Lamentables las declaraciones que hace la presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo

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Ciudad de México a 2 de agosto de 2019

A la opinión pública

Son lamentables las declaraciones que hace la presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, legisladora local por el Partido del Trabajo, quien en lugar de intervenir para solucionar el problema que las autoridades del gobierno chiapaneco iniciaron y se niegan a resolver, incita a la represión y a la aplicación de la ley burguesa contra integrantes de nuestra organización, que exigen la libertad inmediata del compañero Javier González Díaz.

Los señalamientos que hace sobre, “…implementar las acciones que sean necesarias en la comunidad, región y otros territorios para dar con el paradero de los elementos; además desmantelar con el peso de la ley a las organizaciones que hayan cometido el delito” (sic), tienden a objetivar la represión y el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad contra nosotros, en su lógica pasamos de ser víctimas a victimarios.

La actual administración en el estado de Chiapas se ampara bajo el lema de la “Cuarta Transformación” para ejecutar sus planes contrainsurgentes contra el pueblo organizado, bajo ese sofisma comete desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, actos de tortura, desalojos violentos, desplazamientos forzados, emprende campañas mediáticas de descalificación, calumnias e impone un cerco policíaco y militar contra el pueblo que exige sus derechos y libertades políticas.

Un aspecto sale a relucir, existe un plan orquestado desde el Estado mexicano para desmantelar a las organizaciones populares e independientes, fuera de los marcos corporativizantes del Estado y que consideran, según su lógica, un dique para el proceso de industrialización en la parte sureste del país. Lugar estratégico para operar megaproyectos como el Tren Maya y corredor transitsmico.

No es nuevo que la presienta del congreso chiapaneco arengue “desmantelar a las organizaciones que defienden sus derechos y libertades políticas”, son las mismas versiones que han difundido desde las estructuras del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, quien a través de sus operadores políticos tendieron una campaña mediática de difamación para crear la imagen de que los victimarios somos el pueblo organizado.

Exigir justicia por la desaparición forzada, tortura y detención ilegal del compañero Javier es un delito no es un delito, es un derecho del pueblo organizado; éste lo único que hace es protegerse de la violencia y el terrorismo de Estado que emana del gobierno chiapaneco. Rutilio Escandón y sus funcionarios son los únicos responsables del baño de sangre que se vive en esta entidad federativa; por los comentarios de la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, está de acuerdo de que los cuerpos policiacos y militares al servicio de las instituciones que tanto defienden cometan esas graves violaciones a los derechos humanos.

Se comprueba una vez más al servicio de quién están las instituciones, los funcionarios y políticos de oficio, éstos no están para servir a las masas empobrecidas, sino para fortalecer los intereses económico y político de empresario y oligarcas tano del país como del extranjero.

Cuando el pueblo se organiza y exige justicia se le aplica todo el peso de la ley y cuando es necesario las modifican a modo para justificar la represión y prácticas fascistas contra las organizaciones populares e independientes. Si existiera preocupación para solucionar los problemas político, económico y social de la entidad, serían los primeros en exigir alto a las desapariciones forzadas, a las ejecuciones extrajudiciales, a la tortura y demás crímenes de lesa humanidad, no obstante, callan y cuando el pueblo ejerce su derecho a la protesta echan a andar su andamiaje policíaco militar para imponer una forma de gobernar, que en Chiapas es antipopular, proempresarial y profascista.

Se equivoca señora presidenta del congreso del estado chiapaneco, no somos una organización que se dedica a cometer actos vandálicos como lo señalan desde algunos medios de comunicación, funcionarios y políticos de oficio de la entidad; nuestro único delito es luchar por el socialismo en México, desenmascarar que los responsables de la violencia y el terrorismo de Estado en el país es el Estado mexicano a través de sus elementos policíacos y militares.

Con las amenazas que hacen implícitamente prohíben el derecho a la organización y a la defensa de nuestros derechos y libertades políticos, porque en los hechos prohíben el derecho a la protesta y tienden a dar el trato de “delincuente”, “vándalos” y “pandilleros” a los que ejercen ese derecho.

Cuando el pueblo protesta o realiza acciones políticas de masas echar a andar su andamiaje represivo a través de la descalificación, se atreven a decir, que va aplicar todo el peso de la ley, pero una pregunta queda al aire, ¿qué han hecho para esclarecer las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y asesinatos políticos contra compañeros de nuestra organización?, ahí no han aplicado todo el peso de la ley, sólo han aplicado la política de desgate, dilación y entorpecimiento en las carpetas de la investigación para que los familiares tengan el derecho a una investigación pronta y expedita.

Nuestra práctica está fundamentada en nuestro legítimo derecho a la protesta, a la organización, a la manifestación y expresión de ideas, derechos esenciales que ninguna autoridad, ley local o nacional pueden coartar, porque estos no surgen por capricho, chantaje, extorsión o de manera espontánea, surge de la violencia que emana del Estado, es el único responsable de la violencia que se genera en el estado de Chiapas.

La represión que se vive en el estado de Chiapas no es nueva, es parte de un plan que tiene años de concebirse, los artífices de la escalada represiva tienen años en el gobierno, por lo menos dos sexenios completos y lo que va del presente, tiempo en que han preparado y fabricado carpetas de investigación, archivos incriminatorios para primero criminalizar y posteriormente reprimir.

Hablar que es un problema heredado por las administraciones pasadas es falso, porque los funcionarios que hoy ostentan los cargos en la Secretaria de Gobierno y la Fiscalía General del Estado fueron parte de dichas administraciones, fueron los que “integraron” las carpetas de “investigación” y hoy, son los ejecutores principales. Su carrera política la han fincado a base de la represión, es el claro ejemplo del hombre del régimen que sólo se mueve dentro del escalafón, se rotan en los puestos en una espiral que los encumbra.

La estructura medular que sostiene el Estado policíaco se mantiene, pese a ello no vamos a dejar de denunciar, no vamos a callar porque los señalamientos e imputaciones que nos hacen son falsos, tienden a criminalizar la justeza de nuestra lucha que es digna y legítima.

Atentamente

¡Libertad inmediata a nuestro compañero Javier González Díaz!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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