EL DERECHO A LA SALUD EN TIEMPOS NEOLIBERALES 26 de septiembre del 2012

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A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS E INDEPENDIENTES

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

AL PUEBLO EN GENERAL

Desde el gobierno panista de Vicente Fox Quezada (2000-20006) se han intensificado los proyectos encaminados hacia la privatización de los servicios de salud en México, pese a las protestas y movilizaciones populares a lo largo y ancho de nuestro país, dicho proceso continúa con la oficialización del seguro popular de salud (SPS) para “toda la población”.
Por ello, resulta innegable la crisis por la que atraviesan las grandes instituciones de seguridad social, la disminución del gasto público en salud, las reformas a los sistemas de pensiones de los trabajadores, fenómenos que obedecen a los proyectos privatizadores neoliberales bajo el sistema capitalista, encubiertos con una campaña ideológica a través de los medios masivos de comunicación, en los que no sólo se niega la existencia de un proceso privatizador que anula el acceso al derecho humano y constitucional de salud, sino que la propaganda mediática está orientada a programas incompletos donde, además tratan de ocultar la situación de abandono en la que se encuentran instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Sector Salud (Secretaría de Salud).

En este sentido, la falta de insumos, equipo, infraestructura, las malas condiciones en las que labora el personal de salud en los hospitales, así como la falta de acciones gubernamentales para abatir la crisis en la que se encuentran los servicios de salud en el país, no son una casualidad, sino una estrategia encaminada a justificar la creación del SEGURO POPULAR y por ende, la privatización de los servicios de salud. Por tanto, el Estado tiene como objetivo dejar en manos de la iniciativa privada la salud del pueblo mexicano.

La implementación del seguro popular corresponde a la estrategia que los expertos llaman “informal”, mediante la cual la falta de financiamiento al sector salud y el abandono de la infraestructura médica han llevado a los servicios de salud a un proceso denominado “muerte lenta”, donde se utilizan las carencias del sector salud como una táctica para vender a los mexicanos la idea de que la privatización del sector es la única solución para terminar con la crisis económica donde a través del modelo económico neoliberal, el Estado se deslinda de la responsabilidad de la salud de la población instrumentando reformas a las instituciones de seguridad social orientadas a la privatización.

Por tanto, el Seguro Popular producto de este modelo neoliberal no garantiza el acceso igualitario a la salud, más bien representa un programa de bajo costo para el Estado lo cual se traduce en servicios insuficientes y de mala calidad como está sucediendo actualmente, pero muy útil para la propaganda mediática, pues de esta forma los gobiernos en turno presumen que el pueblo mexicano cuenta con un seguro medico, sin embargo en los hechos reales, los sectores explotados se enfrentan a la discriminación y alto costo de los servicios médicos en las instituciones de salud pública.

El programa de seguro popular ha atravesado por tres etapas estratégicas: Implementación (2004-2006); Consolidación (2007-2008); Universalización (2009-2010). Como parte de la estrategia, el gobierno introduce los conceptos usados en el mercado de los seguros para generar una cultura de la salud privada y que el pueblo se vaya acostumbrando poco a poco a los conceptos de: “seguro”, “póliza”, “cobertura”, “cuotas”, “Catálogo de Servicios”, “credencial”, “período”, “pago”, “derechos y obligaciones”, “afiliación”, “hospitales del Sistema”, etc. Luego hace como que regala el servicio, acostumbra a la población para al final decirle que si quiere renovar su seguro, pague su cuota, como cualquier seguro.

Este programa está dirigido a todos los sectores explotados: campesinos, indígenas, comerciantes, amas de casa, trabajadoras domésticas, trabajadores o trabajadoras temporales, desempleados que sobreviven como pueden. Por su parte el personal de la Secretaría de Salud, para hacer la propaganda realiza labores de convencimiento como cualquier vendedor de seguros, por medio de brigadas que recorren barrios y comunidades para engañar y convencer a la población de comprar el seguro o ingresar a él.

En Michoacán la situación no es distinta, pues a pesar de que el acceso a la salud es un derecho universal, humano y constitucional, el gobierno priista de Fausto Vallejo Figueroa y el Secretario de Salud: el doctor Rafael Díaz Rodríguez sostienen que existen abastecimiento de medicamento en hospitales y centros de salud, pero la realidad que se vive en las comunidades michoacanas y en la misma ciudad capital es todo lo contrario, ya que argumentan que no hay medicamentos para la población abierta es decir, que condicionan a las personas para que se afilien al seguro popular a cambio de surtir los medicamentos de sus recetas. Sin embargo, vemos como a las personas que están afiliadas al seguro popular tampoco les surten su medicamento, bajo el pretexto que no hay recursos económicos suficientes para la secretaria de salud.

Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo rechazamos rotundamente el seguro popular, pues tal como señala Rafael González, especialista en medicina social y docente en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “el Seguro Popular cubre problemas de ilegalidad y establece la privatización del servicio de salud, pues corresponde a las políticas de empleo actual en México ya que existen miles de personas que están siendo contratadas sin derecho a la seguridad social. Entonces, en vez de hacer cumplir la ley, se inventan el Seguro Popular, que no es otra cosa que un seguro pobre para los pobres”.

Asimismo, el Patrimonio de la Beneficencia Pública (PBP) de la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán desde el año 2011 mantiene las puertas cerradas diariamente, bajo el argumento que “no hay recursos para apoyar a la gente con medicamentos”, y si llegan a entrar personas el personal de seguridad o las trabajadoras sociales les dicen “siéntense aquí, detrás de la puerta, porque a la demás gente le estamos diciendo que no hay servicio y si los ven aquí adentro se van a molestar”; a su vez están deslindando su responsabilidad como parte del Estado para abastecer de medicamentos los centros del salud y hospitales públicos del estado.

Bajo esta lógica el gobierno del estado de Michoacán está haciendo caso omiso a las minutas firmadas con la organización campesina, indígena y popular “Ricardo Flores Magón” del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, donde se comprometen a brindar atención pública y gratuita a la población, además el propio secretario de salud hizo el compromiso de abastecer de medicamentos las unidades de salud del estado con mayor énfasis en Teremendo de los Reyes, J. Trinidad Regalado, Municipio de Panindicuaro, Santa Clara del Cobre Municipio de Salvador Escalante, Unión Progreso, municipio de Charo, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Apatzingán y Coalcomán; con la finalidad de que los compañeros no tengan que trasladarse desde sus comunidades a surtir su medicamento hasta la ciudad de Morelia porque los viáticos son muy costosos.

En este sentido, el Doctor Rafael Díaz Rodríguez, Secretario de Salud, giro un oficio circular a las diferentes unidades médicas de la entidad, sin embargo, ese compromiso establecido con nuestra organización se ha quedado en el papel, pues en los hechos, se acude a los centros de salud u hospitales y no hay medicamentos.
Asimismo el secretario de Salud, señaló que en caso de no tener en existencia los medicamentos requeridos por los miembros de la organización, las recetas tendrían que llevarse a Morelia para surtirlas, para esto, a los integrantes de la comisión de salud nos dijeron que no tendríamos que acudir ya a Patrimonio de la Beneficencia Pública, sino que pasáramos directamente al Centro de salud de Morelia, donde se surtiría el medicamento de las diferentes recetas. No obstante a escasos dos meses de estar trabajando bajo este mecanismo, nuestros compañeros se han tenido que quedar sin medicina porque la secretaria de salud y el gobierno del estado son incapaces de resolver los problemas de salud de la población michoacana.

Así cada vez que se llevan las recetas al centro de salud, tenemos que esperar hasta 8 días para que nos entreguen el medicamento de los compañeros. Aunado a esto, nos enfrentamos al burocratismo exacerbado de la secretaria de salud pues cada vez que llevamos una receta, tiene que ir firmada por el paciente, se necesita copia de la credencial de elector del paciente y recientemente están solicitando hasta la CURP, de lo contrario se niegan a surtir las recetas de nuestros compañeros. Por lo que vemos como con la creación del Seguro Popular, la salud se presenta como una mercancía y no como un derecho social. Así, la lógica actual de los gobiernos en turno es presentar a la salud como una mercancía más, lucrando con la vida de los mexicanos, por lo que si se tiene para pagarla, se paga, y si no los diferentes sectores explotados están condenados a morir por enfermedades curables.

POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:

• ¡¡Respeto a la vida y a la salud pública!!

• Respeto a la minuta de acuerdos con el gobierno del estado y la secretaría de salud.

• Repudio total al seguro popular

• El surtimiento total e inmediato de los medicamentos de los miembros del FNLS

• ¡¡Por una salud pública, gratuita, obligatoria y de calidad para todos!!

ATENTAMENTE

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

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