La contingencia sanitaria, entre la demagogia y el pretexto para ejercer medidas profascistas

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Ciudad de México a 2 de mayo de 2020

A la opinión pública

La contingencia sanitaria se implementa con el objetivo de frenar la pandemia en el país, sin embargo, ésta transita entre la retórica oficial para generar simpatía entre las masas, a su vez, constituye en un pretexto más para que en diversas entidades se ejecutan medidas de carácter profascista y violatorio a los derechos humanos.

Poco se dice de la actitud autoritaria que ejercen policías y militares contra trabajadores de diferentes sectores populares que, a fuerza del hambre, la incertidumbre, desesperación provocados por el desempleo, la pobreza y la miseria no pueden “quedarse en casa”, por tanto, son blanco de las fuerzas represoras para criminalizarlos, estigmatizarlos, imponer sanciones punitivas, con esto generar indolencia entre hermanos de clase.

La pandemia requiere de medidas sanitarias para evitar su propagación, pero el Estado mexicano, al parecer, no contempla en su justa dimensión a los más de 90 millones de pobres, y miserables del país, ¿cómo puede sobrevivir una familia en condición de hacinamiento en las principales metrópolis del país? Es una empresa difícil cuando tenemos ante nosotros los estragos de la crisis económica capitalista.

Argüir que con programas sociales, microcréditos, becas, seguros contra el desempleo las masas trabajadoras, vales de despensa, las familias proletarias sobrevivirán a la cuarentena es un absurdo, porque no todo el universo de pobres son beneficiarios, los miles de millones de pesos destinados para ello es desproporcional en comparación a los adeudos del fisco de la oligarquía nacional y extranjera, por tanto, muchos se ven forzados a exponer su salud en aras de llevar el sustento a su familia.

Los paliativos no resuelven las necesidades elementales del pueblo, mucho menos las simuladas intenciones de las cámaras empresariales por proteger a “los trabajadores” y sus respectivas firmas, muchos menos, las medidas profascistas implementadas diferentes entidades del país.

En días pasados, con el pretexto de que la población acate las medidas sanitarias, en diferentes estados de la República, presidentes municipales y gobernadores implementan mediante la coacción, a que los trabajadores “se queden en casa”, sólo que, mediante el uso de la fuerza policíaca y militar, de esto, derivan violaciones graves a los derechos humanos.

La Secretaria de Gobernación manifestó a los medios de comunicación que la contingencia sanitaria “(…) no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías”, la retórica así se manifiesta, aunque en los hechos esta premisa política poco a poco se manifiesta en entidades como Campeche, Guerrero, Veracruz y Michoacán donde se implementan accesos restringidos a la población.

La titular de la Secretaria de Gobernación niega el matiz represivo de la política sanitaria dado que la conduce por la ruta del optimismo a pesar de calificar de “severas y desproporcionadas” el uso de la fuerza en algunos estados del país; empero, no representa una determinación para frenar esa actitud nefasta, es condescendiente y se limita en aceptar que se viola el derecho constitucional al libre tránsito.

Puesto en esos términos, es notable la violación al derecho humano del libre tránsito, el derecho a la alimentación, al trabajo y la salud, porque ahí donde se practica las medidas de carácter profascista infunde el miedo, criminaliza la pobreza en la lucha por sobrevivir, estas manifestaciones de violencia institucional inhiben el descontento popular y afrontar con dignidad la lucha por resolver las condiciones materiales de vida de los desposeídos.

La representante del organismo federal arguyó que “(…) más aún en un país como México, donde más de la mitad de la población trabaja en el sector informal y 42 por ciento vive en pobreza”. Esa es la explicación de la funcionaria por la que la población no podrá quedarse en casa, empero, ese manejo tendencioso de cifras revela un hecho perverso, se reconoce que la política sanitaria es ineficaz, y de fondo, que la crisis económica es devastadora para los sectores populares.

La representante de la institución federal abundó respecto a las medidas restrictivas como “(…) ‘acciones no recomendadas’ el cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y otras medidas restrictivas al libre tránsito que, al contrario, pueden afectar la distribución de alimentos o insumos para la salud”, no obstante, revela una actitud timorata o cómplice al abordar ese fenómeno.

Más que afectar el libre tránsito consiste en adoptar medidas policíaco-militares al usar de pretexto la pandemia, aducir acciones no recomendadas es laxo, es permisible para las fuerzas represivas el cometido de violaciones a los derechos humanos, dado que, por la vía de los hechos los políticos de oficio actúan a contracorriente de las consideraciones del gobierno federal.

Prueba de ellos es la declaración de un político de oficio en Coahuila, que “(…) Los gobiernos de los estados sí pueden adoptar medidas como restringir el libre tránsito, el derecho de reunión o imponer el uso obligatorio del cubrebocas, como parte de sus políticas para impedir el contagio del Covid-19”. Estas aseveraciones son parte de las competencias de los gobiernos, sin embargo, el hecho indica que se usa como pretexto para ejecutar la violencia institucional y no las consecuencias que genera las medidas sanitarias, asimismo de una política popular para enfrentar con dignidad los estragos de la crisis económica y la pandemia.

Expresado en esos términos, los recursos legales que impulsan las instancias gubernamentales para hacer efectivas las políticas de sanidad, derivan en violaciones a los derechos humanos, en la búsqueda de alimentos o medios para generar ingresos, se ejecutan medidas policíaco-militares que nada tiene que ver con respetar los derechos humanos de alimentación y el trabajo, al mismo tiempo que favorece la realización de las mercancías en los principales centros comerciales.

Otros juristas burgueses tratan de justificar su discurso con las medidas sanitarias para aseverar la necesidad de la suspensión de derechos “(…) si las cosas se ponen mal esta semana respecto al contagio y decesos (…), a lo mejor sí tendríamos que ir pensando ya en un decreto fuerte, bien hecho, no precipitado, de suspensión (de garantías individuales)". Así se manifiesta el papel de la legalidad burguesa en aras de ejecutar recursos profrascistas.

Pese a los discursos contrapuestos entre mandatarios locales y federales, en los hechos son tangibles las medidas profascistas, basta mencionar toques de queda “(…) en al menos 31 municipios de 11 estados: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León. De ahí que testimonios de víctimas sean la prueba irrefutable de la violencia policíaca contra vendedores ambulantes, transeúntes que en su lógica no cumplen con las normas sanitarias.

Mientras el representante del Ejecutivo Federal manifestó que no se aplicarán medidas autoritarias, en las entidades referidas se impone toques de queda, contradice sobre manera el discurso, asimismo, don el amparo de la ley, aumenta el riesgo del cometido de crímenes de lesa humanidad.

Es evidente cómo la contingencia sanitaria es usada para justificar la violencia institucional contra el pueblo, así se intenta allanar el camino para implementar medidas profascistas en el país para inhibir toda expresión de descontento popular, sin embargo, el pueblo tiene plena legitimidad para recurrir a su derecho a la protesta, a exigir se garanticen plenamente sus derechos y libertades políticas.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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