La exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos no es un delito

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Ciudad de México a 19 de mayo de 2019

A la opinión pública

La exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya no es un delito, mucho menos un acto que conduzca a la criminalización de la solidaridad con los familiares de las víctimas; un gobierno que en el discurso dice una cosa y en la vía de los hechos objetiva otra, expresa la continuidad de la política represiva de las administraciones anteriores.

El discurso del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México sobre “no reprimir”, “respetar el derecho a disentir”, “no perseguir a nadie por sus ideas o ideología” es retórica discursiva que no manifiesta su materialización en los hechos concretos, la realidad discrepa de lo argumentado en sus arengas ante los medios de comunicación.

En varias ocasiones desde el Ejecutivo federal proclama que no se va a reprimir a nadie por su forma de pensar o tener una ideología discrepante a la oficial, no obstante, falta a la verdad cuando en los hechos permite la criminalización de las víctimas del terrorismo de Estado y al movimiento popular, cuando permite que sus corporaciones policíacas repriman e impidan el derecho a la protesta.

En los hechos formula un doble discurso, el que anuncia ante los medios de comunicación y el pueblo en general; y, el que objetiva en la vía de los hechos, que significa el cometido de violaciones a los derechos humanos contra las organizaciones populares. Éste último es el que se manifiesta ante las demandas del pueblo, principalmente ante la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la toma de protesta del cargo que hoy ostenta, anunció (…) la desintegración del cuerpo de granaderos, donde se comprometió acabar con los abusos y poner fin al espionaje político al que se dedicó la administración anterior. No obstante, ¿por qué permite que sus corporaciones policíacas repriman a organizaciones que exigen la presentación con vida de los detenidos desaparecidos?

Desintegrar el cuerpo de granaderos no significa poner fin a la represión, abuso de autoridad, hostigamiento y amenazas contra el movimiento popular; sólo modifica la forma, pero la esencia represiva se mantiene. Las diferentes corporaciones policíacas, independientemente de la insignia que tengan, son la columna vertebral que sostiene el Estado policíaco militar y objetiva el terrorismo de Estado.

Realizar manifestaciones, brigadeos informativos o mítines no es un delito, son derechos establecidos en el artículo 1, 6, 7 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismos que el Estado mexicano está obligado a garantizar.

Un gobierno que no garantiza la libertad de protesta o de manifestación y expresión de ideas es violador de los derechos humanos. La perorata mediática no diluye la responsabilidad en los hechos cometidos contra manifestaciones de organizaciones populares, en este caso contra nuestra organización, quienes somos objeto de intimidación, amenazas de detención y objeto de censura por sus diferentes corporaciones policíacas que actúan con total desprecio y odio hacia las organizaciones populares de carácter independiente.

La indolencia, intransigencia y abuso de autoridad es lo que caracteriza a la policía de la Ciudad de México, actos que distan mucho del discurso desde las estructuras gubernamentales, al permitir que sus elementos policíacos no respeten el derecho humano a la protesta, traten a la propaganda política como si fuera basura, pisoteen las lonas con los rostros de los detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Práctica humillante que manifiesta prepotencia, en los hechos, la esencia represiva de administraciones anteriores.

Los rostros impresos de las víctimas de la desaparición forzada, el volante, la manta, revistas o folletos son materiales políticos que sirven para denunciar las graves violaciones de las que somos objeto; los detenidos desaparecidos no son simples objetos, en cada uno de los materiales de propaganda va implícito el sentimiento humano de la indignación, que difícilmente se olvida o se deja en la indefensión a nuestros seres queridos.

La revictimización a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado es una política que empieza a tener sus matices en la nueva administración, con el trato de los agentes del Estado al pueblo organizado se evidencia el carácter del actual gobierno, dilucida la política con la que se va a conducir la administración con las organizaciones populares; ¿quién es el delincuente?, ¿quiénes son los infractores de los derechos del pueblo?, desde luego que el gobierno mexicano y sus instituciones.

Luchar por un ideal y defenderlo con combatividad no es un delito, se convierte en ello cuando gobiernos autoritarios no consienten opiniones diferentes a su política, si bien, las tesis parecieran “nuevas y accesibles”, no elimina de raíz la esencia represiva que mantiene el Estado policíaco militar, el estado de derecho oligárquico y la estructura policíaca y militar que sostiene la estructura socioeconómica del país.

El rencor que manifiestan los elementos policíacos al azotar y pisar nuestra bandera, símbolo de lucha por el ideal socialista y organización popular, expresa el odio de la clase que defienden y protegen; dejan el mensaje de que la actual administración no tolera al pueblo que lucha por transformar de raíz las condiciones de explotación económica y opresión política.

La represión tiene muchos rostros, los hombres armados y agrupados en diferentes corporaciones son para reprimir al pueblo, desde agredir físicamente, descalificar, impedir el derecho a la protesta, hostigamiento, intimidación, hasta impedir el derecho a libre manifestación de ideas, son actos que desmienten los dichos del Ejecutivo federal, quien argumenta respetar opiniones diferentes pero en los hechos reprime la protesta y la exigencia de presentación con vida de los desaparecidos.

Un gobierno que tiene una policía para evitar la protesta popular es retrógrada y conservador, en los hechos le da continuidad a la política antipopular de los sexenios anteriores, un indicativo de que mientras no se modifique de raíz la estructura socioeconómica capitalista, las violaciones a los derechos humanos y libertades políticas serán una constante.

Responsabilizamos al gobierno de Claudia Sheinbaum de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros en el transcurso del desarrollo de las actividades políticas en esta Jornada Nacional de Lucha. Perdón ¡Nunca!, Olvido ¡Jamás!, las razones para luchar, organizarnos y mantenernos por la vía independiente sobran, en consecuencia, continuaremos con la denuncia y las acciones políticas de masas.

La lucha se mantiene en las calles, en cualquier espacio público para denunciar las violaciones a los derechos humanos, el silencio fortalece la política de un gobierno que dice ser de izquierda en el discurso y en los hechos pierde congruencia. La lucha que emprendemos es justa, convenzamos a los demás de la justeza de nuestras demandas. VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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