A cuatro meses de la tortura y ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz reafirmamos la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 26 de junio de 2017

A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A las víctimas del terrorismo de Estado
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general

El próximo 28 de junio se cumplen cuatro meses de la tortura y ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz, en las tierras del ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas; ante este crimen la actitud negligente y dilatoria que asumen funcionarios e instituciones en la investigación del caso confirma la responsabilidad por omisión y aquiescencia del Estado mexicano en el cometido de este crimen a través del grupo paramilitar Los Petules.

El gobierno mexicano es omiso por no permitir una investigación pronta y expedita para dar con los responsables materiales e intelectuales, y por utilizar como punta de lanza al grupo paramilitar Los Petules, quienes con su consentimiento actúan para hostigar, intimidar y cometer crímenes de Estado contra los integrantes de la organización.

Desde la ejecución de este artero crimen, que le arrebató la vida a nuestro compañero, no desistimos de exigir justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales, sin embargo, a la fecha no hay justicia para los familiares y la organización, la actitud funesta de las autoridades gubernamentales no sólo entorpecen el acceso a la justicia, sino que con ella garantizan la impunidad para los perpetradores y la revictimización de los familiares, ésta se manifiesta en un conjunto de medidas que obstaculizan el derecho a la verdad de las víctimas.

El burocratismo es una medida utilizada con el objetivo de diluir el caso, mediante ésta pretenden provocar el desgaste y el desánimo para que renunciemos a la exigencia de justicia en las diversas instancias procuradores de justicia y de derechos humanos oficiales, además de intentar en cada acto deslindarse de la responsabilidad para el acceso a una investigación pronta y expedita.

La omisión y dolo con la que actuaron peritos y autoridades locales tanto de la Fiscalía en Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas son para proteger a los perpetradores, que en la vía de los hechos confirman la mano siniestra del Estado con la cual se obstaculiza la justicia, en los hechos expresan que la impunidad es política de gobierno hacia las víctimas de los crímenes de Estado.

Con la indolencia de las instancias locales como federales en materia de justicia respecto al caso de nuestro compañero Humberto, demuestran la consigna de Estado, porque no se conforman con arrebatar la vida de un niño que luchó al lado de su pueblo por la tierra, por los intereses del pueblo, por el socialismo en México, sino que ahora se pretende premiar con la impunidad a los responsables materiales de tan abominable crimen.

De ahí la turbia insistencia de estas autoridades locales en revictimizar a nuestros compañeros al señalarnos como los responsables de evitar la realización de la necropsia de ley, los argumentos de los fiscales, que fueron los familiares quienes impidieron las diligencias periciales de rigor, no sólo devela negligencia sino el cinismo ante el mandato del Estado para evadir su responsabilidad, lo hace mediante sus subalternos, con quienes comparte responsabilidad en el vergonzante y deleznable crimen.

Evidencias son muchas, la dilación es otra de ellas, a cuatro meses de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero, no existen líneas de investigación, la carpeta de investigación se nutre del “vacío” porque carece de avances sustanciales en la misma. Lo cual no es un hecho fortuito, en similar condición se encuentra el caso del compañero Fidencio Gómez Sántiz, víctima de la desaparición forzada.

Un crimen que se persigue de oficio, por tratarse de la ejecución extrajudicial de un menor de edad, de origen indígena y por ser integrante del FNLS, las autoridades lo han tratado como un hecho menor, con esa actitud menoscaban el derecho a la vida, atenta contra el derecho legítimo del pueblo a defender sus intereses ante un Estado que obra a punta de balas asesinas y represión.

El caso de nuestro compañero demuestra otro ejemplo de la violencia institucional, del terrorismo de Estado contra nuestro proyecto político, por solo mencionar unos casos, el de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, por desaparición forzada el 5 de marzo de 2016; el intento de ejecución extrajudicial contra cinco compañeros en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2015; las amenazas de muerte y de desaparición forzada contra jovencitas del ejido El Carrizal Leidi Rodríguez Sántiz y Viviana Sántiz Gómez el 20 y 13 de marzo de 2017 respectivamente; el intento de desaparición forzada contra la compañera María Sántiz López el 9 de agosto de 2016; el asesinato político del compañero Héctor Sántiz López el 29 de septiembre de 2015; entre otros.

En todos los casos antes mencionados existen carpetas de investigación, pero ninguno muestra avances por parte de las autoridades, al contrario, piden que las víctimas asuman el papel de ministerios públicos o los quieren criminalizar al intentar cuestionarlos sobre sus actividades de la organización en lugar de investigar a los responsables y el hecho.

En todos esos casos la respuesta del gobierno mexicano es el hostigamiento policíaco-militar, espionaje a través de red de informantes del CISEN e inteligencia militar, obstrucción de la justicia, dilación, omisión, misma actitud que asume con el caso de nuestro compañero Humberto. Es evidente que el Estado se comporta de manera parcial en favor de los perpetradores.

Es un derecho de las víctimas del terrorismo de Estado exigir al gobierno mexicano por los medios de la acción independiente garantía absoluta al acceso a la verdad y a la justicia, por esa razón, se encuentra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Chiapas, específicamente en el Ejido El Carrizal y en Tuxtla Gutiérrez para develar con métodos técnico-científicos lo que sucedió con el compañero Humberto, del 26 al 30 de junio, tiempo en el que haremos actividades de difusión y denuncia política en varias entidades federativas del país para dar a conocer los avances de este acontecimiento importante y estar al pendiente del peritaje independiente respecto al caso de nuestro compañero Humberto.

El peritaje estará acompañado del Lic. Jorge Nava, en representación de la oficina del alto comisionado de la organización de las naciones unidas en México (ONU); de Héctor Cerezo, integrante del comité Cerezo México, acompañado del movimiento sueco por la reconciliación (SweFOR).

Con fundamento a nuestro de derecho de petición, exigimos:

  1. Que el Estado garantice el total desarrollo de las actividades periciales que realizará el equipo de forenses, que por ningún motivo obstruya su loable labor que contribuirá con el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
  2. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Humberto Morales Sántiz y de los crímenes de lesa humanidad.
  3. Desarticulación y expulsión del campamento policíaco-paramilitar que se ubica anticonstitucionalmente en la tierra del ejido El Carrizal.
  4. Reparación integral del daño a las víctimas de los crímenes perpetrados por el Estado mexicano a través de policías y grupos paramilitares contra los compañeros del ejido el Carrizal.
  5. Garantías tangibles de no repetición de crímenes de Estado y lesa humanidad, así como actos de represión contra el FNLS.
  6. Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz.
  7. Presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, y la de todos los detenidos desaparecidos en el país.
  8. Alto al terrorismo de Estado contra el pueblo organizado y no organizado.

Informamos al pueblo en general, a las organizaciones populares, a los organismos defensores de los derechos humanos a que estén atentos al desarrollo de las actividades del Equipo Argentino de Antropología Forense, de las diversas actividades políticas de masas que el FNLS realizará en la exigencia de justicia y se garantice de principio a fin la labor de los peritos.

Responsabilizamos a Enrique Peña Nieto representante del Ejecutivo Federal, a Manuel Velasco Coello gobernador de Chiapas, a Raciel López Salazar representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJECH), al Mando Único de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los peritos, de cualquier integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, defensores de los derechos humanos que se solidarizan con esta causa.

Combativamente

¡Justicia por el compañero Humberto Morales Sántiz!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos del país!
¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo



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