Mitin político frente a Palacio Nacional en la CDMX. En Chiapas y Michoacán los derechos humanos son letra muerta

, par  Ciudad de México , popularité : 1%
  • Día : 7 de agosto de 2020
  • Hora : 9:30 Am.

La criminalización de la protesta popular es política de gobierno en estados como Chiapas y Michoacán representados por MORENA y el PRD respectivamente ; partidos políticos que dicen “representar al pueblo”, pero los hechos contrastan con su discurso, éstos están más apegados a proteger los intereses de los grupos de poder político y económico.

En estas entidades federativas la protesta es considerada un delito, en su lógica institucional, la organización popular, los defensores de los derechos humanos o cualquier voz crítica al régimen que ejerzan el derecho a manifestarse son considerados como criminales a los que hay que combatir ; por eso en las cárceles nuevamente albergan a presos políticos, luchadores sociales o defensores de los derechos humanos que ejercieron su legítimo derecho a la manifestación.

La reciente detención arbitraria, desaparición forzada y detención injusta de nuestro compañero Leobardo Reyes Meza el pasado 29 de junio de 2020, es una evidencia de la política que aplica el gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán ; nuestro compañero está recluido de manera injusta y mantenido como rehén político en el CERESO “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como Mil Cumbres en Morelia, Michoacán. La detención del compañero Leobardo es por motivaciones políticas, es consigna política del gobierno perredista de Michoacán.

El proceder de las instancias judiciales respecto al caso de nuestro compañero revela lo perverso del estado de derecho que implica blandir sus artificios leguleyos al abrir carpetas de investigación con cargos judiciales falaces. Este proceder nefasto es el mismo al que recurrió el gobierno estatal en Chiapas para recluir a nuestros compañeros Javier, Armando, Venturino y Asunción.

Fabricar delitos es un mecanismo perverso del régimen, para justificar las detenciones arbitrarias y selectivas contra el conjunto del movimiento popular. Este rasgo explica cómo los gobiernos estatales de Michoacán y Chiapas recurren a las detenciones arbitrarias e injustas de luchadores sociales para doblegar la voluntad de luchar del pueblo, eliminar el contenido político de la protesta y reducir todo a un acto delictivo.

En la misma condición están los compañeros Javier González Díaz, detenido desaparecido por más de 25 horas, torturado y detenido injustamente en el CERSS No. 5 de Chiapas ; la detención arbitraria y tortura del compañero Armando Hernández Sánchez y trasladado al CERSS No 14 ; así como la detención arbitraria e injusta de los compañeros Asunción Gómez Torres y Venturino Torres Escobar y recluidos en el CERSS No. 14 de Chiapas ; quienes hoy son presos políticos del gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas.

Con la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros en Michoacán y Chiapas, queda al descubierto la violencia institucional como política del régimen, esa es la respuesta de los gobiernos estatales en vez de atender las demandas más sentidas de los sectores organizados y en lucha. Al diálogo anteponen la represión, campañas de denostación y la aplicación del estado derecho burgués para crear artilugios leguleyos que desemboquen en detenciones arbitrarias selectivas.

Pese a la ofensiva del régimen contra el FNLS, nuestra política es clara, no desistiremos en denunciar cada acto represivo que intente escamotear nuestros derechos y libertades políticas. No callaremos, muchos menos desistiremos hasta lograr la libertad de nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Leobardo Reyes Meza. PORQUE SER LUCHADOR SOCIAL NO ES SINÓNIMO DE DELINCUENTE.

Atentamente

¡Por la unidad, obrero, campesino, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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