdos entre las cúpulas empresariales.

Toda crisis económica engendra crisis política, esta premisa indica la razón de la actitud de los políticos de oficio en la presente coyuntura, por tanto, el narcoestado y el narcogobierno representa un doble discurso para mantener la tesis del enemigo interno y perpetuar la impunidad a los responsables materiales e intelectuales de crímenes de Estado, así como granjear simpatía de las masas populares en medio de la puja intestina entre hombres del régimen.

Queda evidenciado que el Estado como instrumento de opresión recurre a todo tipo de artilugios retóricos, mediáticos y teóricos para justificar la impunidad, perpetuar la evasión de responsabilidades en materia de justicia y castigo a los criminales para continuar con la violencia de clase contra el pueblo, por esto, el análisis científico y crítico de la fenomenología política del país coadyuva a denunciar todo intento por reproducir la confusión, la indolencia y a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos que llaman a las masas organizadas de mayor creatividad política.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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