Tinta Socialista No 99. La mayor violencia que vive el país es la que proviene del Estado mexicano y sus instituciones

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Ciudad de México a 17 de octubre de 2019

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La violencia emana del Estado mexicano, es éste quien tiene el control de este fenómeno socioeconómico que afecta todos los ámbitos de la sociedad. La violencia no emana del pueblo trabajador ni de las familias proletarias, ésta es un reflejo de las formas de pensamiento burgués reproducida en las instituciones educativas, religiosas, jurídicas, judiciales y todo cuanto sea trastocado por ella.

La conclusión del gobierno federal para explicar la exacerbación de la violencia en el país es que ésta proviene de los hogares y en las escuelas, tesis que niega la contradicción que existe en la sociedad mexicana, donde unos viven en la opulencia mientras que la enorme mayoría se debate en la miseria y la pobreza, aspecto que expresa la esencia de la violencia institucional materializada en la violencia contra el pueblo.

Llegar a axiomas de esta naturaleza significa una profunda irresponsabilidad ante la realidad que padecemos millones de mexicanos, manifiesta en el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad y de Estado, fenómeno socioeconómico producto de la crisis política y económica que enfrenta el país, así como la imposición de designios de empresarios tanto del país como del extranjero.

Reducir el fenómeno socioeconómico a aspectos de índole moral significa una enorme pérdida del horizonte del análisis, de donde se desprende que las buenas voluntades para resolver males estructurales inherentes al régimen de explotación económica no redundan en resultados plausibles. Negar los hechos no conduce a la materialización de tales sofismas, por el contrario, tiende un velo perverso para eludir la responsabilidad de instituciones policíaco militares en el cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Existe una similitud discursiva en la insistencia de negar los hechos criminales que diariamente abarrotan la nota nacional, lo mismo en la persistencia de explicar cada fenómeno a partir de una explicación moralina. Tal actitud se asemeja a la política de gobiernos anteriores que hicieron de la indolencia, la dilación y la mentira, una forma de conducirse para con los familiares de las víctimas.

Si el gobierno federal insiste en que la orden de objetivar los crímenes de Estado no parte de la oficina de Palacio Nacional, lo no clarifica es por qué el clima de inestabilidad sigue como una constante. Más allá de tratar de convencer a la opinión pública de que ellos no son los responsables, el esfuerzo debe centrarse en buscar la responsabilidad, en quiénes recae el cometer esos crímenes.

El discurso oficial sostiene de que “son inercias dado que se dejó crecer” es un sofisma, porque no se trata de insistir en la responsabilidad de administraciones del pasado, sino en determinar en qué grado fue la participación de cada funcionario y a partir de ahí establecer la sanción en proporción a la magnitud de los crímenes cometidos.

De nada sirve sostener que el clima de violencia fue promovido y tolerado en el pasado y en quienes recae la responsabilidad se les premia con la impunidad; con esos argumentos silencia la exigencia y lucha de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamientos forzados o tortura y perpetúa el cometido de este flagelo tan deleznable.

La mayor exigencia que hoy expresa el pueblo es que el gobierno mexicano erradique el cometido de crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, que las instituciones, funcionarios o agentes de Estado no busquen explicaciones sin sentido para pretender confundir a las masas y tergiversar los hechos.

Argumentar hechos que no corresponden a la realidad es perverso, porque se impone la máxima fascista de repetir falacias para imponerlas como verdad absoluta, de esa maneara cometen a diestra y siniestra desalojos violentos de cientos de familiares de su patrimonio, detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas, masacres o ejecuciones extrajudiciales.

En qué se fundamentan para insistir que la mayor violencia proviene de los hogares. Con tales afirmaciones, es fácil advertir un halo de indiferencia, un sesgo de indolencia ante el derramamiento de sangre de grandes magnitudes aun en los tiempos en los que se presume haber “acabado” con el neoliberalismo, la corrupción y la impunidad.

Olvidan quienes difunden esas alocuciones que la familia es producto del desarrollo político, económico, ideológico y social del modo de producción capitalista, en ellos reproducen la ideología, pensamiento y actitudes del ser genérico, en consecuencia, lo que se vive es una particularidad de la violencia institucional y el terrorismo de Estado que se vive en toda la geografía mexicana.

La mayor violencia no emana de los hogares, en éste se reproducen las actitudes, pensamiento e ideología de la clase en el poder, es una expresión de lo que existe en las calles, en las instituciones, en toda estructura del Estado mexicano; desde ahí se reproducen en las escuelas, en el trabajo, en todo aquello que sea trastocado por el modo de producción que alimenta la propiedad privada, la acumulación y concentración del capital en un puñado de oligarcas.

La propuesta de extirpar la violencia desde sus causas es una necesidad, pero ésta no será una realidad en tanto a los criminales se les premia con la injusticia, si con sofismas y elucubraciones subjetivistas, diferentes autoridades niegan una realidad lacerante, si con aforismos intentan conducir la opinión pública a una actitud pasiva y si a la actitud propositiva de las masas organizadas se le ve como conservadurismo.

Mientras la estructura policíaca y militar permanezca intacta, los crímenes de lesa humanidad tendrán continuidad, los responsables de materializar estos deleznables crímenes son premiados con cargos institucionales, sin ser tocados con sus propias leyes ni señalados como los perpetradores, evidencia de que las estructuras que dan sustento y forma a las políticas contrainsurgentes se mantienen intactas.

Los argumentos esgrimidos desde el Ejecutivo federal sobre, “Las fuerzas armadas no son violentas, sólo responden para garantizar la paz”, es una argucia porque éstos son la pilastra fundamental que sostienen al régimen, son el aparato represivo que garantiza los intereses político y económico de los grupos en el poder. Son los que generan la violencia en todo el territorio nacional, testimonios las víctimas, las recomendaciones emitidas por organismos defensores de los derechos humanos demuestran el cometido de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por esos elementos castrenses.

La violencia emana del Estado, de sus instituciones, agentes o funcionarios, son los que tienen el control de este fenómeno social, el cual, es ejecutado contra el pueblo organizado y no organizado con la intención de minar la combatividad de lucha de las masas organizadas, contener el descontento popular y acallar las voces de protesta.

La violencia institucional y el terrorismo de Estado se termina con el
desmantelamiento del Estado policíaco militar, con desmantelar las principales estructuras encargadas de objetivar el terrorismo de Estado. La transformación en un país es de esencia mas no de forma, empieza con modificar ella base económica que alimenta la propiedad privada y con ello a concentración de la riqueza en unas cuantas manos.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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