Boletín de prensa. Se cumple un año de una injusticia, la cárcel y la ley es utilizada para intentar quebrantar la decisión de lucha sujeto consciente

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Ciudad de México a 16 de julio de 2020
A los medios de comunicación
A las organizaciones populares e independientes
A los organismos defensores de los derechos humanos
A la opinión pública

Un año pasó de la acción represiva que le privó de la libertad a nuestro compañero Javier González Díaz, de aquel suceso donde fue sometido a tratos crueles inhumanos y degradantes, de las cuales, aún tiene secuelas físicas y psicológicas. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas insiste en mantenerlo preso con una carpeta de investigación plagada de inconsistencias jurídicas, lo que prueba que existen jueces venales dedicados a hacer de la ley, el ariete represivo contra las masas trabajadoras.

La prisión por motivos políticos se convierte en el flagelo con el cual el gobierno chiapaneco pretende castigar la voluntad de lucha de las organizaciones populares y activistas políticos. Ello está explicado en la existencia de más de 200 presos políticos, entre ellos nuestro compañero Javier, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez.

La detención del compañero Leobardo Reyes Meza en el estado de Michoacán está enmarcada en este contexto represivo, donde la criminalización de la protesta popular se objetiva en la construcción de carpetas de investigación a modo para liberar órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, activistas políticos y defensores de derechos humanos.

La pandemia permitió a las autoridades gubernamentales extender el suplicio contra luchadores sociales, sin estar sentenciados ya transcurrieron varios meses en injusta reclusión. En el caso de nuestro compañero Javier, el término de la audiencia complementaria se cumplimentó desde octubre del año pasado, sin embargo, los jueces otorgaron prórrogas sin ningún sustento jurídico.

El remozamiento de las insignias en las estructuras de poder local y federal ha significado para las masas trabajadoras la continuidad de la violencia institucionales, si bien, algunos organismos defensores de los derechos humanos distinguen una reducción, en los hechos, sólo existe cambios de matiz, donde la prisión se convierte en el mecanismo efectivo para intentar contener el descontento popular.

¿En qué se traduce la promesa de no ejercer la represión, de que el tiempo de la persecución y la prisión por motivos políticos se había terminado ? Lo que viven las masas trabajadoras es la represión a través de diferentes mecanismos ; gobiernos como el de Chiapas o Michoacán, hacen de la persecución, del derecho y de la cárcel la estratagema para elaborar carpetas incriminatorias que judicializan la protesta popular.
Es inadmisible la actitud omisa de la administración federal, no solo porque lo que acontece en estas entidades contraviene diametralmente con lo que afirma en cada una de sus intervenciones, sino porque estos políticos de oficio compartieron bandera partidista cuando formó parte del PRD y hoy en MORENA, en el caso del gobernador chiapaneco.

La jactancia con la que los representantes del gobierno de estado de Chiapas presentan las acciones represivas es ofensiva, resulta pretensioso que, a pesar de toda esa actitud pedante, la autoridad federal no sea capaz de ejercer los protocolos institucionales para realizar el extrañamiento por esa actitud represiva, de lo contrario, lo que expresa es la connivencia ante la existencia de violaciones a los derechos humanos.

Resulta una perorata la insistencia del respeto de la ley, porque ésta es usada de manera facciosa para castigar al pueblo que se organiza y lucha. Los verdaderos criminales gozan de total impunidad, aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad contra las masas inermes.

Es evidente una ofensiva represiva contra organizaciones populares del movimiento independiente, hay entidades del país que son muestra clara de la vocación profascista de sus gobernantes, lo paradójico es que en el cometido de esas acciones represivas existe coordinación entre las fuerzas federales y estatales, ello pone en entre dicho lo que se afirma en el discurso oficial.

Rutilio Escandón Cadenas y Silvano Aureoles Conejo, figuran como fieles representantes de los grupos de poder económico en sus respectivas entidades, su actuar nada tiene que ver con los ideales que dicen profesar, porque no representan ningún ápice del pensamiento de izquierda, mucho menos con las necesidades sociales que llaman a la transformación.

La protesta popular en los tiempos convulsos de pandemia y represión no es un acto de necedad terca, tiene profundas raíces en las demandas no resueltas para las masas trabajadoras. Al pueblo se le pidió guardarse en sus hogares mientras las autoridades gubernamentales continuaron con su labor de crear expedientes incriminatorios y liberar nuevas órdenes de aprehensión que hoy mantiene a nuestros compañeros presos.

La movilización es un derecho ante el cometido de violaciones a los derechos humanos, la acción política de masas es legítima debido a la cerrazón de las autoridades estatales y la federal, por ello, no dejaremos de exigir la libertad inmediata de nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Leobardo Reyes Meza.

Ante la existencia de jueces de consigna que hacen de la ley el ariete la represión y de la cárcel el suplicio para luchadores sociales, la solidaridad popular para evidenciar el uso faccioso del estado de derecho.

¡Porque ser luchador social no es sinónimo de delincuente !
¡Presos políticos ¡LIBERTAD !
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos !
¡Libertad a todos los presos políticos !

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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