Pronunciamiento político. Terrorismo de Estado y medidas contrainsurgentes, característica actual del gobierno de Manuel Velasco Coello

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 26 de mayo de 2017

PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO

A los medios de comunicación nacional e internacionales
A los organismos defensores de los derechos humanos oficiales e independientes
A las organizaciones hermanas y solidarias
A los sectores populares organizados
A la CNTE
Al pueblo en general

El terrorismo de Estado se confirma como política de gobierno que se aplica con mayor intensidad y recurrencia por los tres niveles de gobierno, que sigue cobrándose las vidas del pueblo organizado y las masas trabajadoras. Hecho que desde su planeación por parte de las instituciones contrainsurgentes llevan dicho propósito, como medida para mermar o aniquilar las fuerzas populares descontentas y críticas al régimen, negar al pueblo el uso de los derechos humanos y elementales.

Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, como crímenes de lesa humanidad, tienen el sello del Estado, y se siguen cometiendo a lo largo y ancho del país. En el caso de Chiapas, estos fenómenos están repitiéndose con mayor rapidez.
Al igual que Veracruz, Guerrero o Sinaloa, donde se han descubierto fosas o se han perpetrado crímenes de Estado recientemente, Chiapas está siendo desangrado por las fuerzas policiaco-militares, siendo ésta la forma por la cual la política del gobierno de Manuel Velasco Coello se está conduciendo. La represión generalizada, por tanto, es la característica actual del gobierno estatal para el pueblo de Chiapas.

Han quedado atrás el diálogo y la salida política a los problemas y necesidades del pueblo organizado, porque desde el gobierno federal y especialmente el estatal han definido atender las distintas problemáticas y necesidades mediante la política gubernamental fincada en el terrorismo de Estado. De nada han servido las firmas de minutas de acuerdo, promesas de solución, porque desde las secretarías y funcionarios tienen el mandato de desconocer todo lo que este en favor de los sectores populares; en tanto que para otros sectores organizados la política gubernamental es, ni siquiera firmar algún documento que de constancia de la realización de la reunión o los acuerdos tomados, se deja a la credibilidad naturalmente hipócrita de los funcionarios de gobierno, palabras huecas como supuesta solución a problemas y necesidades populares.

A diario hay protestas y denuncias sobre necesidades económicas y políticas del pueblo, de la misma manera estas protestas son respondidas con la intimidación, el hostigamiento, la detención y encarcelamiento, el desgaste político o la indiferencia gubernamental, que dan paso a la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, en cada una de ellas tiene de fondo la mano del gobierno.

Todos los sectores populares estamos siendo víctimas de la política de terror aplicada por el gobierno:

  1. Las protestas sindicales o gremiales son llevados al desgaste político para imponer sobre ellos las condiciones contrarias a los intereses como trabajadores mientras se simula la atención política, cuyo beneficio se dirige a privatizar los servicios públicos, ocultar la descomposición interna de las estructuras gubernamentales reflejados en los actos de corrupción y fortalecer los intereses empresariales.
  2. El hostigamiento e intimidación hacia integrantes de los sectores populares y gremiales para empujarlos a desistir de su lucha o militancia política. Intimidación realizada por agentes del Estado hechas por teléfono o con la presencia policiaca-militar. Realidad que descubre la verdadera esencia de las fuerzas armadas, un instrumento de intimidación y represión para la organización popular.
  3. A las organizaciones campesinas que durante años han logrado la recuperación de sus tierras mediante la organización popular independiente, hoy son víctimas de una ofensiva policiaca-militar para despojarlos nuevamente de ellas; fenómeno que va de la mano con una particularidad, el uso de grupos paramilitares que se presentan bajo el membrete de grupos de autodefensa. El despojo de tierras de trabajo y en posesión por parte del campesinado pobre es una constante donde la violencia institucional es usada para tal cometido.
  4. El crecimiento de grupos paramilitares creados y dirigidos por los cuerpos policiaco-militares, financiados por los caciques y empresarios locales, como táctica contrainsurgente para mantener la ofensiva contra las organizaciones populares independientes. Los paramilitares como grupo contrainsurgente, en esta época, no sólo actúan en sustitución del ejército, marina o policías, sino que ahora se presentan de manera coordinada en tiempo y espacio, para actuar sin cortapisas en maniobras represivas que han culminado en crímenes de lesa humanidad y violaciones constantes a los derechos humanos. Hoy se aplica la maniobra del uso de paramilitares bajo el membrete de autodefensas como grupos de avanzada en el ataque, para posteriormente ser reforzado con la presencia policiaca-militar, tomando territorios a modo de posiciones y mantener la embestida contra los objetivos, que en estos casos han sido organizaciones populares y pueblos inconformes con la política gubernamental.
  5. Creación de grupos de choque a partir de masas clientelares que son controlados por la dependencias relacionadas con el “desarrollo social”, como punta de lanza para generar conflictos entre comunidades que justifique la presencia policiaca o militar, y mecanismo gubernamental para golpear a las organizaciones independientes. Con la manipulación de autoridades ejidales, comunales o de colonias populares, mediante el condicionamiento de programas asistenciales, funcionarios y politicastros han conformado grupos de choque que son lanzados hacia las organizaciones independientes para contrarrestar las acciones políticas y denuncias, pretendiendo con ello evitar la organización popular.
  6. Desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra militantes de organizaciones independientes, corporativizadas y, más generalizados contra las masas trabajadoras no organizadas. A pesar del silencio que guardan los medios de comunicación controlados por el Estado, en Chiapas las desapariciones forzadas van en aumento, y las ejecuciones extrajudiciales llevan el mismo ritmo, de ellas las que han tenido mayor notoriedad en los diarios de la entidad han sido las ejecuciones extrajudiciales, donde representantes populares campesinos, magisteriales, multisectoriales, han sido ultimados por paramilitares y fuerzas armadas, presentados como “ajustes de cuentas”, “delincuencia común u organizada”, “narcotraficantes”, o “accidentes”, lo que revela la intensidad y magnitud que ha adquirido la política de terror.
  7. Las detenciones masivas y selectivas se han vuelto recurrentes y sistemáticas, dirigidas hacia todo el espectro político que signifique riesgo político para el gobierno de Manuel Velasco Coello. Práctica que se circunscribe en la misma política gubernamental de aplicar la represión y el terror para contener la protesta, mayor organización popular y cuestionamiento al régimen político. Constituye a su vez la amenaza directa a todos los esfuerzos populares para constreñirse en sus actividades políticas y encausar todo en los marcos legaloides, aduciendo la paz burguesa.

Tales son las características en que toma cuerpo la política de terror de Manuel Velasco Coello, bajo las siglas del PVEM. Confirma que ningún partido político electoral se esgrime de la política represiva. La alternativa no surge de ninguna figura o siglas que reivindican programas afines a los intereses empresariales.
Ante la severidad lacerante que resulta de la crisis económica, ya no bastan las formas corporativizantes para asegurar la faramalla electoral, como mecanismo de reproducción de la democracia burguesa, hoy se suma a ella la política de terrorismo de Estado para garantizar almas inertes que a fuerza de amenazas y coerción policiaca-militar puedan acudir a simular la credulidad en las elecciones. El enemigo principal de la paz burguesa es el abstencionismo político.

Terrorismo de Estado en combinación con tácticas contrainsurgentes son la forma de gobernar es estos momentos de los tres niveles de gobierno, y Manuel Velasco Coello se suma con su cuota de crímenes de lesa humanidad y represión hacia el pueblo organizado y espontáneo. Reflejo de la exigencia de la burguesía local y transnacional como necesidad de garantizar mayores riquezas.

El pueblo y sus organizaciones nos queda continuar desenmascarando esta política criminal, desarrollar la organización popular independiente y defendernos de la represión en todas sus modalidades. La acción conjunta de organizaciones de todo tipo en función de detener la represión y protegernos es una necesidad que debe contemplar nuestros análisis políticos.

Nos pronunciamos por el cese a la represión que está en marcha y exigimos solución a las demandas que hoy reclaman las organizaciones populares. Alto a los crímenes de lesa humanidad, así como el juicio y castigo de los responsables de los ya cometidos.

El FNLS se suma a la exigencia de todos los sectores y organizaciones movilizadas para resolver sus necesidades políticas y sociales más apremiantes. Nuestro saludo fraterno y solidaridad a las masas que se movilizan para hacer valer por la vía de los hechos sus derechos y necesidades.

¡Alto al terrorismo de Estado!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

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