Tinta Socialista No. 96. Quien niega el derecho a la protesta enuncia con claridad su concepción criminal

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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2019

Tinta Socialista No. 96

La protesta en cualquiera de sus manifestaciones de ninguna manera puede considerarse como un chantaje, tal aseveración teórica enuncia con claridad la concepción criminal de quien considera ese derecho como una ociosidad de las masas. Quien protesta lo hace por motivaciones eminentemente políticas, mismas que emanan de la actitud negativa del Estado mexicano para resolver los problemas socioeconómicos que afectan los intereses del pueblo trabajador.

Algunos funcionarios como Rutilio Escandón Cadenas arengan mucho a través de algunos medios de comunicación que su gobierno no va a ceder ante “chantajes” del pueblo organizado para resolver sus demandas; desde esa concepción considera que la forma de manifestar el descontento popular es una “imposición” para “obligarlo” a que cumpla con las necesidades elementales del hombre para sobrevivir, tales como salud, educación, vivienda digna, trabajo, respeto a la posesión de la tierra, justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, castigo a los responsables materiales e intelectuales de tan aberrantes crímenes, entre otras demandas producto de la inequidad y desigualdad social que existe en el país.

Concepción política que en esencia es retrógrada y conservadora porque niega el derecho a la protesta, a disentir y a la expresión de ideas, aunque señalen que respetan los derechos humanos y constitucionales en los hechos los conculcan y mantiene bajo el asedio represivo a las organizaciones populares e independientes que hacen uso de ese derecho y libertad política.

Al interior de la República mexicana, algunos estados gobernados por el partido político de MORENA aluden a ese criterio cuando las masas organizadas realizan acciones políticas de masas para que sean escuchadas sus demandas, no obstante, en lugar de atenderlas, las descalifican con la intención de generar un ambiente de odio y linchamiento que permitan la criminalización de la protesta popular y con ello el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Uno de los estados que se distingue por ejecutar esta política deleznable es Chiapas, entidad gobernada por Rutilio Escandón Cadenas, quien a nueve meses de administración se ha evidenciado por su política antipopular, autoritaria, profascista y proempresarial; su gobierno contradice totalmente los principios políticos del partido que hoy identifica al Ejecutivo federal, en esencia mantiene el estatus quo de las administraciones panistas, priistas, verde ecologistas quienes a través de la violencia institucional y el terrorismo de Estado impusieron su propia ley.

Desde que asumió la gubernatura Rutilio Escandón Cadenas mostró su verdadero rostro servil a los intereses empresariales ante el pueblo chiapaneco, sin ningún recato manifiesta públicamente “los logros” de su administración, que a través de sus cuerpos policíacos y con la participación de la Guardia Nacional cometió de manera violenta 38 desalojos, despojó de su tierra a más de 5 mil familias, hurtó desde la institucionalidad para dejar en la intemperie, sin trabajo ni condiciones para vivir a hombres, mujeres, niños y ancianos con el objetivo de saciar los intereses económico y políticos de empresarios, tanto del país como del extranjero.

Los saldos de esas violaciones a los derechos humanos son desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, fabricación de delitos y amenazas contra las familias despojadas; hecho antipopular y represivo que es expuesto por el gobierno estatal ante la opinión pública como un logro institucional, a través de la simulación impone la imagen de que su gobierno “cumple con la ley” y la supuesta protección a los ciudadanos. Lo real es que el despojo de miles de familias es para acumular y concentrar riquezas para un puñado de empresarios, caciques y oligarcas.

El gobierno chiapaneco señala que el plantón, las marchas, el mitin, el volanteo en carretera o cualquier tribuna de denuncia son una forma de “chantaje” según su lógica, el pueblo organizado lo “extorsiona u obliga bajo presión” para que resuelva sus demandas; con esa concepción lo que hace es criminalizar los derechos y libertades políticas de las masas organizadas; en los hechos elude su responsabilidad de atender las necesidades elementales del pueblo trabajador.

La protesta tiene su origen en la desigualdad e inequidad social, en la pobreza y miseria que azota a más de 90 millones de hogares, en la explotación y opresión, en la violencia desenfrenada y el terrorismo de Estado que ha dejado cientos de miles de víctimas, en las políticas neoliberales que sólo benefician a un puñado de oligarcas y empresarios. Fenómeno inherente al modo de producción capitalista que mientras no se modifique de raíz la base económica que lo sustenta persistirán.

De ninguna manera se puede considerar a la protesta como un “chantaje”, ¿acaso exigir JUSTICIA para las víctimas del terrorismo de Estado es chantaje?, ¿demandar mejor atención médica significa una ociosidad?, ¿exigir juicio y castigo a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad es un chantaje?, ¿solicitar que las demandas populares sean tendidas es un chantaje? Desde luego que no, son derechos que deben ser escuchados y respetados por funcionarios, agentes, políticos de oficio e instituciones gubernamentales.

El pueblo trabajador tiene el derecho legítimo de manifestarse a través de diversas formas de lucha organizada, quien niega ese derecho y lo impide a través de la represión denota su vocación profascista al coartar las libertades políticas, como el derecho a la manifestación, a la organización, a la expresión de ideas con la intención de contener ese enorme descontento popular y deslegitimar las causas de su lucha.

Lo perverso está en que al descalificar las formas de lucha de las masas organizadas a través de los medios de comunicación oficiosos y sus emisarios, el gobierno mexicano crea el ambiente propicio para generar campañas de odio y linchamiento que permita la criminalización de la protesta popular y con ello la desarticulación de esfuerzos organizativos de carácter popular e independiente.

Desde la organización popular e independiente no vamos a renunciar al derecho a la protesta, a la manifestación y expresión de ideas, mientras no sean resueltas nuestras demandas de JUSTICIA, presenten con vida a nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, a los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, respeten a la posesión de la tierra, enjuicien y castiguen a los responsables de objetivar crímenes de lesa humanidad, las acciones políticas de masas persistirán, la denuncia en las calles se mantendrá.

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas podrá disponer de las instituciones, funcionarios, jueces, fiscales y todo el andamiaje represivo para fabricar innumerables delitos contra integrantes de nuestra organización, podrá cometer violaciones a los derechos humanos en perjuicio de nuestras personas, pero deben saber que eso no detendrá nuestra lucha ni nuestra dignidad, que se mantiene firme con convicción para luchar por una vida digna, al contrario, tendremos más razones políticas para luchar.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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