Protestar, defender los derechos y libertades políticas es más peligroso en Chiapas que cometer graves violaciones a los derechos humanos

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2019

A la opinión pública

La protesta popular, la defensa de los derechos y libertades políticas es para el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas un acto “delincuencial” que debe ser “castigado” con todo el peso de la ley, en cambio, el cometido de tortura, detención arbitraria, ejecución extrajudicial desaparición forzada son minimizados, enviados al buzón del olvido para garantizar la protección de los perpetradores, quienes se mantienen activos en las estructuras gubernamentales.

En esas condiciones es más peligroso protestar de manera organizada que cometer crímenes de Estado y de lesa humanidad, de lo contrario, ¿Por qué a estas alturas no hay un solo detenido por la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Sántiz? Son cuatro años de este deleznable crimen y los perpetradores se mantienen incólumes.

¿Por qué no han detenido a los sujetos que ejecutaron extrajudicialmente al menor de edad Humberto Morales Sántiz en el ejido El Carrizal?, se les ha entregado nombres, pruebas y dictámenes de organismos independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF) que comprueban el delito a la Fiscalía de la entidad y no actúan para detenerlos. En ambos casos no existe la justicia sólo la dilación, desgaste, indolencia, burocratismo y entorpecimiento de una investigación pronta y expedita es la respuesta a los familiares e integrantes de nuestra organización.

La detención arbitraria de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez es política de gobierno, un acto represivo del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas contra integrantes de nuestra organización por hacer uso del derecho a la protesta, defender los derechos y libertades políticas. En los hechos es la criminalización de la protesta popular, queda claro que para la administración chiapaneca es más peligroso construir la organización popular e independiente, denunciar y realizar acciones políticas de masas que torturar, detener desaparecer o ejecutar extrajudicialmente.

MIENTE la Fiscalía General de Chiapas (FGE) al señalar que la detención del compañero es por realizar “un bloqueo con acciones violentas portando machetes, palo y armas de fuego”, las acciones políticas de masas que hacemos son una respuesta y mecanismo de autoprotección colectiva a las violaciones a los derechos humanos que comete la administración en Chiapas contra nuestra organización.

Es absurdo señalar que en una actividad de protesta se llevan armas, el pueblo que lucha y defiende sus libertades políticas no actúa por venganza o intereses mezquinos; son los actos de INJUSTIA, represión y autoritarismo los que generan indignación y motivos para desenmascarar a través de la denuncia y acciones de protestar las prácticas antipopulares y profascistas de los gobiernos en turno. Se equivocan quienes así lo piensan y más aquellos funcionarios y políticos de oficio que en un acto intolerante pretenden contener a sangre y fuego el descontento popular.

La violencia emana del Estado, de sus instituciones, funcionarios y políticos de oficio, son ellos los que la ejecutan de diversas maneras contra el pueblo organizado y no organizado. Las acciones de protesta del pueblo organizado son las consecuencias del fenómeno socioeconómico mas no las causas que lo originan. Las causas se originan en las administraciones en turno, en los gobiernos serviles a los intereses político y económico de los grupos de poder en el país como del extranjero.

Quitar la esencia política a las acciones de protesta es perverso porque abre las puertas a la incriminación, descalificación y criminalización de la protesta popular; política del gobierno en Chiapas que desenmascara a una administración autoritaria y profascista que no tolera a quien disiente y resiste por mejorar sus condiciones de vida, máxime con aquellos que luchan por el socialismo en México.

Las imputaciones que hace la FGE contra los compañeros son un artilugio leguleyo para mantenerlos en calidad de rehén político como lo hacen con el compañero Javier González Díaz, hoy contra Armando Sánchez Hernández, ambos presos políticos del gobierno de la cuarta transformación en el estado de Chiapas. Una forma de intentar frenar la organización popular e independiente, en este caso el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Se comprueba una vez más que la tortura es el “método de investigación” de la Fiscalía General de Chiapas a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, quien junto con sus hombres policíacos someten a tratos crueles inhumanos y degradantes a las víctimas para arrancarles confesiones a modo y acepten delitos que no cometieron. Política de gobierno sistemática, generalizada y transexenal, que lejos de erradicarla y castigar a los perpetradores son tolerados por el gobierno federal, quien pese a que tiene conocimiento de esos hechos guarda silencio.

En el caso del compañero Armando Hernández nuevamente actúan arbitrariamente los elementos de la FGE, agentes policíacos vestidos de civil lo detienen con golpes en la nuca, lo suben a una combi blanca sin logos oficiales, le cubren el rostro con una playera y una vez adentro de la combi lo empezaron a golpear en las costillas y en su pierna derecha.

Lo trasladan a un cuarto oscuro, donde lo amarran los pies con un trapo, lo avientan al piso, le echan agua en el rostro para sofocarlo mientras lo interrogaban. Durante 30 minutos estuvo en esas condiciones, fue amenazado de muerte, en todo momento le decían “ya te cargó la chingada”, posteriormente es trasladado al cuartel de la policía y tránsito municipal de Tuxtla Gutiérrez, quienes lo trasladan al juzgado de control y tribunales de enjuiciamiento en Cintalapa, Chiapas.

Un ejemplo más de la violencia desenfrenada que permea en el estado de Chiapas, donde la única ley que impera es la impuesta por criminales, torturadores, asesinos y represores del pueblo. El encargado de “impartir la justicia” en Chiapas es un hombre con un largo historial represivo donde es señalado y acusado por las víctimas directas e indirectas de cometer actos de tortura y asesinato, aún así se le mantiene en las estructuras del gobierno mexicano, goza de la protección y total impunidad de los grupos de poder político y económico que representa, asimismo del gobierno federal quien tolera y está de plácemes con esa política antipopular y represiva.

¿Con qué confianza podemos acercarnos a estas instituciones si está representada por criminales?, si son las encargadas de objetivar el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, son las que tienen todo el aparato represivo a su disposición para hacer y deshacer leyes, procesos, delitos y todo cuanto esté a su alcance con tal de saciar su vocación represiva.

No vamos a callar ni a dejar de luchar por el socialismo en México, el tiempo que duren nuestros compañeros en las mazmorras del Estado es el tiempo que mantendremos la denuncia y actividades políticas de protesta para exigir su libertad inmediata. Dos presos políticos del gobierno de la cuarta transformación en Chiapas.

Mientras la injusticia permanezca miles de razones tenemos para mantener la organización y lucha popular. Mientras más detenciones cometan más presos políticos habrá en esta administración; cientos de razones nos mantendrán para exigir su libertad inmediata e incondicional.

Atentamente

¡Libertad inmediata e incondicional a los compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS