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El Fiscal Jorge Luis Abarca Llaven miente al señalar que nuestro compañero Javier González Díaz es un delincuente

Sábado 3 de agosto de 2019, por Ciudad de México

Ciudad de México a 2 de agosto de 2019

A la opinión pública

El Fiscal General del Estado de Chiapas (FGE) Jorge Luis Abarca Llaven, miente al señalar que nuestro compañero es un delincuente y que ha cometido delitos graves, sabe perfectamente que su encarcelamiento es injusto porque le fabricaron delitos que no cometió, a base de la tortura física y psicológica lo obligaron a aceptar dichos cargos jurídicos.

La pregunta sigue en el aire, ¿qué elementos policíacos de su corporación lo torturaron y amenazaron para intentar obligarlo a que les diera información de la organización y nombres de compañeros?, ¿por qué guarda silencio al respecto y trata de mostrar una imagen diferente del compañero?, sabe muy bien que la moto en la que iba es de él y hay documentos que lo comprueba.

Eso nos devela una cosa, el gobierno que hoy representan en esa entidad federativa sigue la misma política represiva, antipopular, proempresarial y profascista de sus antecesores. El asesinato de nuestro compañero Mario Moreno López el 18 de junio de 2019 y la posterior desaparición forzada del compañero Javier González Díaz, así como los tratos crueles inhumanos y degradantes de las que fue objeto son parte de un plan represivo, largamente concebido, preparado y ejecutado con un solo fin “terminar con las organizaciones sociales”.

La serie de actos represivos que cometieron los elementos policíacos y militares desde el 17 de julio demuestran que dentro de las estructuras de gobierno habían tomado la decisión de “terminar con el FNLS” en Chiapas. La de orquestar una ofensiva represiva contra nosotros para ejecutar sus planes maquiavélicos.
Una de las razones, de por qué la dilación, autoritarismo e indolencia hacia los familiares de nuestros compañeros asesinados, ejecutados extrajudicialmente, detenidos desaparecidos o detenidos arbitrariamente por sus funcionarios e instituciones. A pesar de que existen carpetas de investigación no hay ni un avance jurídico ni detenidos, aunque se les haya proporcionado nombres y detalles de los posibles causantes.

El terrorismo de Estado se mantiene como política de gobierno, mientras los perpetradores estén en las instituciones en representación de un gobierno que dice ser diferente y de la cuarta transformación, la impunidad, el cometido de crímenes de lesa humanidad y la fabricación de delitos al por mayor contra el pueblo organizado tendrá el mismo desarrollo que las anteriores.

En sus argumentos, señala que el FNLS es un grupo, aquí le puntualizamos que no somos eso, porque un grupo es la simple suma de egos e individualidades que a pesar de que suman esfuerzos para la realización de una actividad están en permanente competencia, toda organización político burguesa está sentada sobre ese principio que hace culto al individualismo exacerbado.

En cambio, una organización es producto del conjunto de colectividades y organizaciones que lo conforman, política e ideológicamente conscientes, lo que nos permite sumar esfuerzos y capacidades políticas, ideológicas, orgánicas y logísticas en función de un mismo objetivo político e histórico. Por tanto, es una cualidad política e ideológica que se expresa también en los rasgos morales y en el acto cotidiano de quienes lo conforman. En consecuencia, ni somos grupo ni agrupamiento de personas, somos una organización de carácter popular e independiente que impulsa la lucha por el socialismo en México.

Son irresponsables, incriminatorios y tendenciosos sus señalamientos ante los medios de comunicación donde específica que, “…los elementos policíacos se encuentran detenidos por un grupo de personas que se presumen están armadas, entonces, debemos, antes que todo, agotar todo el diálogo que se nos permita, en su oportunidad y momento, lograr una liberación si arriesgar a las personas” (sic). Artificio perverso para justificar su política represiva y autoritaria, nuevamente el pastorcillo vuelve a mentir y a calumniar a nuestra organización bajo el artificio de que hay “personas armadas”, ¿qué otras cosas más van a inventar para justificar su proceder criminal?

El único diálogo que conocen es el garrote, las balas, los desalojos, la indolencia, el autoritarismo y la mentira, no conocen otro más que esa forma de actuar con las masas que exigimos justicia; para ustedes somos “delincuentes”, vándalos”, “pandilleros”, “violentos” y un sinfín de epítetos que inventan con tal de imponer su verdad, la cual, se rige por la máxima fascista de repetir una mentira mil veces y se hará verdad. Por tanto, la administración que presiden cerró totalmente el diálogo, no hay ningún acercamiento con sus funcionarios, lo que en los hechos devela su plan contrainsurgente para justificar la represión y el baño de sangre contra integrantes de nuestra organización.

Bajo la concepción maniquea que manejan de “buenos y malos”, los luchadores sociales son criminales, desestabilizadores del orden público, alteradores de la “paz social”, términos político jurídico que, desde el PRI, luego el PAN se apoyaron para justificar el terrorismo de Estado. En ese contexto no hay diferencia con los gobiernos neoliberales, antipopulares y represivos, es la misma práctica de violencia gubernamental contra el pueblo organizado.

Exigir justicia no es sinónimo de chantaje ese es un argumento autoritario que niega el derecho a la protesta y a el goce pleno de los derechos y libertades políticas. Éste es un término que acuñan desde la administración federal para declarar inválidas las formas de lucha del pueblo, desconocer el derecho a la organización, a disentir y a la libre expresión de ideas.

La justicia es un derecho que tenemos el pueblo ante las prácticas autoritarias y negativas de gobiernos opresores y profascistas, en consecuencia, nuestra práctica política no se guía por esos parámetros: prácticas burguesas en la política institucional del país; el único responsable de la violencia que se genera es la entidad es el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, sobre su administración pesan los desalojos violentos, asesinatos y actos represivos contra las masas empobrecidas.

El lema de “quien la hace la paga” denota una carga jurídica fascista, con la que ejecutan violentamente el estado de derecho, bajo una concepción policíaca que no busca el “diálogo” sino la aplicación del castigo jurídico que lleva injustamente a la cárcel a más de 200 víctimas de esta política deleznable, a la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de decenas de luchadores sociales.

Nada detendrá nuestra lucha, podrán asesinarnos, ejecutarnos extrajudicialmente, detenernos y desaparecernos forzadamente, pero nada de eso detendrá nuestra lucha por el socialismo en México, asimismo, la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, víctimas del terrorismo de Estado. ¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA POPULAR!

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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