Posicionamiento político ante la actitud dilatoria del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

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Ciudad de México a 06 de junio de 2019

A la opinión pública

«La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, continuo, imprescriptible, por eso toda víctima que se encuentra en esa condición es objeto de múltiples y graves violaciones a sus derechos humanos; la magnitud de un crimen de esta natura no se puede minimizar ni asumir una actitud indolente ante tales transgresiones. Gobierno que asume esta práctica política revela su carácter demagógico y antipopular.»

La persistencia de los familiares y de quienes enarbolamos la exigencia de presentación con vida reafirmamos en la Jornada nacional de lucha: Perdón ¡Nunca! Olvido ¡Jamás! El cumplimiento de esta demanda tan sentida para el pueblo trabajador. En el cierre de la Semana internacional del detenido desaparecido, el pasado 30 de mayo, manifestamos puntualmente nuestras exigencias al gobierno federal, las cuales, fueron planteadas desde inicios de año ante la Secretaria de Gobernación, Atención Ciudadana de Palacio de Gobierno y en la Subsecretaria de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernación, mismas actúan con dilación y desgaste.

Ante el silencio gubernamental, la Jornada de lucha fue el espacio de denuncia política para exigir la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, Teodulfo Torres Soriano, la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, pese a ello, el gobierno federal se mostró indolente y aplicó la política de dilación hacia los familiares de las víctimas, organizaciones populares y defensores de los derechos humanos.

Al término de la marcha C. Leticia Ramírez Amaya, directora de Atención Ciudadana, notifica a las organizaciones participantes en ella de una reunión para el pasado 5 de junio de 2019 a las 12:00 horas con el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población en sus oficinas. Reunión que no se concretó, pues en la oficina acordada nos notifican que el titular de la subsecretaria de derechos humanos de SEGOB no estaba enterado de la mesa de trabajo.

Actitud política que deja mucho que decir, porque en varias ocasiones el Ejecutivo federal en sus conferencias matutinas argumenta con énfasis que su gobierno será respetuoso de los derechos humanos del pueblo y otorgará la atención a todos los ciudadanos mexicanos, pero se contradice en el momento de efectuarlo ante los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, organizaciones populares y defensores de los derechos humanos.

El trato que dieron desde la Subsecretaria de Derechos Humanos Migración y Población de SEGOB, los funcionarios subalternos al titular de esa dependencia fue dilatoria, indolente y humillante para quienes acudimos a la cita. La ausencia del subsecretario y el envío de funcionarios sin capacidad resolutiva, el hostigamiento de los agentes de gobernación mediante la toma de fotografías, mantener en espera y en la calle a las comisiones de los estados y organizaciones víctimas reafirma que “el gobierno para el pueblo” solamente consiste en retórica y simulación.

Enviar a funcionarios sin capacidad de respuesta devela la ausencia de seriedad y respeto político hacia el pueblo, porque significa abordar la necesidad de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado con desprecio, esclarecer la suerte o el paradero de personas que son padres, hijos, hermanos, un ser querido con indolencia; minimiza un fenómeno al rancio burocratismo de sexenios pasados, estos rasgos conductuales de los entes de Estado no se diferencia de los gobiernos de antaño.

Al Lic. Alejandro Encinas se le conoce con una actitud distinta ante el fenómeno represivo que desangra al pueblo mexicano, desde diferentes escaños manifestó su solidaridad ante el caso en particular de los revolucionarios del PDPR-EPR, por lo que hoy llama la atención la indiferencia con la que asume esta responsabilidad al brillar por su ausencia en esta mesa de trabajo.

Tratar con indiferencia a los familiares de las víctimas es la señal de que no hay muestra de voluntad política del gobierno federal para atender la exigencia de justicia para sus seres queridos. El trato digno a los familiares al que hizo alusión previamente al asumir la silla presidencial ocupa también el pedestal de la demagogia.

Empeñar la palabra al asegurar la reunión con los familiares para después hacer caso omiso de su presencia y de quienes exigimos presentación con vida implica extender el manto de la impunidad a los perpetradores, es evadir la responsabilidad del Estado para enjuiciar y castigar a los responsables de ejecutar las desapariciones forzadas.

Pese a que el titular del Ejecutivo federal se encuentra en una posición que le permite esclarecer los miles de casos de desaparición forzada y detener esta práctica, en los hechos es notable el silencio sobre el tema. El botón de muestra es el mutismo de las instancias oficiales en materia de justicia y derechos humanos en colocar en su exacta dimensión lo paradigmático del caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

El caso Gabriel y Edmundo está ampliamente documentado, a este aspecto se suma lo determinante de la resolución final del juicio amparo 942/2013-2 en beneficio de ambos, sin embargo, la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR) impugnaron dicho veredicto jurídico, hecho que prueba la política del gobierno mexicano de proteger a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.

La política de respeto a los derechos humanos expresado por el Ejecutivo federal dista mucho de la práctica concreta, el hostigamiento vivido en las afueras de la Secretaría de Gobernación no sólo atenta contra nuestro derecho al acceso a la justicia y verdad, sino que abona a la revictimización de las víctimas, el insistente registro gráfico de los agentes policíacos revela incapacidad o la intención de doblegar la exigencia de justicia y castigo a los criminales de Estado.

Es absurdo hablar de perdón cuando no se sabe quién o quiénes cometieron semejante daño a la integridad física y psicológica de las víctimas directas e indirectas; grave violación a los derechos humanos que debe ser reparado con prerrogativas del derecho a la verdad y justicia, de lo contrario, se entenderá que es una administración más que extiende el halo de la impunidad a los perpetradores.

Mientras no haya justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, no desistiremos de la exigencia de presentación con vida. Manifestamos nuestra condena por la actitud asumida por los funcionarios de gobierno hacia los familiares de las víctimas, esta situación nos convoca a redoblar esfuerzos para evitar la condena al olvido de los detenidos desaparecidos.

La unidad de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, organizaciones solidarias, organismos defensores de los derechos humanos honestos y pueblo solidario es una necesidad imprescindible para objetivar el anhelo de justicia para nuestros seres queridos, asimismo, mantener la denuncia política para evitar que la impunidad desaparezca a los desaparecidos.

Atentamente

¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Presentación con vida de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, del activista político Teodulfo Torres Soriano, del profesor Carlos René Román Salazar, del indígena Lauro Juárez y cientos de miles más cometidas por el régimen!
¡Alto a la militarización y paramilitarización del país!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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