Denuncia pública: Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas relega al delegado de gobierno Iván Alberto López para deslindar responsabilidades

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Chiapas a 13 de junio de 2020

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones democráticas e independientes
Al pueblo en general

Ante la denuncia y la movilización por la detención ilegal, arbitraria y violenta de nuestros compañeros Carlos López, Angélica Sántiz y Enrique Herrera por los paramilitares el día 09 y 10 de junio del año en curso, el gobierno relega al delegado de gobierno en Ocosingo, Iván Alberto López para deslindar responsabilidades ante las graves violaciones a los derechos humanos desencadenados de esta agresión paramilitar, en su lugar toma el papel activo el funcionario Caridad Alcázar .

El delegado de gobierno, Iván Alberto López Cruz asegura haber visto a nuestros compañeros en el campamento paramilitar de los Petules , hecho que comprueba que nuestras denuncias de esta agresión paramilitar son objetivas, además, que las autoridades municipales y estatales son responsables por omisión y comisión al permitir que el grupo paramilitar continua infundiendo el terror en la región. O ¿éste es el objetivo del gobierno en turno en nuestra contra?

A pesar de las denuncias por este nuevo delito contra tres de nuestros compañeros y la ejecución extrajudicial del niño Humberto Morales (2017), el gobierno pretende perpetuar la impunidad al no ejercer ninguna acción jurídica contra los paramilitares; lejos de perseguir a los criminales, el gobierno los protege y cobertura política y jurídicamente, por esa razón, los Petules siembran el terror en completa impunidad, incluso pasan los retenes policíacos y militares sin ningún problema.

Nuestro asesor jurídico, interpuso un Amparo Indirecto contra la desaparición forzada de nuestros compañeros, sin embargo, el día de ayer, el Juez Séptimo del Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, la rechazó sin mayores argumentos, simplemente dijo “no la puedo recibir”. ¿Tiene que ver con que en el amparo se ve involucrado un funcionario público?

No es casual que Rutilio Escandón relegue de sus tareas a Iván Alberto, lo hace porque el gobierno estatal se desenmascara en su responsabilidad en estos crímenes por omisión y comisión. Se observa una actitud cómplice del gobierno municipal y estatal, pero también la tolerancia del gobierno federal al permitir que continúe las violaciones a los derechos humanos en Chiapa.

En este contexto se presenta Caridad Alcázar, funcionario que sustituye al delegado Iván Alberto para dar seguimiento institucional al caso, sin embargo, al presentarse el día de ayer 12 de junio a las 2:00 de la tarde en la comunidad de Río Florido, nos comentó que nuestros compañeros se encuentran muy mal de salud y que nuestra compañera Angélica llora al ver a su esposo Carlos . Este funcionario obvió que la responsabilidad física y psicológica de los compañeros es del gobierno municipal, estatal y de él por presentarse en representación de ellos. Caridad Alcázar comentó que Iván Alberto no pudo entenderse con los paramilitares, por eso él se apersona.

Mientras los paramilitares actúan en total impunidad y se desplazan sin ningún problema en los retenes policíaco militares, el delegado de gobierno Iván Alberto y el gobierno chiapaneco no emprenden ninguna acción legal en su contra, son varios los señalamientos en su contra por cometer crímenes. Ello comprueba el manto de la impunidad institucional con la que son protegidos.

No tomar ninguna acción legal contra los paramilitares, dejar sin atención médica a nuestros compañeros, que el Juez Séptimo del Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas rechace el amparo interpuesto por nuestro abogado, son signos claros de la complicidad entre autoridades municipales y estatales con el paramilitarismo.

La detención ilegal, arbitraria y violenta de nuestros compañeros Carlos López Gómez, Angélica Sántiz López y Enrique Herrera Jiménez por integrantes del grupo paramilitar, es responsabilidad del gobierno municipal de Jesús Oropeza, el gobierno de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas y en tanto que el gobierno federal mantiene silencio y tolera la política represiva del gobierno de Chiapas contra el pueblo trabajador, es cómplice de estos hechos.

A los organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales, puedan estar al tanto del desarrollo de los acontecimientos y en la medida de sus atribuciones puedan emitir su condena a la política represiva del gobierno de Chiapas, a los organizaciones democráticas e independientes expresen su solidaridad en cualquiera de sus formas.

Combativamente

¡Alto a la agresión paramilitar!
¡Libertad de nuestros compañeros que el gobierno morenista de Chiapas mantiene como rehenes políticos!
¡Alto a la represión contra el conjunto del movimiento popular independiente!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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