En Chiapas ejercer el derecho a la protesta es más peligro que cometer graves violaciones a los derechos humanos

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Ciudad de México a 29 de octubre de 2019

A la opinión pública

En Chiapas ejercer el derecho a la protesta es más peligroso que torturar, detener desaparecer, asesinar o cometer graves violaciones a los derechos humanos. Política de gobierno que de manera sistemática y generalizada la ejecuta el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas contra el conjunto del movimiento popular.

A través de los cuerpos policíacos y militares se objetiva esta práctica deleznable donde coloca en condición de victimarios al que exige un derecho y JUSTICIA. En esa condición, el Estado mexicano y las instituciones violentan el derecho a disentir, a organizarse y a la libertad de manifestación y expresión de ideas; conquistas políticas que el pueblo obtuvo a través de la historia, producto de la lucha por mejorar sus condiciones de vida.

Desde que el partido político MORENA asumió el Ejecutivo estatal se vislumbró la política a seguir contra las organizaciones de carácter popular e independiente, lo mismo para el pueblo inconforme. La política gubernamental consiste en criminalizar la protesta popular y la pobreza, militarizar la entidad federativa para intentar acallar las voces de protesta a través de cometido de violaciones a los derechos humanos.

El discurso institucional sobre “no más impunidad”, “aplicar el estado de derecho”, “no afectar el derecho de terceros”, “no se van a permitir manifestaciones violentas” habla de un sistema de conceptos que rigen al actual gobierno, mismo que lo definen como reaccionario, porque la negación y la insistencia en una misma vertiente discursiva no modifica la violencia y el terrorismo de Estado.

Bajo el disfraz de un gobierno de “izquierda” o “progresista” comete innumerables violaciones a los derechos humanos, actos represivos que políticos de oficio, funcionarios e instituciones justifican como acciones para preservar la “paz” y la “tranquilidad social”. Argumentos que también son esgrimidos desde el Ejecutivo federal, lo que indica que esta política es la expresión dictada por oligarcas y empresarios, tanto del país como del extranjero.

Cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) habla de que no habrá impunidad se refiere a que no van a permitir protestas ni acciones políticas de masas que desnuden la esencia represiva de su administración, razón por la que todo aquel que ejerza su derecho a protesta y manifestación es criminalizado y descalificado a través de los medios de comunicación oficiosos para justificar la represión.

Si este discurso estuviera expresado en la realidad y se aplicara la JUSTICIA, el titular de la fiscalía Jorge Luis Llaven Abarca estaría tras las rejas por cometer actos de tortura, ejecución extrajudicial y detenciones arbitrarias; graves violaciones a los derechos humanos que permanecen sin castigo en los archivos del olvido de las instituciones donde se debería impartir justicia.

La ofensiva represiva contra compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) a través de amenazas de desalojo, hostigamiento a través de drones policíacos y militares, detenciones arbitrarias, tortura, detención desaparición y la descalificación, es el testimonio fehaciente de la política contrainsurgente que implementa el gobierno chiapaneco con el propósito de desarticular esfuerzos organizativos que por años se mantienen en lucha de manera independiente.

La detención desaparición forzada, tortura y detención ilegal del compañero Javier González Díaz el 17 de julio de 2019, la detención arbitraria y tortura del compañero Armando Hernández Sánchez el 28 de septiembre de 2019 y la detención arbitraria de los compañeros Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez el pasado 21 de octubre de 2019 expresan la consigna política de mantener tras las rejas a los compañeros por el simple hecho de pertenecer al FNLS.

Las cuatro detenciones arbitrarias se cometieron en un contexto de violencia institucional y amenazas de muerte por parte de elementos policíacos contra nuestros compañeros, donde en todo momento imperó la consigna, “estás aquí por lo que hace tu organización”, práctica gubernamental que no tiene mucha diferencia con la ejecutada por gobiernos anteriores que criminalizaban e incriminaban a quien decidía luchar por sus derechos.

Los tribunales, jueces y funcionarios de las instituciones gubernamentales actúan como lo han hecho las administraciones anteriores, dilación, desgaste, indolencia, extorsión, amenazas de muerte y hostigamiento a los familiares e integrantes de la organización que exigen justicia, así como su libertad inmediata.

Los jueces se convierten en protectores de la injusticia al avalar lo que presentan los fiscales sin tener el mínimo rigor jurídico de la presunción de inocencia, aunque las carpetas de investigación no tengan “pies ni cabeza” son aceptadas por esos funcionarios, incluso utilizan cada artilugio leguleyo que otorgan prórrogas para que tengan el tiempo suficiente para intentar enderezar las tropelías que hacen cuando se realizan las audiencias.

En el interior de los centros penitenciarios, los compañeros son amenazados de muerte para que entreguen cantidades de dinero, les exigen realizar labores que deberían ser cubiertas por personal del penal o incluso le piden materiales de aseo en exceso, de lo contrario, los envían al área de castigo donde los meten a celdas oscuras, no les dan de probar alimentos y son sometidos a golpes en un intento de quebrar su voluntad y convicción de lucha.

Desde la detención ilegal del compañero Javier lo han hostigado al interior del CERSS 5 para que dé dinero o haga lo que el director del mismo centro penitenciario ordena; al compañero Armando le pasa una situación similar, donde le dejan números de tarjeta bancaria para que sus familiares hagan depósitos del dinero que le piden desde un banco y dejen de amenazarlo.

Estos ejemplos en particular expresan la generalidad de lo que sucede en todos los centros penitenciarios en toda la geografía mexicana, la cual, con esta administración no cambió en lo absoluto, al contrario, se mantiene en mayor magnitud.

Los compañeros son presos políticos de la administración de Rutilio Escandón Cadenas, cuatro luchadores sociales que desde hace años decidieron de manera organizada luchar por tierra, patrimonio para su familia y fuente de trabajo; cuatro integrantes del FNLS que de manera consciente abrazan la lucha por el socialismo en México y mantienen en lo alto la dignidad e indignación ante cada acto de injusticia.

Hoy son presos políticos de la “cuarta transformación” en Chiapas, en esas condiciones libran la batalla política por mejores condiciones de vida, en su decisión de lucha no hay delito que perseguir, es un derecho que nos asiste y que el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de respetarlo y cumplir con ello.

A los compañeros les decimos que la dignidad se mantiene en lo alto, mientras el Estado mexicano se empecine en mantenerlos en esas condiciones, la denuncia y actividades políticas de masas serán la alternativa para exigir un alto a la represión y a la criminalización de la pobreza y protesta popular.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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