Empresarios, cámaras comerciales y gobierno estatal cierran filas para arremeter contra las comunidades campesinas e indígenas organizadas de manera independiente

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Ciudad de México a 6 de octubre de 2019

A la opinión pública

La represión política y el incremento de la enorme lista de violaciones a los derechos humanos nuevamente penden sobre la integridad de las organizaciones populares y el pueblo trabajador, política de gobierno que deja entrever el amasiato entre empresarios, cámaras comerciales y gobierno estatal para arremeter contra las comunidades campesinas e indígenas organizadas de manera independiente. Cada vez es más nítido el interés empresarial al que sirve la actual administración estatal en Chiapas, con lo cual queda evidenciado su carácter antipopular, proempresarial, criminal y represivo.

La amenaza latente de desalojo contra los compañeros de la comunidad “2 de noviembre”, municipio de Socoltenango en el estado de Chiapas, se suma a la cifra de agresiones de la que es objeto el pueblo trabajador que lucha por un espacio de tierra para vivir y trabajar. En los hechos queda demostrado que el gobierno chiapaneco se mantiene inamovible en la máxima que expuso el Secretario General de Gobierno Ismael Brito Mazariegos en una entrevista: “el problema de Chiapas son las organizaciones sociales”.

Quienes están despreocupados es el sector empresarial porque anuncian la posibilidad de un crecimiento exponencial en sus negocios, no les importa que esa ganancia se finque sobre la sangre derramada de las masas proletarias. Así queda constatado en las declaraciones que realiza Sismondi Esparza Flores, quien manifiesta su total respaldo a la política criminal y represiva del gobierno que encabeza Rutilio Escandón Cadenas.

No se trata de municipios con mayor índice de “violencia”, si prestan más atención se trata de zonas geográficas golpeadas acremente por la pobreza y miseria, dos flagelos socioeconómicos que laceran considerablemente a las masas populares. Esto no significa que la violencia emane de los campesinos e indígenas empobrecidos, los empresarios ven al pueblo que se organiza y lucha como un enemigo a vencer.

Estos prominentes “hombres de negocios” únicamente piensan en su tabulador de ganancias, no les importa si en su “florecimiento” comercial lleva implícito la devastación forestal, la perversión de la cultura o el desalojo violento de las comunidades que habitan en los lugares donde pretenden fincar sus voraces negocios.

Chiapas es un estado con una riqueza natural y cultural sin parangón, aunada a ella las enormes reservas de mineral que existen en la entidad federativa, no obstante, es también la entidad con los niveles más altos de miseria, de analfabetismo y de muertes por enfermedades curables. Todas las administraciones se encargaron de utilizar placebos para administrar el hambre, para ejercer mecanismos de control social con el objetivo de mantener a las masas sometidas ideológica, cultural y políticamente.

El “indio” que es aceptado en los roles institucionales es aquel que es sumiso, que renuncia a su condición de explotado y se presta para el folclor mediático. En campesino indígena que lucha por sus demandas más sentidas es el “violento”, el “delincuente” o el “agresivo”. En tal condición lo que se desprende del plan de desarrollo en la entidad es de la criminalización de la pobreza y protesta popular.

La “mesa de seguridad” que sesiona permanentemente en la entidad se devela como el mando operativo que planifica y ejecuta la represión en Chiapas. Es el sofisma del combate a la inseguridad que se fundamenta el paradigma del desarrollo económico.

¿Qué diferencia existe con la estrategia delineada por Felipe Calderón cuando ordenó los Operativos Conjuntos para combatir la inseguridad? ¿En qué se distingue esta política con la que se justificó la creación de la Policía Federal en el marco de la campaña Mover a México de Enrique Peña Nieto? En esencia no hay diferencia ni distinción sustancial, en los hechos es el argumento de combatir la inseguridad lo que se coloca como palanca de “desarrollo”.

El análisis maniqueo de empresarios, representantes de cámaras comerciales y funcionarios públicos permanece obnubilado para sostener que la inseguridad es producto de la existencia de “supuestas organizaciones campesinas”. En su lógica absurda, el pueblo se moviliza por ociosidad, como una pérdida de tiempo o una vulgar necesidad económica.

Sismondi Esparza Flores, quien es representante del sector empresarial en la “mesa de seguridad turística”, al igual que su par en el estado de la CANACINTRA, Carlos Ernesto Orantes Vázquez no tienen empacho al afirmar que sus intereses están garantizados en la actual administración chiapaneca, su llamado a la “aplicación del estado de derecho” se traduce en ejercer la represión para hacer valer el derecho del empresario hecha ley.

De forma cínica aseguran haber invertido en “equipo seguridad y capacitación para la prevención del delito”, lo que en los hechos se traduce en medios para ejercer la represión, en recursos para sostener la ofensiva represiva contra el conjunto del movimiento popular y de manera particular contra las organizaciones independientes.

Hoy no queda duda a qué intereses representa el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, está más que claro que la “cuarta transformación” en Chiapas tiene rostro empresarial, que es este reducido grupo de explotadores quienes no verán mermadas sus ganancias, aunque en ello lleve implícito la pauperización de miles de chiapanecos.

La represión en Chiapas tiene sello de clase, la violencia tiene la faceta empresarios que fincan sus negocios en la sangre del pueblo trabajador. Esta es la esencia de la administración estatal, represiva, antipopular y profascista, ante ello, la impavidez del Ejecutivo federal causa asombro, porque tal condición contraviene el lema de “por el bien de todos, primero los pobres”.

¿Cuántas víctimas de violaciones a los derechos humanos requiere Rutilio Escandón Cadenas para saciar su voracidad represiva? ¿Cuántos presos políticos necesita para satisfacer la ambición de su amo empresarial? La respuesta la dictará el acontecer político en Chiapas. Mientras la prisión por motivos políticos persista, la tortura como medio para incriminar y arrancar confesiones a modo, no hay motivos para dejar la movilización, la denuncia y la acción política de masas. ¡Juicio y castigo a los criminales de Estado!

Atentamente

¡Libertad inmediata e incondicional de los compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez!
¡Porque ser luchador por el socialismo no es sinónimo de delincuente!

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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