Análisis y opinión. En nombre de la seguridad nacional se coartan los derechos y libertades políticas del pueblo organizado

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Ciudad de México a 9 de agosto de 2020

A la opinión pública

En nombre de la Seguridad Nacional se implementan planes, reformas a las leyes Constitucionales, acuerdos y ampliación de términos con la finalidad de mantener el “orden” y la “seguridad” de la ciudadanía ; por ese término el Ejército mexicano, la Marina y la Policía Federal forman la Guardia Nacional (GN) para mantener la “paz y tranquilidad” a los mexicanos ; se permite el espionaje y la intervención de teléfonos a las personas que consideren “sospechosas” ; se recurre a la tortura como supuesto método de investigación para arrancar confesiones a los presos ; se fabrican delitos al pueblo organizado para justificar las detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.

Foto. Policías de la CDMX acordonan mitin del FNLS el pasado 6 de julio para impedir que las personas se acerquen a recibir información de las denuncias por la libertad de los presos políticos y presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos.

El Estado mexicano poco a poco intenta quitar los derechos y libertades políticas del pueblo trabajador, a través del estado de derecho burgués promueven y aprueban reformas a las leyes para que vía jurídica se contengan las protestas y acciones políticas de masas en todo el territorio nacional, así garantizan los intereses político y económico de los grupos de poder en el país.

Ejemplo de ello, es el aval a la Ley Reglamentaria del Artículo 19 Constitucional en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, donde incluye 14 delitos más de los establecidos, uno de ellos es respecto a los, Ilícitos cometidos contra vías generales de comunicación y medios de transporte, considerados dentro los delitos violentos. El dictamen aprobado endurece las causales para que un juez de control en el ámbito de su competencia dicte como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Las reformas aprobadas en esa materia que ampliaron el catálogo de delitos sujetas a prisión preventiva oficiosa son una salida falsa, en los hechos viola los derechos y garantías a la presunción de inocencia y el debido proceso. La persona al ser acusada de uno de los delitos contemplados, va automáticamente a prisión, sin derecho a fianza, hasta que se finalice su juicio, con ello, le quitan la presunción de inocencia y desde un principio lo tratan como criminal.

Abren la puerta para cometer detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustos, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, en sí, innumerables injusticias que permite la criminalización de la protesta y el uso arbitrario del derecho para encarcelar a campesinos, indígenas, profesionistas, a todo aquel que se organice y luche por sus derechos. En esos términos, les quitan el filo político a las actividades de protesta y son convertidos, en su lógica en delincuentes, el luchador social, activista político o defensor de los derechos humanos.

Ejemplos es esta política inquisitoria son los casos de los compañeros Javier González Díaz, Asunción Gómez Sánchez, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Leobardo Reyes Meza, los delitos que les imputan tienen el agravante de violencia con la intención de no llevar su proceso en libertad, además de fabricarle delitos para intentar justificar su encierro en las mazmorras del Estado.

A Javier lo acusan de robar una motocicleta, pero le agregan el término “con violencia”, en ese caso, el compañero no sabe ni manejar una bicicleta, además de inventarle en la carpeta de investigación denunciantes, domicilios y materiales que no utilizó, ni siquiera existieron. Las irregularidades son en modo, tiempo y lugar, pues él fue víctima de múltiples violaciones a los derechos humanos por defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y pertenecer al FNLS, sin embargo, como le agregaron el término “violencia”, lo mantienen en injusta reclusión.

Armando es otro ejemplo de esta modificación por realizar bloqueos informativos en su comunidad para exigir la presentación con vida del compañero Javier es detenido y acusado de “robo con violencia”. Pese a que está comprobado que estuvo en una actividad política, lo acusan de delitos que no cometió. En Chiapas la Ley se aplica de manera facciosa para culpar a inocentes de delitos que no cometieron y así justificar un proceder represivo.

El caso del compañero Leobardo Reyes Meza, quien se encuentra en calidad de rehén político del gobierno de Silvano Aureoles Conejo en el Penal de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1 bajo prisión preventiva oficiosa, le fue dictada por el Juez de Control Ariel Montoya Romero el pasado 5 de julio de 2020.

La prisión preventiva oficiosa de los compañeros “una medida inquisitoria que contraviene el Derecho Internacional y es violatoria a los derechos humanos”, “instrumento inquisidor con el que el gobierno de estado pretende mantener como rehén político a nuestro compañero. Con delitos prefabricados, acusaciones dolosas y señalamientos infundados se ha violado el derecho a la presunción de inocencia y se ha consumado una injusticia más”.

En los hechos el senado resolvió que los bloqueos, la liberación de plumas, los bloqueo en las vías del tren, entre otras, hoy son motivo de prisión ; aspectos que eran promovidos por los panistas y priistas en años anteriores y que los morenistas los promueven, pero, cuando eran oposición eran los primeros en oponerse a ello.

Ayer cuando era oposición primero como PRD y hoy MORENA, se opusieron acremente a dichas medidas autoritarias, que en su momento el PAN, PRI y Verde Ecologista impulsaron, fue el caso de la Ley Interior de Seguridad Nacional que criminalizaba la organización y la protesta popular. Lo irónico es que hoy quienes tienen mayoría en las cámaras de Senadores y de Diputados son de MORENA y coinciden plenamente en una concepción autoritaria con los de oposición que es PRI, PRD, PAN y Verde Ecologista.

Los llamados de panistas son hipócritas, al señalar que con esa modificación se violan los derechos humanos, porque ellos son los primeros en cometerlos, los primeros en imponer medidas autoritarias contra el pueblo, por ejemplo, los dos sexenios panistas (2000 y 2006) son una evidencia muy clara de las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron en esas administraciones, no olvidamos los cientos de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, además de las represiones que cometieron contra el pueblo organizado.

Son medidas que anulan el derecho a la organización independiente, el derecho a la protesta, a la libre opinión y manifestación, por tanto, son un conjunto de medidas autoritarias. Porque todo aquel que realice acciones políticas de masas para defender sus derechos y libertades políticas será tasado como criminal.

Conducen a una sola salida, más represión para el pueblo organizado, más presos políticos por luchar por sus derechos. Si el pueblo protesta, si el maestro y estudiante sale a las calles, si obreros, campesinos, amas de casa, indígenas bloquean una carretera, liberan una caseta o impiden la circulación del tren no es por gusto o capricho, necesidad o por vagancia, es por una sencilla razón : los derechos del pueblo son conculcados.

Si hay inconformidad y protesta es porque la política del gobierno no resuelve las exigencias y justas demandas de los diferentes sectores de las masas trabajadoras. Mientras las demandas más sentidas del pueblo trabajador no sean resueltas las razones para luchar existirán, la denuncia y acciones políticas serán una necesidad imperante para que nuestra voz sea escuchada con dignidad y combatividad.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular !

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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