La agresión contra nuestros compañeros es responsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas

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Ciudad de México a 11 de diciembre de 2019

A la opinión pública

La agresión ocurrida el día de ayer contra los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el estado de Chiapas es responsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas; constituye un acto premeditado que obedece a la ofensiva represiva que ejecuta la administración estatal contra integrantes de nuestra organización, donde queda explícito el cometido de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, detención ilegal, tortura, amenazas de muerte, allanamientos de morada, hostigamiento y ataques como el ocurrido recientemente.

La administración chiapaneca está amparada por MORENA, partido político institucional que guarda silencio y tolera los casos de tortura denunciados; permite que los desplazamientos forzados internos los realicen elementos policíacos, tanto locales como federales, con lujo de violencia, sin importar las condiciones físicas y psicológicas en las que estén las familias afectadas; tolera que mantengan en las cárceles a presos políticos por defender su derecho legítimo a la tierra.

Un aspecto importante a destacar, es inaudito que en cada acto público o ante los medios de comunicación desde la institucionalidad aludan a un cambio cuando en la vía de los hechos toleran que en instituciones como la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaria General de Gobierno permanezcan activos hombres como Jorge Luis Llaven Abarca e Ismael Brito Mazariegos, señalados por las víctimas directas de cometer graves violaciones a los derechos humanos, a saber, la tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad.

Uno de los casos que expresa el comportamiento criminal de esos políticos de oficio, es la recomendación CDH/007/2005 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas en el año 2005, por la muerte a causa de la tortura de Luis Ignacio Lara Vidal por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado, entre los perpetradores estaba Jorge Luis Llaven Abarca.

En nuestro caso, desde que entraron en funciones como gobierno en turno han transgredido los derechos y libertades políticas de cada uno de los integrantes de nuestra organización; la lista de agresiones físicas y psicológicas por agentes del Estado en Chiapas es larga, tanto los funcionarios como las instituciones forman un amasijo de intereses con el único propósito de intentar desarticular los esfuerzos organizados que tienen la característica luchar fuera de los marcos corporativizantes del Estado mexicano.

En el mes de marzo del año en curso agentes estatales vestidos de civil allanan la oficina del Comité Popular en Defensa de los Derechos Humano (COPODDH); el 17 de julio, detienen y desaparecen por más de 27 horas al compañero Javier González Díaz, tiempo en el que fue brutalmente torturado por agentes municipales y estatales, posteriormente detenido ilegalmente y trasladado al CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas; el 28 de septiembre fue detenido de manera arbitraria, torturado y trasladado al CERSS No.14 el compañero Armando Hernández Sánchez; el 21 de octubre fueron detenidos de manera arbitraria y trasladados al CERSS No. 14 los compañeros Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, ambos conforman un matrimonio con seis hijos, cuatro de ellos menores de edad.

El 4 de noviembre cerca de mil elementos de la policía municipal, estatal y federal arribaron a la comunidad 2 de Noviembre, municipio de Socoltenago, quienes con armas de fuego, armas de gases lacrimógenos, vehículos de volteo y una tanqueta desalojaron a las 20 familias. En el lugar quemaron sus viviendas y robaron sus pertenencias.

A estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en perjuicio de integrantes de nuestra organización se suma la agresión reciente contra cuatro compañeros, quienes regresaban de la comunidad antes mencionada, después entregar los víveres, ropa, zapatos, entre otras cosas, como parte de la campaña de solidaridad que brindaron organizaciones populares, de derechos humanos y pueblo en general a las familias desalojadas.

La represión en Chiapas es sistemática y generalizada contra las masas trabajadoras, fundamentalmente, contra el pueblo que opta organizarse con las banderas de lucha independiente. Aunque desde la oficialidad pretendan minimizar los hechos, la realidad siempre sale a relucir, para todos es conocido que en Chiapas NO SE RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS y la represión es UNA POLÍTICA DE GOBIERNO.

Responsabilizamos al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, al Secretario General de Gobierno Ismael Brito Mazariegos y al gobierno federal de la integridad física y psicológica de cada uno de los integrantes de nuestra organización.

Luchar por los derechos y libertades políticas no es un delito, es un acto de dignidad, una razón más para luchar, denunciar y realizar acciones políticas de masas. Callarnos ¡Jamás! El silencio fortalece la política represiva del gobierno mexicano y a sus perpetradores, hagamos de cada injusticia una bandera para luchar con combatividad y dignidad.

Atentamente

¡Alto a la represión!
¡Libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia en el país!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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