La violencia institucional en México es un fenómeno socioeconómico inocultable

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Ciudad de México a 17 de febrero de 2020

A la opinión pública

La violencia institucional en México es evidente, un fenómeno socioeconómico que difícilmente se puede ocultar; aunque desde la oficialidad, funcionarios y políticos de oficio arenguen que hacen lo necesario para mantener la “paz y la tranquilidad” la realidad objetiva expresa todo lo contrario a lo que dicen desde el gobierno federal.

Los asesinatos políticos, las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzados son graves violaciones a los derechos humanos que de manera sistemática las comete el gobierno mexicano contra el pueblo trabajador, principalmente contra aquel que de manera organizada tiene un carácter popular e independiente.

La administración federal se distingue por su discurso demagógico; el fortalecimiento del Estado policíaco militar a través de la conformación de la Guardia Nacional (GN) con mayor equipamiento y presupuesto para traer la supuesta paz y la tranquilidad sin excesos en el país; y, la consolidación del estado de derecho burgués, con la aprobación de leyes que en la vía de los hechos transgreden los derechos y libertades políticas.

La demagogia es una práctica política que a través de la retórica los políticos de oficio intentan ganarse la simpatía de la gente para mantenerse en el poder, su característica es la utilización de falsas promesas, halagos, promoción de ideas de cambio y transformación, entre otras, para conseguir de esta manera sus objetivos.

En ese sentido todos los días desde Palacio Nacional, el Ejecutivo federal dicta los lineamientos políticos a seguir en su administración, mismo que en la vía de los hechos se contradice con la realidad objetiva, por ejemplo, en algunas ocasiones ha mencionado que su gobierno es “respetuoso de los derechos humanos”, sin embargo, guarda silencio cuando en el estado de Chiapas la Mesa de Seguridad comete detenciones arbitrarias, actos de tortura, desalojos violentos y avala todo acto de represión contra las protestas del pueblo organizado; en los casos de feminicidios intenta desviar la información ante los medios de comunicación al considerar que ese tema opaca otros que considere de mayor prioridad para su gobierno.

No emite pronunciamiento alguno cuando en entidades federativas como Chiapas y en la Ciudad de México, los gobiernos locales a través de los “protocolos de desalojos o protocolos de manifestaciones y bloqueos” cometen violaciones a los derechos humanos, violentan los derechos y libertades políticas, como el derecho a la protesta, a la manifestación de ideas y a la organización.

En esa lógica para el gobierno federal es más importante el “combate” a la corrupción o la rifa de bienes muebles que investigar casos de asesinatos políticos, desaparición forzadas o ejecuciones extrajudiciales, así lo constatan sus comentarios indolentes respecto a los feminicidios, “La información se ha manipulado, me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues no me gusta eso, no quiero que los feminicidios opaquen la rifa, es distorsión e información falsa”, dijo el presidente de la República. Comentario indolente que expresa el desprecio por la vida, máxime cuando la víctima es del pueblo trabajador.

Aunque el gobierno mexicano señale en el discurso que van a proteger a las víctimas y, de manera especial, a la población vulnerable, a niños, mujeres, adultos y que es un gobierno que procura la justicia, en la vía de los hechos permite que las familias en el estado de Chiapas queden indefensas, tal es el caso de los compañeros Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, quienes fueron detenidos de manera arbitraria el 21 de octubre por elementos de la policía estatal, sin mostrar documento de detención los subieron violentamente a una camioneta blanca y trasladados al CERRS No. 14 en el municipio de Cintapala, Chiapas.

Los compañeros Venturino y Asunción son matrimonio, hoy están presos por defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), sus hijos, tres de ellos menores de edad se quedaron sin la protección de su padre y madre, están en calidad de desplazamiento forzado interno, tuvieron que dejar su hogar para exigir al gobierno chiapaneco su libertad inmediata. Este caso en particular expresa la política represiva que se vive en Chiapas con el aval y el silencio cómplice del gobierno federal.

Otro ejemplo, es la desaparición forzada por más de 25 horas, tortura y prisión injusta del compañero Javier González Díaz; la detención arbitraria, tortura y reclusión injusta del compañero Armando Hernández Sánchez; las más de 200 detenciones arbitrarias que han cometido en el estado de Chiapas; los desalojos forzados y la represión contra organizaciones populares, estudiantiles, comerciantes y trabajadores de la educación.

El acto represivo más reciente es la agresión gubernamental de la que fueron objeto los alumnos de la Escuela Normal Rural de Mactumatza y padres de los 43 compañeros normalistas detenidos desaparecidos; acto policíaco perpetrado por los elementos antimotines de la policía estatal, en el marco de la Caravana Sur en Busca de los 43 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El Estado mexicano transgrede los derechos humanos, aunque en el discurso manifieste respetar las protestas con su silencio avala lo que hacen en las entidades federativas donde se impulsan proyectos económicos con inversiones de empresarios tanto del país como del extranjero. A través de la violencia institucional, la represión, estigmatización y criminalización de la pobreza y protesta popular imponen los intereses político y económico de los grupos de poder.

El origen de las protestas no es por capricho de unos cuantos, sino que obedecen a problemas socioeconómicos no resueltos por los gobiernos en turno, quienes en lugar de resolver las demandas populares las profundizan aún más con medidas coercitivas para callar las voces de protesta y proteger los intereses empresariales.

Es inocultable que el gobierno mexicano fortalece el Estado policíaco militar a través de la creación de la GN y la consolidación del estado de derecho burgués; la militarización en el país permanece como una exigencia de empresarios para garantizar mayor acumulación y concentración de capital, aún a costa de la explotación económica y opresión política de las masas trabajadoras.

La violencia institucional es inocultable, la denuncia y acciones políticas de masas son una necesidad política para el pueblo organizado, que nos permita enfrentar la ofensiva represiva del gobierno mexicano contra el conjunto del movimiento popular que abraza las banderas de lucha independiente.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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