La existencia de presos políticos y crímenes de Estado en Chiapas denuncian la política represiva de gobierno antipopular y profascista

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Octubre de 2019

A la opinión pública

La represión contra las masas trabajadoras al igual que en las administraciones anteriores es regla y medida gubernamental. Gobiernos estatales en connivencia con el federal perpetran hechos represivos contra el movimiento popular, en particular, a organizaciones populares de carácter independiente con trayectoria de lucha.

El asesinato por motivos políticos de Mario Moreno López el 18 de junio del presente año; la situación de preso y rehén político desde el 17 de julio de 2019 de Javier González Díaz; la detención arbitraria y misma condición de Armando Hernández Sánchez detenido injustamente el 28 de septiembre, los tres militantes del FNLS; los múltiples intentos de desalojo, diversos actos represivos y amenazas contra pueblos, colonias y comunidades integrantes de nuestra organización y la constante amenaza de represión, prueban que:

Chiapas es una de las entidades federativas donde el gobierno estatal usa la represión como forma predilecta de “atención” a las demandas y necesidades populares. Política represiva que, en conjunción de fuerzas policíaco militares federales y estatales con mando único ha cobrado cientos de víctimas.

Desde la mesa de seguridad se determina a quién se reprime, despoja, hace preso o rehén político. Quienes la integran son hombres del régimen con antecedentes criminales, doctrina reaccionaria, militarista y profascista que, coligados con asesores del gobierno federal de la misma laya, comandantes de la Guardia Nacional, ejército y marina, determinan las medidas concretas de la política represiva del gobierno chiapaneco.

La tortura y la imputación de delitos con expedientes incriminatorios son práctica gubernamental de antaño; proceder político jurídico de la Fiscalía General del Estado e instituciones policíacas para montar su versión y consumar los objetivos políticos económicos que alberga la represión. Tal es la manera como el gobierno de Chiapas mantiene como rehenes a cientos de presos políticos y favorece con impunidad a intereses económicos de empresarios ligados a la agroindustria, la industria de la construcción, la minera y en el sector servicios.

La dilación, el burocratismo, la indolencia y la arrogancia son signo distintivo del autoritarismo con el que se conduce el gobierno estatal ante las demandas de justicia que provienen de sectores y organizaciones populares. Postura que se reproduce en menor o mayor medida en el gobierno federal, coincidencia causal que emana de los intereses políticos económicos coligados entre gobierno estatal y federal.

Éstos son los criterios de la política de gobierno del estado de Chiapas con los que nos ha tratado desde un inicio la presente administración abanderada por MORENA, agregado a ello, la postura del gobierno federal que respalda la administración que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, así la impunidad, la injusticia y las medidas represivas se mantienen en primer orden de la política de gobierno en Chiapas.

Éstas son las causas del por qué, Javier a pesar de existir irrefutables pruebas de ser inocente de las acusaciones imputadas sigue preso de manera injusta en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Es claro que su situación de preso político y víctima de la represión es consigna y política de gobierno.

En la misma condición de injusta reclusión se encuentra el compañero Armando Hernández Sánchez, preso político en el CERSS. No. 14 conocido como el Amate, quien fue detenido de manera arbitraria, sometido tratos crueles como tortura física; hechos que demuestra la respuesta represiva y criminal del gobierno estatal.

Son los motivos que explican que a pesar de haber otorgado de nuestra parte voluntad política y disposición al diálogo, en el transcurso de cuatro meses el gobierno estatal mantiene su autoritarismo; mismo período de tiempo donde el gobierno federal ha convalidado en la práctica el proceder de la política represora del gobierno de Chiapas, éste responde con más injusticias y mayor represión.

Ante tal situación política donde priva la injustica y represión gubernamental reiteramos que el responsable inmediato es el Gobernador de Chiapas, su gabinete e integrantes de la mesa de seguridad; el gobierno federal por su connivencia y postura política; y, el conjunto de empresarios que exigen la represión como forma de gobierno.

Condenamos de manera enérgica las medidas gubernamentales de impunidad a los responsables de los crímenes e injusticias derivadas de la represión; manifestamos que tanto el gobierno estatal como el federal son los responsables de los acontecimientos que se deriven producto del contexto represivo e intolerancia política propiciados por ellos mismos.

Si los presos políticos permanecen años en la cárcel, los mismos serán de resistencia combativa; si nuevas víctimas cobran la represión, más razones de lucha; por cada injusticia nuevas jornadas de protesta.

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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