Los argumentos del fiscal José Luis Abarca llaven al medio informativo Gabriela Coutiño, sobre nuestra organización son infundados

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Ciudad de México a 6 de agosto de 2019
A la opinión pública

Los argumentos del fiscal José Luis Abarca llaven al medio informativo Gabriela Coutiño, sobre nuestra organización son infundados, un artificio leguleyo preparado para justificar su proceder criminal que por años ejecutó contra el conjunto del movimiento popular. Ahora se ampara bajo el discurso de la cuarta transformación, pero su historial policíaco lo devela como hombre del régimen que desde 1995 a la fecha es participe de la política contrainsurgente en el estado de Chiapas.

Arenga que las administraciones pasadas les heredaron los “conflictos sociales” considerados “papas calientes” es falso e hipócrita porque fue parte de dichos gobiernos, tiempo en el que “integraron” las “carpetas de investigación” y hoy arropados por el partido político de MORENA son los ejecutores principales.

Su historial represivo desde 1995 a la fecha devela su papel contrainsurgente en el cargo que hoy ocupa, de un juzgado a otro devela que es hombre del régimen que se mueve dentro del escalafón, desde que inició en los juzgados familiares del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (1995), Secretario Particular del C. Subprocurador General de la Procuraduría (2000) y Secretario de Estado, en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (2012-2018), entre otros cargos policíacos a Fiscal del Estado de Chiapas (2019). Por eso, no sorprenden sus declaraciones que destilan el odio de la clase que representa.

El argumento político, mediático y jurídico del fiscal José Luis Abarca tiene la intención de sustentar que integrantes de nuestra organización son “delincuentes”, “líderes visibles”, “grupúsculo de personas”, que se disfrazan de luchadores sociales para delinquir, lo que se traduce en la criminalización a todas las organizaciones independientes, desde el gobierno estatal aplican la política del castigo porque, según su lógica, nos “portamos mal”, en otras palabras, por pedir la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, por desenmascarar el carácter represivo y antipopular de gobiernos neoliberales o autoritario embozados con la careta de progresistas se nos descalifica y sataniza.

Bajo esa concepción de “bueno y malos” los luchadores sociales son criminales, desestabilizadores del orden público, alteradores de la paz social, términos policíacos y jurídicos que, desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego el Partido de Acción Nacional (PAN) se apoyaron para justificar el terrorismo de Estado. En ese marco no hay diferencia alguna con los gobiernos neoliberales, antipopulares y represivos, es la misma senda de violencia gubernamental contra el pueblo.

Cuando habla de “ciudadanos” el fiscal Abarca Llaven no se refiere a los que se levantan a las 4 o 5 de la mañana para irse a trabajar al campo, a los que tienen que preparar sus cosas para ir a los mercados o plazas públicas a vender sus productos, los que se tienen que ir a trabajar en la construcción para llevar el pan a sus hogares, a esos no hace referencia alguna; los que él menciona son aquellos empresarios que tienen intereses económico y políticos establecidos en la entidad, por tanto, es a ese tipo de ciudadanos que dice proteger como todo hombre formado en las instituciones del régimen para garantizar sus cotos de poder.

Bajo el sofisma de “delincuentes” o “grupos de delincuentes” oculta las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido contra el pueblo trabajador, desde desalojos violentos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y tortura; en ese tipo de casos la justicia no existe, permanecen como casos ocultos, en el silencio institucional.

En nuestro caso respecto a la ejecución extrajudicial del compañero Mario Moreno López, la desaparición forzada, tortura y posterior detención ilegal del compañero Javier González Díaz, así como el intento de ejecución extrajudicial contra dos compañeros en el tramo carretero Ocosingo Altamirano, no dice nada ni aplica la ley a los perpetradores, al contrario, fabrica delitos contra compañeros para justificar su práctica fascista. Es claro que los perpetrados en la administración actual son cobijados por ustedes.

Por el historial criminal que ha hecho tiene pleno conocimiento del asesinato político de nuestro compañero Héctor Sántiz López, la desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz, la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz (menor de edad), casos con carpetas de investigación y que el cargo que ocupaba durante ese tiempo no hizo nada para que la justicia llegara a los hogares de nuestros compañeros, en todo ese tiempo predominó la impunidad para los ejecutores, la indolencia, dilación y desgaste de las autoridades, que lo hace corresponsable del cometido de esos crímenes de lesa humanidad por ser omiso e impedir una investigación pronta y expedita.

No somos un grupo de delincuentes, mucho menos un grupúsculo de personas como señala el señor fiscal, somos una organización política de masas con carácter popular e independiente, por tal motivo, no tiene ningún fundamento su dicho, al contrario, lo que destila es odio de clase contra nosotros por exigir justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y señalar que los responsables del baño de sangre que existe en el país están en las estructuras políticas, jurídicas, ideológicas y económicas del Estado mexicano, del que forman parte ustedes. Tenemos muy claro qué tipo de intereses defiende en la actual administración.

El único responsable de la violencia contra las organizaciones populares en Chiapas es el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, del cual, usted es parte medular en ello, a través de la fiscalía cumple su papel represivo con la fabricación de carpetas incriminatorias para justificar su proceder fascista y el despojo de tierra a comunidades y colonias populares; bajo el lema de “quien la hace la paga” aplica violentamente el estado de derecho fundado en una concepción policíaca que no busca el “dialogo” sino la aplicación del castigo jurídico que lleva injustamente a la cárcel a cientos de víctimas.

Señalar que las acciones políticas de masas y de protesta son actos de grupos de delincuentes que operaban en la impunidad es perverso porque usted era parte de las administraciones anteriores y obedece a la política de criminalizar a las organizaciones populares, en específico al FNLS en el estado de Chiapas. las actividades de protesta son una medida de protección colectiva ante la inminente política represiva del Estado mexicano, en esta ocasión de la represión ejecutada por la administración actual.

Luchar por el socialismo en México no es un delito es un acto de dignidad ante la pobreza, miseria y represión de la que somos objeto; exigir alto a la violencia institucional y terrorismo de Estado no es un acto delincuencial, criminal es el que comete desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y comete desplazamientos forzados, además de permanecer activos en las estructuras del Estado; la denuncia y acciones políticas de masas continúan, mientras la represión persista, la violencia institucional lacere miles de hogares proletarios y el terrorismo de Estado continúe como política de gobierno la organización popular tiene miles de razones de persistir.

Atentamente

¡Libertad inmediata de nuestro compañero Javier González Díaz!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Alto a la criminalización de la protesta popular!

¡Por la unidad obrera, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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