Acusan a diputados y CNI de omisión ante crimen de niño indígena

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Sociedad /
Kara Castillo |
Martes, Junio 27, 2017

El menor fue asesinado en Chiapas y en Puebla sólo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH Puebla) transfirió la respuesta a la CNDH

El Congreso local y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)en Puebla omitieron pronunciarse sobre el caso de la víctima indígena más joven de tortura y ejecución de que se tenga registro, el del niño de 13 años de edad, Humberto Morales Sántiz, en "El Carrizal, municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas, que cumplirá este 28 de junio cuatro meses de haber sido asesinado por un grupo paramilitar.

El pronuncimiento solicitado por integrantes del Frente Nacional de Liberación Socialista (FNLS) y de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) sólo fue atendido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH Puebla) que por escrito transfirió la respuesta a la CNDH.

En rueda de prensa, Ángel Lueza Ruiz, de la Reddh, y Cristina Rosas Pérez, del FNLS, reiteraron la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen.

Recordaron que el pasado 28 de febrero del presente año, el niño Humberto Morales Sántiz se dirigía a acarrear leña para las actividades propias de la vivienda, cuando recibió un disparo en la cabeza, que lo hizo caer muerto. Sus familiares denunciaron que el cuerpo presentaba golpes en espalda y brazos por lo que hay certeza de que el pequeño fue víctima de tortura.

Los activistas denunciaron que ante este crimen hay una actitud negligente y dilatoria de funcionarios e instituciones que confirma la responsabilidad, por omisión, del Estado mexicano.

A la fecha, explicó Cristina Rosas, el gobierno mexicano no ha permitido una investigación pronta y expedita para dar con los responsables materiales e intelectuales.

Acusaron que el grupo paramilitar Los Petules, con el consentimiento de los gobiernos federal, estatal y municipal de Chiapas, actúa para hostigar, intimidar y cometer crímenes contra los integrantes de la organización.

El FNLS y la Reddh condenaron también la apatía de las instituciones poblanas para señalar este crimen y que a cuatro meses aún no existen líneas de investigación, se carece de avances sustanciales pese a que se trata de un asesinato que se persigue de oficio, por tratarse de la ejecución extrajudicial de un menor de edad, pero por ser de origen indígena y por ser integrante del FNLS, las autoridades lo han tratado como un hecho menor.

“El caso de nuestro compañero demuestra otro ejemplo de la violencia institucional, del terrorismo de Estado contra nuestro proyecto político”, dijo Lueza.

El FNLS denuncia el crimen de Humberto junto con el de Fidencio Gómez Sántiz, por desaparición forzada el 5 de marzo de 2016; el intento de ejecución extrajudicial contra cinco integrantes del FNLS en la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2015; las amenazas de muerte y de desaparición forzada contra jovencitas del ejido El Carrizal, Leidi Rodríguez Sántiz y Viviana Sántiz Gómez, el 20 y 13 de marzo de 2017 respectivamente; el intento de desaparición forzada de María Sántiz López, el 9 de agosto de 2016; el asesinato político de Héctor Sántiz López, el 29 de septiembre de 2015.

Los activistas informaron que actualmente se encuentra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Chiapas, específicamente en el Ejido El Carrizal y en Tuxtla Gutiérrez para develar con métodos técnico-científicos lo que sucedió con el niño Humberto, del 26 al 30 de junio, periodo en que se hará difusión y denuncia política en entidades federativas del país para dar a conocer los avances y estar al pendiente del peritaje independiente.

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