Apertura de las oficinas del Comité Popular en Defensa de Los Derechos Humanos (COPODDH)

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 16 de mayo de 2019

A los medios de comunicación

A los trabajadores del campo y la ciudad

Al pueblo en general

El Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos, miembros de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH-RENDDH), expresa su preocupación ante la persistencia de las graves violaciones a los derechos humanos y continuidad de la violencia de clase contra los distintos sectores populares organizados y no organizados en el país.

A más de 5 meses de gobierno de la nueva administración federal, la realidad nacional y estatal presenta continuidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo trabajador, ante tal circunstancia, denunciamos y nos pronunciamos:

1. La violencia institucional se mantiene generalizada y sistemática contra el pueblo, a la fecha hay más de 13 mil víctimas de crímenes de lesa humanidad entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país. La violencia de Estado no distingue género o edad, se ejecuta contra la clase trabajadora y todo aquel que ejerza crítica política al régimen.

2. La represión masiva y selectiva contra el pueblo y sus organizaciones continúa como política de Estado, es perpetrada por los cuerpos policíacos, militares y paramilitares. La recién creada Guardia Nacional, está lejos de representar paz para el pueblo, mucho menos el respeto a los derechos humanos; sobre estos elementos pesan miles de denuncias por el cometido de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Los altos mandos militares y funcionarios de primer nivel son culpables por comisión, aquiescencia y omisión. El caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya evidencia la participación de las diversas corporaciones policiacas y militares en el cometido de este flagelo.

3. La política de “perdón y olvido” hacia los perpetradores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, no abona en erradicar esta práctica, sino a perpetuarla. Es necesario romper con la impunidad, los responsables deben ser castigados y enjuiciados.

El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad sin encubrir a los responsables intelectuales de cada crimen perpetrado contra el pueblo trabajador en general y en particular contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, activistas, ambientalistas.

4. La represión y crímenes que se siguen perpetrando contra el pueblo organizado y no organizado a lo largo y ancho del país dista mucho del compromiso del actual mandatario de “no represión, no persecución, no más crímenes contra el pueblo y ser un gobierno del pueblo” no encuentra respaldo con la realidad. En Chiapas, reprimir al pueblo es política de gobierno, se busca eliminar y silenciar las exigencias populares con represión masiva y selectiva.

5. La lógica del cometido de crímenes se mantiene, es cometido contra activistas, luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, comunicadores y pueblo trabajador en general como parte de la violencia de clase que con sistematicidad se mantiene contra quienes enarbolan causas populares.

Callar con terrorismo de Estado y persecución política aquellos hombres, mujeres u organizaciones populares que se oponen a los intereses empresariales y más aún, contra quienes luchan por transformar las actuales condiciones de pobreza y miseria y exigen la presentación con vida de los detenidos desaparecidos.

Mencionamos tan solo algunos casos que enlutan al pueblo y sus organizaciones por esta práctica que se presenta como continuidad de una política sistemática y transexenal.

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce más de 300 casos de feminicidios en México tan solo el mes de enero.

• En lo que va del actual sexenio la ejecución extrajudicial contra los trabajadores de la comunicación: Alejandro Márquez colaborador del Diario Crítica en el estado de Nayarit, Diego García Corona colaborador en el semanario "Morelos de Ecatepec" en el estado de México, Rafael Murúa, director de la radio comunitaria RadioKashana en el estado de Baja California, Jesús Ramos Rodríguez, conocido como “Chuchín”, locutor de radio en Tabasco, Reynaldo López, periodista ejecutado extrajudicialmente en Hermosillo Sonora, Santiago Barroso, locutor de la radio “San Luis Hoy” en el estado de Sonora, Omar Iván Camacho, colaborador de Noticieros Altavoz en el estado de Sinaloa.

• En el estado de Morelos, durante el mes de febrero, en un ambiente de tensión por la pretensión del gobierno federal de implementar la termoeléctrica parte del Plan Integral Morelos, ejecutan de manera extrajudicial al activista, opositor de la termoeléctrica, Samir Flores.

• En el estado de Guerrero, en el mes de abril, ejecutan a José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, Nahuas de Guerrero e integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata y el 12 del mismo mes, ejecutan a Julián Cortés Flores, Coordinador Regional de Autoridades comunitarias (CRAC-PC), del municipio de San Luis Acatlán.

• En Oaxaca, durante el mes de abril y mayo respectivamente, ejecutan a un integrante de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo en la región del Itsmo de Tehuantepec, Luis Armando Fuentes, y ha Telésforo Santiago Enríquez, maestro y director de la radio Estéreo Cafetal de San Agustín Loxicha.

• En Jalisco, según fuentes periodísticas, en 67 días se perpetraron 516 desapariciones forzadas, un caso cada 3 horas aproximadamente. Lo que da cuenta de la magnitud con que se materializa estos crímenes a lo largo y ancho del país contra los sectores populares en la que muchos de los casos se comete contra la juventud. Los casos de estudiantes de la UNAM víctimas de la detención desaparición forzada ejemplifican la intención de mantener el terror hacia este sector.

• En Chiapas, el gobierno de Rutilio Escandón se ensaña contra el pueblo; en enero, ejecuta extrajudicialmente al defensor de los derechos humanos Sinar Corzo; en el mes de febrero, ejecuta a dos integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN), Noé Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez Gómez, en el municipio de Amatan.

A la vocación represiva del gobierno chiapaneco, mantiene la consigna de desalojos violentos hacia las colonias populares donde reina la pobreza y miseria, ninguna garantía de respeto a los derechos humanos puede existir cuando cientos de familias quedan en las calles en condición de desplazamiento forzado, un fenómeno inocultable la existencia de miles de desplazados forzados consecuencia del despojo legal y violento de tierras.

Rutilio Escandón Cadenas, refuerza su plan de hostigamiento policíaco, militar y paramilitar hacia las organizaciones populares bajo la pretensión de consumar nuevos crímenes de lesa humanidad.

-  Hacia integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo el hostigamiento, persecución y amenazas se ha materializado de diversas formas.
La agresión policíaca-paramilitar hacia los habitantes de la comunidad del ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo es una de ellas, así como el hostigamiento policíaco-militar en la región de Carranza contra la comunidad Guadalupe Victoria y contra el poblado Las Palomas y La Verdolaga, municipio de Chiapa de Corzo.

-  Un caso más en un claro acto de intimidación y amenaza, fue el allanamiento de domicilio de nuestra compañera Cecilia López Pérez, integrante del COPODDH-RENDDH y de la Red de Monitoras de Defensa de los Derechos de las Mujeres del Centro de Capacitación K´inal Antsetik, el pasado 5 de marzo, de donde se desprende la conclusión de que el Estado mexicano busca de quienes se solidaricen en la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, claudiquen a través del miedo, las amenazas o en la consumación de crímenes dejen de exigir y señalar al Estado mexicano como el responsable de este crimen.

Las graves violaciones de derechos humanos están a la orden del día y, anunciar desde el gobierno federal y estatal la aplicación del estado de derecho es sinónimo de represión, de presos políticos, de tortura, de desplazamiento forzado, de crímenes contra el pueblo.

El COPODDH se suma a las voces que exigen justicia y juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, la impunidad no es una opción para las víctimas, el derecho a la justicia tiene que lograrse a través de la exigencia conjunta entre familiares de las víctimas, organizaciones populares y organismos independientes de derechos humanos.

En este contexto, el día de hoy damos a conocer al pueblo trabajador, a los pobres del campo y la ciudad, a las víctimas de la represión y violencia de Estado, a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de Estado, que a través del esfuerzo de diversos compañeros hoy el COPODDH abre sus oficinas en la Calle Mayapan No 4. Colonia Maya, San Cristóbal de Las Casas Chiapas.

Es un espacio donde el pueblo explotado y oprimido pueda hacer llegar sus quejas ante todo acto de violencia de clase, ante el silencio cómplice de las instancias procuradoras de justicia.

Sea bienvenido el pueblo que en identidad de clase trabajador podamos coadyuvar a la justicia anhelada y la lucha por los derechos humanos.

Fraternalmente
Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos,
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
(COPODDH-RENDDH)

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