¿Por qué no liberan a nuestros compañeros presos político en Chiapas?

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Ciudad de México a 24 de febrero de 2020

A la opinión pública


¿Por qué el Gobierno chiapaneco, el Secretario de General de Gobierno y el Fiscal General del Estado no liberan a nuestros compañeros Javier, Armando, Asunción y Venturino, presos políticos de la entidad? Es una interrogante que los familiares y compañeros de lucha realizamos desde el día de su injusta detención. En la lógica del estado de derecho burgués son prisioneros por defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y luchar por el socialismo en México, por esa razón los mantienen en las mazmorras de la entidad con delitos fabricados que intentan justificar la actuación de jueces, fiscales, abogados de oficio y personal que conforma la Fiscalía General del Estado (FGE).

Casos que jurídica y políticamente son inocultables, las detenciones son ilegales, injustas y con claras motivaciones políticas. Las violaciones a los derechos humanos son evidentes, desde detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, a un debido proceso, amenazas, intimidación y protección a su persona. Las intenciones políticas de su detención son las de intentar contener la lucha del pueblo, principalmente a las masas trabajadoras organizadas en torno al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Nos enfrentamos a un gobierno local en el estado de Chiapas que se caracteriza por ser antipopular, profascista y proempresarial; a través de la violencia institucional comete a diestra y siniestra graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado. Se ampara en las siglas partidistas de MORENA y en el estado de derecho burgués para transgredir y conculcar los derechos y libertades políticas. Exponemos algunas razones de nuestros juicios:

El gobierno estatal y sus subalternos son demagogos. Desde inicios de este sexenio el “mandatario” realizó un conjunto de declaraciones donde señaló que representaría en su administración a un hombre “benevolente” con las masas trabajadoras, por ejemplo, dijo respetar los derechos humanos y gobernar para los más “humildes”, en su lógica, el cambio llegó al estado y en éste se vive en paz, porque la seguridad pacífica la entidad, sin embargo, la realidad objetiva desmiente cada una de sus frases, un ejemplo palpable es la condición de presos políticos de nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escovar.

Compañeros a los que les violaron sus derechos humanos y libertades políticas, les negaron el debido proceso; jurídicamente no justifica su detención en los CERSS No. 5 y 14 de Chiapas, no hay elementos que los mantenga ahí, no obstante, existe la consigna política del gobierno estatal para mantenerlos el mayor tiempo posible, como una forma de castigo por decidir organizarse y luchar fuera de los marcos corporativos del Estado.

Ni respeto a los derechos humanos, ni gobierno para los más “humildes”. Nuestro compañero Javier es campesino pobre, Armando campesino pobre y obrero de la construcción, Asunción y Venturino, la compañera ama de casa, campesina y obrera de la construcción; Venturino campesino pobre, apicultor y obrero de la construcción; como se observa son trabajadores, son pobres del campo a quienes les son violados sus derechos humanos desde su detención arbitraria.

Javier fue detenido desaparecido por 25 horas, torturado, sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes; pruebas evidentes de que el gobierno chiapaneco cometió graves violaciones a los derechos humanos. La carpeta de investigación contra el compañero tiene una serie de inconsistencias que no justifica su detención, por tanto, es ilegal que esté en esas condiciones deleznables. Al interior del CERSS No. 5 fue objeto de extorsión, las secuelas de la tortura física y psicológica persisten sobre su humanidad.

Armando tras cumplir con su jornada de trabajo como obrero de la construcción, fue detenido arbitrariamente, en este momento comenzaron con los tratos crueles, inhumanos y degradantes, su salario se lo robaron los agentes policíacos que lo detuvieron, sin ninguna explicación lo trasladaron al CERSS No. 14, donde también fue torturado y objeto de extorsión en el penal.

La carpeta de investigación también se caracteriza por serias inconsistencias que prolongan la detención injusta de nuestro compañero; configura una ilegalidad en tanto su detención ocurre a raíz de la exigencia de liberar a nuestro compañero Javier, lo cual criminalizan su derecho a disentir y a protestar.

El caso de los compañeros Asunción y Venturino representa otro descaro de la aplicación del estado de derecho burgués, porque la dilación es clara dado que una y otra vez se prolonga su libertad. Se les acusa de despojo con violencia agravado, cuando en los hechos, luchan por defender la tierra, así se configura la actitud de las instancias judiciales como violadores de su propio marco legal.

El estado de derecho es punitivo contra el pueblo. El carácter de la legalidad es burgués, este rasgo ayuda a comprender que el conjunto de leyes no favorece a los pobres del campo y la ciudad, pero sí a políticos de oficio y principalmente los intereses de los grandes empresarios.

La reclusión de nuestros cuatro compañeros no sólo es injusta sino ilegal, ya que su detención tiene claras motivaciones políticas, Javier por luchar y defender el derecho a la tierra, por su solidaridad con los familiares de las víctimas de desaparición forzada, causales que también explican la detención de Armando, Asunción y Venturino.

El derecho a disentir, a organizarse es criminalizado por las "autoridades estatales", y justifican la reclusión de los presos políticos con el amparo de la ley, recurren a la estructura judicial para incriminar a nuestros compañeros, mientras políticos de oficio con evidencias claras de crímenes de lesa humanidad o actos de corrupción son protegidos por el Estado e incluso, ocupan puestos en las estructuras gubernamentales, en suma, son premiados y gozan de libertad.

Cuando se trata de defensores de los derechos humanos, luchadores sociales, periodistas críticos al régimen, defensores del medio ambiente son detenidos con argucias leguleyas, en el peor de los casos, son detenidos desaparecidos o privados de su derecho a la vida.

Los intereses capitalistas son primero. Con la actitud de Rutilio Escandón, Ismael Brito y Jorge Luis Llaven Abarca no hay lugar a dudas, desprecian al pueblo que se organiza en torno a las banderas de lucha independiente; en la lógica institucional, esta forma de lucha constituye una dificultad para los planes oligarcas, razón por la que el conjunto del movimiento popular es reprimido, amenazado y hostigado para intentar someter su voluntad de luchar.

Esa es otra de las condiciones teóricas y prácticas que dilucidan la condición de presos políticos de nuestros compañeros, ahí donde la combatividad brilla ante la cerrazón o la omisión del Estado se quiere silenciar por mandato de la clase en el poder; la libertad de los compañeros es un asunto político, de ejercer por la vía de los hechos los que se pregona, gobernar para los “más humildes”.

La libertad de nuestros compañeros está sujeta a motivaciones económicas y políticas, siguen recluidos porque el estado de derecho es punitivo más no garante real de los derechos y libertades políticas del pueblo, su reclusión es sinónimo de ilegalidad y es un intento por desarticular la organización independiente y combativo del pueblo.

Las masas conscientes y organizadas no dejaremos de exigir su libertad inmediata, no descansaremos hasta lograr la libertad de Javier, Armando, Asunción y Venturino. Compañeros, resistan, luchen incansablemente que desde nuestros espacios sus nombres serán escuchados hasta verlos abandonar las degradantes cárceles del Estado.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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