Presentación del folleto. Las víctimas del terrorismo de Estado en Chiapas en la CDMX

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Introducción

Descarga aquí Folleto: Testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado en Chiapas

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Día: 15 de octubre de 2019
Hora: 12:00 horas

El terrorismo de Estado es una política de gobierno que se define con nitidez a través de tres crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y la tortura como lo más expresivo de esta política criminal que se ejecuta de manera sistemática y generalizada contra el pueblo organizado y no organizado.
Tiene como objetivo generar terror, miedo o zozobra en el pueblo para mantenerlo en la sumisión política e ideológica. El componente activo del terrorismo de Estado es la represión en todas sus expresiones, formas y modalidades.

En los gobiernos de Vicente Fox Quezada (VFQ), Felipe Calderón Hinojosa (FCH) y Enrique Peña Nieto (EPN) esta política creció día a día, sexenio tras sexenio; durante 18 años la violencia emanó de las instituciones, situación que es fácil de comprobar porque las víctimas crecieron de manera inconmensurable; a la fecha no existe un registro confiable de las personas detenidas desaparecidas o de las múltiples violaciones a los derechos humanos.

En ese tiempo la espiral de violencia creció sin parar, misma que se tradujo en cientos de miles de víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, encarcelamiento injusto, tratos crueles inhumanos y degradantes. Crímenes de lesa humanidad que a la fecha permanecen en la total impunidad y describen una lógica ascendente.

Los responsables materiales e intelectuales permanecen activos en las instituciones del Estado mexicano como si nada hubieran hecho. Desde el gobierno federal los premian con diferentes cargos de responsabilidad política, con puestos en las fiscalías generales de los estados y desde ahí actúan con las mismas prácticas contrainsurgentes y represivas para intentar contener el enorme descontento popular y acallar las voces de protesta.

La represión adquirió un carácter transexenal, independientemente de quien ocupe la silla presidencial, ésta se comete más allá de los límites de una administración gubernamental, por tanto, no comprende sólo tres sexenios, los antecedentes nos llevan a la década de los años 50 siglo pasado donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era gobierno. La historia contemporánea de nuestro país desnuda la esencia antipopular de estos gobiernos que asumieron la titularidad del Ejecutivo federal, cada uno con sus particularidades, pero la esencia se mantiene incólume.

En esos períodos de gobierno la represión adquirió rasgos de mayor violencia contra el pueblo organizado, donde las administraciones en turno cometieron abominables crímenes de Estado como masacres que aún permanecen en la memoria colectiva, tales como la del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, posteriormente se agregan a esta lista de terror la masacre de Aguas Blancas, Guerrero; Acteal, Chiapas; El Charco, Guerrero…; hechos criminales que se encuentran concatenados con los acontecimientos actuales, como la masacre en Nochixtlán, Oaxaca; Apatzingán y Tanhuato, Michoacán; Tlatlaya, Estado de México, donde queda desenmascarado el carácter represivo y profascista del Estado mexicano.

Esto configura una verdad que no se puede ocultar, la represión es de carácter transexenal, mientras se mantenga la base económica que lo alimenta esta política deleznable se mantendrá para proteger los intereses políticos y económicos de los grupos de poder, en consecuencia, la violencia contra el pueblo emana de las instituciones gubernamentales, de los gobiernos que asumen el poder político para hacer valer la voluntad empresarial.

Lo que vivimos los últimos 18 años con los gobiernos panistas de VFQ, FCH y priista de EPN fue la violencia sistemática y generalizada contra el pueblo organizado, política de gobierno expresada en el cometido de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos.

Durante la campaña electoral para la Presidencia de la República, MORENA en boca de sus abanderados a distintos puestos de representación institucional, pero sobre todo de quien compitió por la silla presidencial, prometió terminar con la violencia y regresar al ejército a sus cuarteles, no obstante, a diez meses de su gobierno ésta es una promesa que sigue en espera, realidad que cobra cada vez más víctimas del pueblo, sólo que la diferencia está en que ahora son más víctimas de organizaciones populares y luchadores sociales, parte del movimiento popular que reivindica la lucha independiente.

Innumerables son los hechos de violencia institucional que hablan de la continuidad de la represión contra el pueblo, la diferencia estriba en que desde el Ejecutivo federal dice que no se va a reprimir, insiste ante los medios de comunicación en que no habrá más actos represivos ni impunidad, no obstante, los gobiernos estatales siguen con su política de represión y sus medidas antipopulares, un ejemplo claro de ello, es lo que hace el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, entidad federativa donde la “ley” es utilizada como arma contra las organizaciones populares.

Funcionarios del gobierno federal y estatal de Chiapas sostienen que hay la disposición y voluntad de diálogo, pero esto sólo es de palabra, en los hechos constituye demagogia porque en cada mesa de trabajo los representantes gubernamentales “escuchan”, “atienden”, pero no hay respuesta alguna que resuelva las demandas que el pueblo plantea, al contrario, sólo la dilación, el desgaste e indolencia es la respuesta desde las instituciones.

Las “mesas de trabajo” que se establecen producto de la movilización y protesta se traducen en un espacio para tratar de imponer autoritariamente sus condiciones y visión represiva, un lugar donde anuncian cínicamente nuevas medidas represivas, apoyados en un estado de derecho que pondera la defensa de los intereses de los grandes empresarios. La ley es aplicada para reprimir a quienes se atreven a exigir sus derechos y denuncian la existencia de un gobierno represivo y antipopular.

Desde la federación se pretende asumir una posición de supuesta neutralidad, una política donde se respeta la “autonomía” de los estados, sin embargo, esta actitud redunda en dar el respaldo a la política criminal que asumen los gobiernos estatales, convalidan y aceptan la política represiva que ejecutan contra el pueblo organizado y no organizado, al permitir que se cometan actos de tortura, desalojos violentos y detenciones arbitrarias.

La represión es represión, no se le puede llamar de otra manera, cuando tiene como objetivo castigar a quienes hacen válido el derecho a la protesta. Un cuerpo represivo, policíaco militar siempre tendrá una condición represiva, en México esa será su función, porque protege los intereses de los grupos de poder político y económico, por tanto, quien defienda sus derechos y denuncie la esencia represiva del Estado será tachado como vándalo o delincuente por los gobiernos en turno.

Los cuerpos policíaco-militares que se fundamentan en un régimen de explotación y opresión política no pueden menos que responder a preservar esos intereses mezquinos de una minoría rapaz. Ello explica por qué un policía, militar o cualquier otro agente de Estado representa a los intereses que no son los del pueblo trabajador, por mucho que se empeñe la palabra, ésta es la realidad que explica la represión con un carácter de clase.

Los testimonios que aquí describimos son la experiencia política de los familiares y las víctimas directas, quienes en estas líneas expresan las vivencias dolorosas, pero la forma de cómo lo enfrentaron para exigir justicia, así como castigo a los responsables, quienes se encuentran activos en las instituciones gubernamentales.

Son víctimas de la desaparición forzada, en esta condición está el compañero Fidencio Gómez Sántiz; la ejecución extrajudicial de un menor de edad, Humberto Morales Sántiz; asesinatos políticos de Héctor Sántiz López, Víctor Alfonso Pérez López y Mario Moreno López; la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Javier González Díaz, así como la reciente detención e injusta reclusión del compañero Armando Hernández Sánchez; testimonios de crímenes de Estado y de lesa humanidad y de represión política que mientras no haya JUSTICIA así como JUICIO Y CASTIGO a los responsables las acciones políticas de masas tendrán miles de razones de ser.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS
Octubre de 2019

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