Precariedad material de las masas, derecho a la salud y el COVID-19

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Ciudad de México a 28 de abril de 2020

A la opinión pública

La precariedad material de las masas en la coyuntura actual es socavada con más fuerza por la crisis económica capitalista en el país, a este fenómeno le es inherente violaciones a los derechos humanos como el derecho a la salud, máxime cuando la humanidad enfrenta la nueva cepa viral.

La contingencia sanitaria implementada en el país revela una serie de contradicciones económicas, políticas y sociales que colocan al régimen al descubierto, fenómeno que desnuda lo corrosivo de las relaciones sociales fundadas en la propiedad privada, porque el pueblo es usado en la retórica oficial, en apariencia, bondadosa, pero en el fondo, pretende mediatizar la crudeza de la crisis para colocar en primer orden los intereses del capital.

La pobreza en el país es un problema socioeconómico que genera graves efectos a la salud de las familias trabajadoras, este fenómeno está asociado al desempleo, en esa perspectiva millones son las afectados ante las disposiciones sanitarias, precariedad material y ausencia o limitados ingresos económicos hacen de ésta una restricción que trastoca derechos humanos elementales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que para este mes de abril cuantifica una tendencia de 20 mil desempleados diarios del universo de asegurados que registra dicha institución, tendencia que desde el mes de marzo registró aumentos considerables de 13 mil diarios según las cámaras empresariales.

La situación para los miles de trabajadores se antoja adversa, el futuro inmediato de los pobres del campo y la ciudad es preocupante, dado que se enfrenta a la necesidad de garantizar su alimentación y salud, por mencionar un ejemplo, sin embargo, las cifras demuestran un acelerado proceso de pauperización, cuyas causales explicativas son la crisis económica capitalista y el uso faccioso como mediático de la pandemia.

Basta mencionar las recientes expresiones de descontento popular en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Chihuahua a causa de los efectos que genera el paro de las diferentes actividades económicas a raíz de la contingencia sanitaria, son el indicativo de que las familias proletarias enfrentan serias dificultades para resolver sus necesidades elementales.
La celeridad con la que incrementa el despido masivo de trabajadores expresa el aumento del paro forzoso de la industria, como del resto de las actividades económicas, devela las contradicciones del capital para mantener el flujo de ganancias de la clase en el poder, mientras los sectores populares recrudecen sus condiciones de miseria.
La ruta para la “reactivación económica” es inconsistente, en tanto que, toda medida pasa necesariamente por las exigencias empresariales, entre ellas están los mezquinos intereses del sector oligarca del país como del extranjero en aras de cuidar los planes imperialistas, de asegurar el mercado mexicano para los objetivos del capital.
Las aseveraciones del Ejecutivo federal respecto a garantizar el derecho a la salud, alimentación, salud y educación de más del 70 por ciento del pueblo mexicano es un absurdo, carece de fundamentación científica, porque la estructura económica del país está severamente escamoteada por la voracidad del capital financiero.

Las calamidades sociales de los sectores populares es responsabilidad del Estado burgués, empero es éste quien deber garantizar los derechos humanos y constitucionales del pueblo, mientras la contingencia sanitaria persista, no obstante, somos las masas empobrecidas quienes pesan sobre nuestras espaldas los duros golpes de una medida sanitaria que viola el derecho a la alimentación, el trabajo, la educación, porque las instancias gubernamentales demuestran hasta hoy, asegurar paliativos más no la sobrevivencia digna del pueblo.

El problema de fondo que enfrenta el país lo encontraremos indiscutiblemente en la organización de la producción, la distribución y el intercambio, porque en la lógica capitalista el objetivo a perseguir es acumular ganancias, mientras al pueblo se le asigna humillantes paliativos para mitigar el hambre, demagogia para sanar la angustia de las masas pauperizadas ante el temor de perecer por el SARS-COV2.

Basta analizar cómo el Estado mexicano enfrenta los efectos del coronavirus. La infraestructura médica es incipiente, el personal médico especializado es limitado dada la magnitud del hecho viral, medicinas escasas, develan que la salud es un derecho humano socavado.

El sector salud ante el desarrollo de la pandemia en el país, evidencia paso a paso las serias limitaciones del mismo, dado que emergen expresiones de descontento de médicos y enfermeros, ya que éstos también son parte de las cifras de decesos, una evidencia tras otra ratifica que el régimen hace del derecho a la salud objeto de privatización.

Los decesos provocados por el Covid-19 en el país refiere que es un problema de salud pública incuestionable, sin embargo, los políticos de oficio no escatiman en demagogia para referir que se hace lo necesario para bien de los explotados, empero en la práctica, testimonios de víctimas reflejan que la salud del pueblo la pretenden subsanar con discursos y medidas policíaco-militares.

Lo deplorable de las instancias de salud, dados los efectos de la nueva cepa viral en la población, explica que el régimen lentamente conduce por la ruta de la privatización el derecho humano a la salud. Es el claro ejemplo que mientras persistan las relaciones sociales fundadas en la propiedad privada dominará el interés oligarca, la salud del régimen más no la de los oprimidos.

Para la concepción burguesa es normal que el gobierno federal condone las deudas a los grandes empresarios, pero no asume esa actitud complaciente cuando el pueblo exige atención digna en los centros de salud, no afianza un interés real por los “desprotegidos” que permita al pueblo atender las diversas patologías por las que acude a los centros médicos, máxime ante los estragos que genera la pandemia.

Promover la cuarentena sin una política de carácter popular que permita a las masas resistir el aislamiento social se convierte en un revés en materia de derechos humanos dado que se coarta abruptamente el derecho al trabajo, el sustento de miles de familias pobres del campo y la ciudad porque los despidos masivos son una realidad.

Cuando las cámaras de comercio manifiestan su preocupación por los trabajadores, por la “reactivación económica” reflejan que el devenir en sus aspiraciones de mantener el control económico y político es amenazado, es un acto de hipocresía, ya que los desposeídos mueren a causa de la pobreza, el hambre y enfermedades crónico degenerativas producto del sistema que degrada la existencia humana.

El pueblo no merece paliativos, minucias para resistir la cuarentena, es inhumana la actitud de la clase burguesa, condescendiente la del gobierno federal con los capitalistas, por tal motivo el pueblo tiene derecho legítimo de protestar para exigir la garantía plena de sus derechos a la salud, el trabajo y la alimentación.

Que la cuarentena no genera indolencia entre hermanos de clase, todo acto de protesta será legítima porque somos los explotados quienes inexorablemente padecemos los estragos que genera la crisis económica cuyo agravante los define el Covid-19, hoy más que nunca no debemos callar porque la existencia de miles de trabajadores depende de los planes imperialistas, por esto, la única salida es la organización independiente y lucha combativa.

Atentamente,
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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