El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en el estado de Chiapas criminaliza la protesta popular

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Ciudad de México a 16 de agosto de 2019

A la opinión pública

La protesta no es una provocación, chantaje o extorsión como lo han sentenciado en repetidas ocasiones políticos de oficio que ejercen a nombre de la cuarta transformación una política represiva, autoritaria y criminal contra comunidades campesinas e indígenas, organizaciones populares, organizaciones defensoras de los derechos humanos o trabajadores de la comunicación.

La protesta es un derecho, un mecanismo de defensa colectiva ante la política represiva que ejecutan el Estado contra el pueblo organizado. La forma de manifestarlo depende del grado de violencia institucional que ejecute el gobierno mexicano, si ésta se expresa en desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias o desalojos violentos que conlleve a desplazamientos forzados, la protección colectiva se manifiesta para impedir el cometido de más crímenes de lesa humanidad.

Lo que hace el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en el estado de Chiapas contra el conjunto del movimiento popular es criminalizar la protesta y señalar a las organizaciones populares e independientes como “transgresoras de la ley”, a las que le va a aplicar “todo el peso de la ley” para que sean “castigadas”, no obstante, sus comentarios son hipócritas, porque mientras a unos les quiere aplicar la “ley”, a los responsables del cometido de graves violaciones a los derechos humanos los protege, siguen incólumes sin recibir castigo alguno, prueba de ello, es el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

Sujeto político que desde el siglo pasado hizo historia represiva, con detenciones arbitrarias, asesinatos, tortura y despojos violentos; en más de dos ocasiones ha recibido recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) por casos de tortura, mismas que no ha dejado de practicar, un ejemplo de ello, es el caso de nuestro compañero Javier González Díaz, quien fue detenido desaparecido durante 27 horas por agentes del Estado vestidos de civil, en el lapso de ese tiempo fue brutalmente torturado por agentes policíacos, uno de ellos identificado por la víctima como comandante de la misma corporación.

Por más de 13 años, Llaven Abarca ocupó escaños policíacos en esas instituciones, tiempo en el que utilizó todos los recursos jurídicos, económicos, policíacos y militares a su alcance para cometer graves violaciones a los derechos humanos y permitir que los autores materiales e intelectuales permanezcan activos en las instituciones con goce pleno de impunidad. No es novedosa su política de fabricar delitos a las víctimas para justificar su proceder criminal, en esencia conforma el aparato burocrático y represivo para escamotear la justicia y revictimizar a las víctimas.

No es casual que los casos jurídicos de nuestros compañeros, como la desaparición forzada del Fidencio Gómez Sántiz, la ejecución extrajudicial del Humberto Morales Sántiz y la ejecución extrajudicial de Mario Moreno López permanezcan sin avances sustanciales en las carpetas de investigación, en todo momento lo que han hecho es impedir que se obtenga una investigación pronta y expedita, su política es de dilación y desgaste para los familiares de las víctimas, incluso en algunos casos las amenazas de muerte con la intención de que la frustración invada a sus hogares para que dejen de denunciar.

¿Con qué calidad moral, Rutilio Escandón Cadenas dice que va a actuar con honestidad y transparencia? Si en los cargos que ocupó en administraciones anteriores predominó la impunidad y el cobijo a los perpetradores; su carrera política, como todo hombre del régimen está marcada por el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Con cinismo hace público la entrega de cientos de hectáreas de tierra a sus “legítimos dueños”, donde dejó en las calles a familias proletarias, de manera indolente con la participación de las policías municipal, estatal y la Guardia Nacional fueron despojados de su tierra las comunidades cercanas al municipio de Chiapa de Corzo. Campesinos e indígenas bajo un ambiente de terrorismo de Estado están bajo el acecho policíaco y militar.

Los “legítimos dueños” de los que habla el representante del gobierno chiapaneco se refiere a empresarios y caciques de la región, lo que expresa que es una administración servil a los intereses político y económicos de oligarcas, tanto del país como del extranjero. Por eso no sorprende las constante reuniones que tienen con las cámaras empresariales, los pronunciamientos que hacen esos grupos para proteger a sus cancerberos.

Los saldos de esos desalojos violentos son detenciones arbitrarias, donde se tiene un registro de más de 180 presos políticos, asesinatos políticos, tortura, amenazas de muerte y allanamientos de morada de oficinas de organizaciones populares, como el reciente allanamiento de morada de las oficinas del MOCRI-CNPA-MN y la ocurrida en las oficinas del Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (CPODDH) del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) el 5 de marzo de 2019 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. De esos hechos existen denuncias claras y específicas ante la Fiscalía chiapaneca que a la fecha no se tiene respuesta alguna.

La ejecución extrajudicial del compañero Mario Moreno López el 18 de junio de 2019 en la comunidad 20 de junio, municipio de Venustiano Carranza; la detención desaparición forzada por 27 horas y brutal tortura en perjuicio del compañero Javier González Pérez, así como su detención ilegal e injusta reclusión, son un ejemplo de la impunidad con la que operan los cuerpos policíacos y militares en esa entidad federativa.

Similar situación fueron los intentos de desalojo por elementos de policíacos de la entidad, así como elementos de la Guardia Nacional en las comunidades 20 de junio y Altamira, municipio de Venustiano Carranza, y la comunidad Río Florido, municipio de Ocosingo, todas pertenecientes al FNLS, están bajo el acecho policíaco y miliar con vuelos rasantes de helicópteros, espionaje a través de drones militares y las constantes amenazas de masacrar a las familias que ahí viven de manera organizada.

Hechos represivos que definen una política de gobierno que no tiene mucha diferencia con las administraciones anteriores, al contario se exacerba en este gobierno, quien destaca por su inclinación al fascismo y la cerrazón para escuchar las demandas populares, la única razón que sabe escuchar es la aplicación de la ley burguesa a las masas empobrecidas. Ahora si con gran regocijo aplauden y se congratulan los empresarios por el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad contra el pueblo organizado en Chiapas.

La fabricación de delitos sigue presente en el gobierno actual, la invención de historias es una constante en el estado de Chiapas; política de gobierno que intenta quitar el sentido político de las movilizaciones de protesta para pasarlas como simples actos “vandálicos”, como si al pueblo organizado lo movieran los actos de venganza o simples caprichos personales.

Éstas tienen su origen en la violencia de Estado, ahí donde hay desalojos violentos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o desplazamientos forzados, el pueblo trabajador tiene que buscar los mecanismos de protección para detener la ofensiva represiva y exigir al gobierno mexicano que respete los derechos y libertades políticas de las masas trabajadoras.

La exigencia de libertad inmediata e incondicional para el compañero Javier González Pérez continua, porque es víctima de la violencia institucional y el terrorismo de Estado, un compañero que su único delito fue participar en la Jornada Nacional de Lucha. Perdón ¡Nunca! Olvido ¡Jamás! En el mes de mayo del presente año para exigir al gobierno mexicano el cumplimiento de la sentencia 942/2013-2 emitida por un tribunal federal donde reconoce la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya como una grave violación y señala como uno de los responsables a elementos del ejército mexicano. Exigir JUSTICIA no es un delito. Un compañero que lucha y defiende la tierra, la vida y el trabajo.

Atentamente

¡Libertad inmediata de nuestro compañero Javier González Pérez!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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