Se levanta el plantón de la CDMX a pesar de que nuestro compañero sigue en una mazmorra del Estado

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Ciudad de México a 13 de septiembre de 2019

A los medios de comunicación
A las organizaciones populares independentes
A los organismos defensores de los derechos humanos
A la opinión pública

Los acontecimientos represivos desde el mes de diciembre en el estado de Chiapas contra el conjunto de organizaciones que conforman el movimiento popular demuestran con total nitidez la existencia de una administración de naturaleza represiva, antipopular, pro oligárquica y profascista.

El asesinato político de nuestro compañero Mario Moreno López, la detención ilegal, tortura y prisión arbitraria del compañero Javier González Díaz, los desalojos violentos de colonias populares y comunidades, la ejecución extrajudicial de activistas políticos, la persecución política de estudiantes normalistas y magisterio democrático, el cierre de espacios de educación pública... son hechos que conforman el panorama deleznable de un gobierno que ejecuta la política del terrorismo de Estado, a pesar de la retórica oficial del respeto a los derechos humanos.

En Chiapas gobierna una administración conformada por verdaderos criminales de Estado, sobre el Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca pesan denuncias de cometido de actos crueles, inhumanos y degradantes como la tortura, denuncias que merecieron recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y existe denuncia penal por tales hechos.

La promesa de cero tolerancia a la impunidad queda muy endeble con la sola presencia de políticos de oficio que fraguaron su carrera política sobre el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad y de Estado. Son ellos quienes generan el clima de ingobernabilidad dada su vocación fascistoide que concluye que el problema de Chiapas “son las organizaciones sociales” y tal elucubración desarrollan planes contrainsurgentes agazapados en el poder político desde 1994.

El gobierno en Chiapas manifiesta un estrecho vínculo con un reducido grupo de empresarios quienes fraguaron su riqueza al amparo de familias caciquiles de antaño, tales como los Orantes, Castellano Domínguez, entre otros. De tal manera que cuando una administración sujeta su política en el uso de las macanas, fusiles, cárceles legales y clandestinas, es un gobierno que no puede llamarse de otra manera más que represivo y antipopular.

La protesta es un derecho legítimo de las masas trabajadoras ante la existencia de gobiernos represivos, es digno protestar y ejercer el derecho a la protección colectiva cuando se enfrenta una ofensiva criminal de un gobierno encabezado por tiranos y represores. Cuando la ley expresa el derecho de un grupo de empresarios voraces y a los pobres se les enfrenta con el látigo de la represión.

Los trabajadores del campo y la ciudad ejerceremos el derecho a la protesta las veces que sea necesario, del tamaño de la agresión será la magnitud de la respuesta organizada y en esa misma medida quedará desnudada la naturaleza inicua del régimen. La claridad política cada vez es una realidad y las masas logran identificar quién es el enemigo de todos los trabajadores.

El compañero Javier es un preso político de este sexenio, se le sometió al flagelo de la tortura para intentar doblegar su convicción en la defensa de la propiedad colectiva de la tierra y la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y hoy es mantenido como rehén político en la pretensión falaz de doblegar la decisión de lucha de todos los que conformamos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Criminalizar la pobreza y protesta popular es política gubernamental que distinguió a los gobiernos panistas de Vicente Fox, Felipe Calderón y el priista de Enrique Peña Nieto. Resulta contradictorio que esta misma política sea la que identifica al gobierno que afanosamente insiste ser promotor del cambio.

Somos reprimidos por denunciar el oprobio que genera la política neoliberal, por ejercer al derecho a la organización independiente como parte de las masas explotadas y oprimidas, por luchar por la superación cualitativa del régimen, por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y el juicio y castigo a los criminales de Estado.

Las acciones de protesta que emprendimos para exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Javier son legítimas y se enmarcan dentro de las libertades políticas como ciudadanos, como mexicanos y seres humanos. Cuando las masas proletarias sientan vulnerados sus derechos, la protesta tendrá razón de ser ante la injustica que administra el actual estado de derecho.

Al compañero Javier se le mantiene en la condición de preso político por consigna criminal del gobierno chiapaneco, con ello buscan extender su suplicio a todos sus compañeros de lucha. La omisión del gobierno federal ante un hecho totalmente arbitrario es de tal magnitud que lo hace corresponsable de la ilegalidad que criminaliza la protesta y viola de manera flagrante lo derechos humanos.

A una injusticia se le encima otra de la misma magnitud, en la medida que el gobierno estatal y federal se mantengan en la ruta de escamotear la justicia para los trabajadores del campo y la ciudad, existirán razones para ejercer la protesta y acciones políticas de masas. Las calles serán la tribuna para hacer escuchar la voz de denuncia y la movilización la premisa metodológica para garantizar la continuidad de la organización independiente.

Las formas metodológicas de organización y lucha que surjan producto de la reflexión colectiva serán en función de mantener la exigencia de la libertad incondicional de nuestro compañero Javier, exigir un alto a la persecución y hostigamiento contra las comunidades organizadas en torno al FNLS y la solución a las demandas conculcadas de antaño.

Se levanta el plantón a pesar de que nuestro compañero sigue en una mazmorra del Estado, sin embargo, para el FNLS no constituye en derrota, porque la justeza de nuestra demanda es real y no es posible sostener la injusta reclusión de nuestro compañero por medio de ningún artilugio leguleyo.

La disposición al diálogo siempre estuvo presente, fue el gobierno estatal quien se mantuvo obcecado en dar una salida represiva a un problema que él mismo generó. Reiteramos nuestra disposición a resolver cualquier problemática de manera dialogada, no obstante, de ninguna manera aceptaremos un diálogo impuesto a través de condicionantes que busquen cercenar el derecho a la protesta.

La solución a esta situación crispada por la naturaleza represiva del gobierno chiapaneco se encuentra en manos del gobierno federal, no pueden asumir una posición de simples espectadores o mediadores cuando a ambos los identifica el mismo color partidista. Los mecanismos de comunicación quedan abiertos, esperamos una puntual respuesta a nuestras justas demandas.

Atentamente

¡Libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Javier González Díaz!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS





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