EL GOBIERNO DE CHIAPAS PREPARA UN BAÑO DE SANGRE, AMENAZA CON INTENSIFICAR LA REPRESIÓN CONTRA TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES

, por  Ciudad de México , popularidad : 2%

Agosto de 2019

A la opinión pública

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El gobierno de Chiapas miente, nos criminaliza y reprime por el simple hecho de estar organizados fuera de las estructuras gubernamentales, por exigir nuestros derechos como mexicanos, desenmascarar la existencia del terrorismo de Estado como política de gobierno, exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, entre ellos la de los dos revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Es decir, nos reprime con saña por exhibir con hechos concretos su política represiva.

Los actos represivos en nuestra contra desde el 18 de junio e incrementados masivamente a partir del 17 de julio a la fecha confirman la existencia de un plan sistemático de represión contra las “organizaciones sociales” y en particular contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Los hechos represivos del gobierno, las declaraciones del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y del secretario general de Gobierno Ismael Brito Mazariegos confirman la existencia de un plan con el claro objetivo de masacrar a nuestra organización y toda expresión de organización independiente del pueblo.

La postura del Secretario General de Gobierno acerca de “recuperar el estado de derecho” se tradujo desde hace siete meses de administración en una escalada represiva para todo el conjunto del movimiento popular en Chiapas; las “papas calientes” que dicen recibir de la administración pasada se convirtieron en infinidad de órdenes de aprehensión y desalojo, en el encarcelamiento de integrantes de diferentes organizaciones campesinas, estudiantiles y populares.

Se simula escuchar y dialogar con todos aquellos que están inconformes o que protestan contra la política de gobierno, pero perversamente se da larga a los asuntos para preparar las condiciones de detenciones arbitrarias, entre ellas el linchamiento político y mediático para presentar a las organizaciones populares y a los inconformes como grupos delincuenciales, como es el caso del MOCRI, la normal de Mactumatzá, la sección 7 del magisterio, el FNLS, entre otros.

De esa manera, a la víctima, es decir los luchadores sociales, se les presenta como victimarios; y al violador de los derechos humanos, que es el gobierno, como el promotor de la “paz social”; lo que permite la violencia sistemática contra las organizaciones populares.

Con las declaraciones del gobierno del estado, se confirma que la intención es quitar el sentido político de la protesta y diluir la responsabilidad material e intelectual de la represión contra las organizaciones populares que no se someten a su política.
Desde hace 12 años quienes hoy están en el gobierno estatal como sus principales funcionarios articulan y justifican la represión; la existencia de 113 carpetas de investigación confirma la larga historia de criminalización de la que hemos sido objeto de donde pretenden justificar la represión e innumerables casos de crímenes de Estado.

La mesa de seguridad en Chiapas es el órgano gubernamental donde se planifica y decide la represión, por su concepción policíaca a todo conflicto social la única solución que ofrecen es aplicar la violencia de Estado; su lineamiento político se reduce al dicho del exgobernador priista de Veracruz Javier Duarte, “Quien la hace la paga”, expresión que denota una carga jurídica fascista.

La estrategia de gobernabilidad se traduce en mayor represión y criminalización contra el pueblo organizado, sostener que el “gran problema en Chiapas” son las organizaciones sociales, desnuda al gobierno como antipopular y represivo.

En 7 meses se han dado una serie de acontecimientos que desnudan las contradicciones del gobierno en sus dichos y hechos. Se presentan como una administración que busca atender las demandas del pueblo, dicen que es a través del diálogo y la atención a éstas, pero en el hecho su política va en contrasentido, porque es un gobierno que reprime, que ante la posibilidad de resolver un conflicto por el dialogo, maniobra mediáticamente para que sólo quede la ruta represora.
Política y mecanismos que contradicen y anulan la política del gobierno federal, los postulados del partido que representan y del supuesto plan de gobierno que hay en el Estado.

Lo que comprueba que el gobierno de Rutilo Escandón Cadenas es una administración que se apoya en la demagogia, la criminalización y el linchamiento mediático que conducen a nuevos actos de represión.

Los actos represivos contra el MOCRI, la normal de Mactamatzá, la sección 7 del SNTE-CNTE, las diversas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas demuestran que la “gente de AMLO” es la que reprime en Chiapas.

Si esa es la política del gobierno estatal, si su objetivo es la represión, y su meta es “acabar con el FNLS en Chiapas” comprueba que no existe voluntad ni disposición política para solucionar las demandas del pueblo, las exigencias de justicia, por lo tanto, pedimos una audiencia con el C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador para tratar dos puntos concretos: la represión en Chiapas contra el FNLS y el problema de las desapariciones forzadas por motivos políticos.

De darse el baño de sangre en Chiapas los únicos responsables directos serían el gobierno estatal, el partido político que lo abandera y finalmente la administración federal, ya sea por omisión o comisión.

¡Libertad inmediata a nuestro compañero Javier González Díaz!
¡Alto a la represión contra el FNLS!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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