Bajo el amparo del Estado de derecho el gobierno chiapaneco comete violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador

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Ciudad de México a 7 de noviembre de 2019

A la opinión pública

Bajo el amparo del Estado de derecho el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas comete violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado, política de gobierno que de manera sistemática y generalizada la ejecuta en la entidad. Desde que inició su administración evidenció su carácter antipopular, represivo, profascista y proempresarial, aspectos que ponen en duda el discurso de la administración federal sobre “ser un gobierno del pueblo y para el pueblo”, porque los hechos exponen la defensa a ultranza los intereses empresariales.

El estado de derecho en México es un instrumento jurídico de represión para criminalizar la protesta popular y mantener en los centros penitenciarios a luchadores sociales, defensores de los derechos humanos o activistas políticos que defiendan sus derechos y libertades políticas. Conjunto de leyes y normas que protegen los intereses político y económico de la clase que detenta el poder, de ahí que su carácter sea burgués.

Bajo esa concepción el gobierno mexicano consciente las violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos policíacos en las entidades federativas donde se desarrollan proyectos económicos que favorecen a empresarios locales, del país y del extranjero. Estados donde cometen a diestra y siniestra detenciones arbitrarias, tortura, desalojos violentos, amenazas de muerte, allanamiento de morada, desapariciones forzadas o asesinatos, todo con el argumento de mantener la “paz” y la “seguridad” de los “ciudadanos”.

En los hechos lo que refleja la realidad objetiva es la vocación represiva de gobiernos locales que con tal de impulsar los proyectos económicos siguen al pie de la letra los dictados de voraces empresarios. Ellos son los que exigen la materialización de la violencia institucional contra las masas trabajadoras, quienes son las que enfrentan los efectos de esta política deleznable.

Chiapas es una de las entidades federativas donde el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas objetiva esta política represiva contra el conjunto del movimiento popular, desde que asumió el Ejecutivo estatal tiene un largo registro de desalojos violentos, donde cientos de familias desalojadas viven en la intemperie sin un lugar donde vivir.
Sin importarle las condiciones en las que se encuentran niños, ancianos, mujeres y hombres el gobernador se jacta en decir que “ha recuperado la tierra a sus legítimos dueños”, principalmente a caciques y empresarios locales.

Es una ofensa a la inteligencia humana que el gobernador arengue públicamente recuperar la tierra a sus legítimos dueños, se ampara en esa concepción para cometer todo tipo de arbitrariedades contra el pueblo trabajador, con ello intenta eludir su responsabilidad en el cometido de violaciones a los derechos humanos, los cuales llama descaradamente “restablecer el orden y la paz ciudadana”.

La tan anhelada “paz” y el “restablecimiento del orden ciudadano” dentro del argot gubernamental es evitar a toda costa la denuncia y acciones políticas de protesta, contener el descontento popular con el garrote y prohibir todo tipo de manifestación, en los hechos protege los intereses de empresarios por encima de los intereses populares.

Un ejemplo de la política de gobierno que ejecuta en la chiapaneca es el intento de desalojo contra los compañeros de la comunidad 2 de noviembre, municipio de Socoltenango, por más de 600 elementos de la policía estatal, municipal, de la Fiscalía General del Estado y con la presencia de la Guardia Nacional; corporaciones policíacas que iban armadas, con vehículos de volteo, retroexcavadoras y una tanqueta con los que sacaron a las familias de sus hogares, saquearon sus casas, sin importarles la presencia de los niños, mujeres y ancianos empezaron a destruir sus viviendas.

Un caso en particular que expresa la generalidad de los que sucede en el estado de Chiapas, son varias las familias desalojadas por los mismos elementos policíacos, quienes son los encargados de ejecutar la “ley”. Sujetos a los que, desde la institucionalidad, políticos de oficio piden “respeto” por tratarse de “pueblo uniformado”, no obstante, lo que representan son a sujetos desclasados que se confrontan con su hermano de clase, para ellos son el enemigo a vencer.

El Ejecutivo federal tiene conocimiento de lo que hacen las autoridades estatales en Chiapas, violaciones a los derechos humanos que a la fecha intenta silenciarlos, mantenerlos en la ruta del desgaste para que dejen de exigir justicia y detenga la represión en la entidad. Con su silencio avala la política ejecutada por el gobierno de Rutilio.

Los argumentos de la Secretaría de Gobernación de que “respetan la autonomía del gobierno de Chiapas”, son perversos, porque en los hechos están de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos que cometen en la entidad; en concreto avalan las detenciones arbitrarias, tortura, desalojos violentos y el ambiente de violencia institucional que enfrentan las masas trabajadoras.

El cierre de la normal Jacinto Canek y la represión contra estudiantes normalistas de Mactumatzá es una muestra de la política que ejecutan contra las masas organizadas, una contradicción del discurso oficial sobre respetar los derechos humanos; ahí donde argumenta abrir escuelas en Chiapas permite el cierre de ellas, hasta el momento no ha hecho pronunciamiento el Ejecutivo federal alguno por lo sucedido en la entidad.

Los hechos represivos en Chiapas son planeados desde la mesa de seguridad, ahí es donde deciden a quien reprimir, desalojar o intimidar. Así es como han reprimido a organizaciones de carácter popular e independiente como el FNLS, MOCRI-CNPA MN, MOCRI CNPA EZ, Normal Indígena Jacinto Canek, la normal rural de Mactumatzá, profesores de la CNTE, comerciantes, a familias que exigen el derecho a la vivienda y a los migrantes. Pueblo organizado y no organizado trastocado por esta política deleznable.

Bajo la premisa de “mantener la seguridad y el orden”, transgreden los derechos y libertades políticas del pueblo trabajador, se amparan en un estado de derecho que en esencia es burgués y está diseñado para someter a través de leyes burguesas al pueblo trabajador organizado fuera de los marcos corporativos gubernamentales.

Ante cada acto de protesta que realiza el pueblo organizado, desde el poder legislativo promulgan y avalan leyes que poco a poco conculcan dichos derechos, ahí donde se realizan acciones políticas de masas en carreteras, dependencias o en las calles lanzan leyes que prohíben éstas, como sucedió con la Ley Garrote en Tabasco o la reglamentación de las marchas en la Ciudad de México donde imponen un protocolo de seguridad.

Al pueblo organizado nos queda como alternativa la organización independiente, la denuncia y acciones políticas de masas, dejar de ejercer los derechos a la protesta y manifestaciones de ideas fortalece al Estado y sus aparatos represivos; mientras la represión y violaciones a los derechos humanos sean constantes como política de gobierno tenemos el legítimo derecho a la protesta.

¡Alto a la represión en Chiapas!
¡Libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia en el país!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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