Exhumarán restos de niño ejecutado en Ocosingo

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Proceso

A cuatro meses del crimen aún no hay avances en el proceso judicial

Tuxtla Gutiérrez.- A cuatro meses de la “tortura y ejecución extrajudicial” de Humberto Morales Sántiz, de 13 años, perpetrado en una comunidad de Ocosingo, un equipo de peritos y forenses argentinos llegaron hoy a Chiapas para exhumar y analizar su cuerpo, luego de que sus padres, amigos y familiares, denunciaron que su muerte fue “un crimen de Estado”.
Roberto Mendoza Pérez, miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) dijo hoy que a cuatro meses de ese crimen aún “no hay avances en el proceso judicial, ni siquiera existen líneas de investigación para dar con los responsables materiales e intelectuales” y fue por eso que tuvieron que venir extranjeros para hacer la investigación que la Fiscalía General de Chiapas ha omitido.

En conferencia de prensa dijo que desde que se cometió “el crimen de Estado” contra Morales Sántiz, el gobierno a través de sus funcionarios e instituciones actuaron con negligencia, dilación y burocratismo al no realizar una investigación pronta y expedita.

Con el cadáver del menor, la comunidad bloqueó la carretera Río Florido para exigir la presencia del fiscal, quien finalmente se presentó hasta el pasado jueves 2, “casi 36 horas después de que la comunidad encontrara al niño sin vida y la familia avisara al fiscal de los hechos”, señalaron las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Añadieron que si bien el fiscal se presentó en la comunidad hasta el 2 de marzo, en la carpeta de investigación (0037-59-1003-2017) se asienta que lo hizo un día antes, el miércoles 1.

De acuerdo con testimonios de quienes encontraron el cuerpo del menor, presentaba diferentes moretones en el rostro y “uno muy evidente en el antebrazo izquierdo, quizá una fractura”, por lo que, “antes de ser ejecutado, el niño de 13 años de edad fue sometido a tortura”, acusaron.

El crimen se perpetró el 28 de febrero, alrededor de las 14:00 horas, cuando el niño se dirigía a las tierras de labranza de sus padres para abastecerse de leña. Después de varias horas, los papás de Humberto salieron a buscarlo junto con otros compañeros del FNLS y encontraron el cadáver con un impacto de bala de alto calibre “que solo son usados por la policía”.

“Mientras se buscaba al compañero, los policías ubicados ilegalmente en las tierras del ejido El Carrizal realizaban movimientos en ese lugar y mantuvieron prendidas sus torretas”, señalaron los activistas.

Y acusaron que la dilación y procuración de justicia en torno al crimen, exhibió que la justicia está ausente cuando se trata de “víctimas del terrorismo de Estado”, pues las leyes están hechas para proteger y garantizar la impunidad e inmunidad a los perpetradores de los asesinatos.

“Los papeleos y trámites desgastantes, los argumentos dolosos de los fiscales a los familiares, la indolencia y prepotencia sólo reflejan la política de gobiernos antipopulares con prácticas fascistas”, afirmó Mendoza Pérez.

Ante este escenario fue que amigos, familiares y compañeros de la organización a la que pertenecen sus padres, solicitaron a un organismo internacional intervenir para exhumar y analizar el cuerpo de Morales Sántiz.

Este martes llegaron a Chiapas miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se trasladaron al ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo, para exhumar el cuerpo y traerlo a la capital del estado, donde buscarán develar lo que sucedió con Humberto con métodos técnico-científicos.

Una caravana de campesinos viajó también del ejido Carrizal al Semefo de Tuxtla Gutiérrez para estar al pendiente del trabajo de exhumación, que se hará los días 27, 28 y 29 de este mismo mes.

“El peritaje estará acompañado de Jorge Nava, en representación de la oficina del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México (ONU); de Héctor Cerezo, integrante del comité Cerezo México, y del movimiento sueco por la reconciliación (SweFOR)”, dijo Roberto Mendoza.

Los activistas pidieron a las organizaciones populares y a los organismos defensores de los derechos humanos a que estén atentos al desarrollo de las actividades del Equipo Argentino de Antropología Forense, de las diversas actividades que el FNLS realizará en la exigencia de justicia y se garantice de principio a fin la labor de los peritos.

“Responsabilizamos a Enrique Peña Nieto, representante del Ejecutivo federal; a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas; a Raciel López Salazar, representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJECH), y al Mando Único de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los peritos, de cualquier integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, defensores de los derechos humanos que se solidarizan con esta causa”, advirtieron.

Sin embargo, el FNLS denunció hoy hostigamiento, intimidación e impedimento a sus miembros, del derecho a la protesta por parte de la policía y Fuerza Ciudadana en el municipio de San Cristóbal de Las Casas cuando realizaban una actividad de difusión y volanteo en dicho municipio.

“El día de hoy, aproximadamente a las 10:00 horas, compañeros del FNLS realizaban actividades de difusión y volanteo en la carretera que conecta a San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, para informar al pueblo sobre el trabajo de exhumación que realizan los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“En esta actividad arribaron ocho patrullas con 200 elementos de la Policía Municipal y Fuerza Ciudadana de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y con lujo de violencia, sin mediar palabra, les arrebata las mochilas y algunas mantas a los campesinos que se en encontraban en la actividad, los orillaron y amenazaron de que si se volvían a difundir intervendrían todos sus elementos policíacos para quitarlos y detenerlos.

“Queremos decirle al gobierno que la protesta no es un delito, es un derecho que no está sujeto a negociación. La propaganda como el volante, la manta, la revista, folletos, el mitin, es para informar y denunciar ante el pueblo los actos de represión e intimidación de los cuales somos objeto.

“El hecho de que una corporación policiaca arrebate estos materiales que son para la denuncia y difusión, viola los derechos a la libre manifestación de ideas, de organización y de protesta. En los hechos expresa la política de un gobierno autoritario, antipopular y represivo”, concluyeron los miembros del FNLS.

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